‘Dos asesinatos en una semana’: Activistas hondureños se arriesgan a morir por defender los derechos

Una mañana de domingo de enero, Pablo Isabel Hernández salió a caminar hacia la iglesia de San Marcos de Caiquín, una zona remota de Honduras, pero nunca llegó. Uno de los hermanos de Hernández, que lo siguió después, encontró a Pablo, de 33 años, muerto en el camino. Le habían disparado en la espalda.

Al día siguiente, mientras Thalía Rodríguez, de 46 años, estaba acostada en la cama con su pareja a 800 km de distancia, en la capital, Tegucigalpa, unos hombres armados y enmascarados irrumpieron en su departamento y le dispararon en la cabeza.

Estas dos personas vivían lejos la una de la otra, y aparentemente no tenían nada en común, sin embargo, un aspecto de sus vidas las unía: ambas defendían los derechos humanos en su comunidad.

No fueron los únicos defensores de los derechos humanos que murieron ese mes. El 22 de enero, Melvin Geovany Mejía, defensor de los derechos de los indígenas, murió en su camino al hospital tras recibir un disparo en el municipio de Morazán, situado a unos 643 kilómetros al norte de la capital.

Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Honduras, considera que tres asesinatos en menos de un mes demuestran que el país se ha convertido en un entorno cada vez más hostil para los defensores de los derechos humanos.

“La situación está empeorando”, comenta. “Sin duda, Honduras es un país muy peligroso para la defensa de los derechos humanos”.

En 2021, la OACDH registró 302 ataques contra defensores de los derechos humanos (209 defensores y 93 periodistas). De ellos, 10 fueron asesinados. En 2018, Michel Forst, relator especial de la ONU, calificó a Honduras como uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica. Cuatro años después, el panorama sigue siendo desolador.

Albaladejo comenta: “Algo particular de Honduras es el uso del derecho penal contra aquellos que defienden los derechos humanos, además de la falta de independencia judicial.”

En octubre de 2021, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una serie de reformas del código penal que implican, por ejemplo, penas de prisión por las protestas. El 9 de enero, seis defensores de los derechos humanos pertenecientes a la comunidad de Guapinol, que se oponían a una mina de óxido de hierro a cielo abierto que amenazaba las fuentes de agua de la comunidad, como el río Guapinol, fueron declarados culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad y de daños agravados contra el contratista de la empresa Inversiones Los Pinares, lo que provocó la indignación generalizada de los grupos de derechos humanos.

Los conflictos entre empresas y comunidades por la tierra contribuyen a la grave situación, así como la falta de investigación y de castigos adecuados para los delitos, señalan los defensores del medio ambiente y de la tierra, que consideran que reina la impunidad.

Todo esto se ve agravado por las enormes desigualdades socioeconómicas, añade Albaladejo. En julio del año pasado, Roberto David Castillo -exjefe de la empresa de construcción de presas Desarrollos Energéticos- fue declarado culpable del asesinato de la líder ecologista indígena Berta Cáceres.

El mecanismo del gobierno para la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, creado en 2015, carece de criterios homogéneos y es ineficaz, indica Human Rights Watch.

De acuerdo con Albaladejo, los fiscales solo presentaron cargos de manera formal en un caso de las 236 denuncias que recibieron entre marzo de 2018 y octubre de 2021. Todavía no han resuelto los casos de 19 defensores asesinados entre 2020 y 2021, señala.

“Es difícil hablar de las dificultades que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Honduras”, comenta Berta Oliva, fundadora de Cofadeh, una organización dedicada a ayudar a los familiares de personas desaparecidas en el país, que trabajó con Pablo Hernández.

“Intento animarme con buenas energías y pensar que estoy trabajando por el bien común, que no existe una fuerza oscura que pueda detener la luz. Pero esto es un ideal”, explica Oliva. “Nuestra realidad es algo diferente. La realidad son los asesinatos de Pablo y Thalía en una semana”.

El hermano de Hernández, Alejandro, lo recuerda como una persona sociable y que siempre estaba sonriendo. Le encantaba enseñarles a sus hijos a cantar y soñaba con poder darles una educación para que pudieran ejercer una profesión, algo que él no tuvo la oportunidad de hacer. Deja una esposa y cuatro hijos.

Pertenecía al pueblo indígena lenca, estaba muy involucrado en la iglesia y era miembro de una red de defensores de los derechos humanos. Hernández aparecía con frecuencia en Radio Tenán, una estación comunitaria que regularmente informaba sobre la corrupción y cuestionaba la administración local de San Marcos de Caiquín.

La noticia de su muerte no fue una sorpresa para Alejandro. Hernández recibió amenazas de muerte en marzo de 2020. “Pablo me dijo que lo habían amenazado y que estaba bien preparado -por su trabajo en la iglesia- para cualquier cosa que pasara”, comenta.

“Él creía que tenía que seguir trabajando. Cuando hablaba en la radio, no tenía miedo. Era consciente de lo que podía pasar e incluso yo me había preparado para [su muerte]”.

El asesinato de Hernández está bajo investigación y exhumaron su cuerpo el 16 de febrero para su análisis forense por parte de la fiscalía general.

Las personas que defienden los derechos de la comunidad LGBTQ+ también se encuentran en una posición vulnerable en Honduras. Thalia Rodríguez era una defensora de los derechos de las personas transgénero y estaba muy implicada en la defensa de las personas con VIH. La policía detuvo a un miembro de MS-13, una de las pandillas más infames de Honduras, por su asesinato, sin embargo, fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas del grupo Frontline Defenders, señala: “Hemos registrado un aumento de la violencia contra los defensores trans en el país y muchos de ellos se están yendo porque no encuentran soluciones sostenibles.”

Cattrachas, una organización de defensa hondureña que registra la violencia contra las personas LGBTQ+ en Honduras, indica que desde 2009 han sido asesinadas 125 personas transgénero. En los últimos tres años, murieron seis defensores de los derechos de las personas transgénero, entre ellos Bessy Ferrera, quien recibió un disparo en julio de 2019 en las calles de Comayagüela, cerca de la capital. La OACDH, por su parte, registró a siete defensores de los derechos de las personas transgénero como víctimas de ataques en 2021.

Astrid Ramos, abogada de Cattrachas, y su colega Nahil Zerón recuerdan a Rodríguez como una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara.

“Cuando hablaba de los derechos de las personas trans, siempre pensaba en cómo las cosas podían ser mejor para las generaciones venideras”, comenta Ramos. “Era intrépida, fuerte, valiente. Le encantaba la vida, bailar, cantar, el karaoke. Le encantaba la playa y el mar. Le encantaba cocinar para sus amigos”.

Rihanna Ferrera, amiga cercana de Rodríguez y también activista trans, siente dolor y preocupación por la pérdida de otra colega. Ella visitó la casa de Rodríguez semanas antes de su muerte y los vecinos le dijeron que habían amenazado y atacado a Rodríguez.

Ferrera reconoce a Rodríguez como “una gran líder” del movimiento transgénero. Recuerda: “Thalía siempre me decía: ‘Soy como un ave fénix que renace de las cenizas’. Decía que teníamos que seguir alzando la voz para erradicar la discriminación y para lograr que se reconozcan [nuestros derechos humanos] y nuestro género”.

Ferrera, y otras activistas, tienen cierta esperanza de que la llegada de un nuevo gobierno, dirigido por una presidenta, pueda suponer un cambio muy necesario en Honduras. Xiomara Castro, del partido de centro-izquierda Libre, prometió luchar contra la corrupción, la delincuencia y la pobreza, así como mejorar las condiciones de las mujeres.

“El nuevo gobierno anunció públicamente que desea crear un entorno seguro y favorable para el trabajo de los defensores de los derechos humanos”, comenta Albaladejo. “Creo que esto es un primer paso importante”.