Las víctimas bolivianas de las dictaduras siguen esperando justicia: ‘Estamos olvidados’

En una choza improvisada junto al Ministerio de Justicia de La Paz, Bolivia, un grupo de activistas se agrupa para una reunión. Son los supervivientes de las dictaduras que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982; la mayoría ahora tiene entre 70 y 80 años.

En 2012, temiendo que el país estuviera avanzando sin rendir cuentas, construyeron la choza y se mudaron a ella: una protesta permanente para exigir justicia por los crímenes cometidos contra ellos.
Diez años después, todavía están ahí. Casi 50 de ellos han muerto desde que comenzó la protesta, y muchos de los que quedan son viejos y están enfermos. Sin embargo, sus demandas no parecen estar más cerca de ser atendidas.

La Operación Cóndor, la red de terror estatal que tenía como objetivo a los opositores a las dictaduras militares de Sudamérica, es más conocida por sus acciones en Argentina y Chile. Pero también estuvo presente en Bolivia, donde más de 200 personas fueron asesinadas y 150 fueron víctimas de desaparición forzada.

Después de sus dictaduras, Bolivia tuvo poca justicia transicional. Cuando Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) llegaron al poder en 2006, muchas víctimas creyeron que había llegado el momento, pero en última instancia, poco cambió: los archivos militares permanecieron cerrados y el gobierno solo ofreció indemnizaciones parciales a las aproximadamente 6 mil víctimas.

Y por ello, el 13 de marzo de 2012, los activistas comenzaron su protesta de “cama adentro”.

“Todos lo apoyamos, todos estuvimos de acuerdo”, dijo Victoria López, que actualmente lidera a los activistas. “Pero nunca pensamos que iba a durar tantos años, que iba a suponer mucho sufrimiento”.
Dentro de la choza hay una sala de reuniones, con una cocina en un costado y un cuarto en el otro. Está ubicada en una de las calles más transitadas de la ciudad, y el ruido es implacable. A una altitud de casi 4 mil metros, el frío es intenso durante la noche. En 10 años nunca ha estado vacía.

Una vez a la semana, los activistas se reúnen para planificar su próximo movimiento. Se trata de expolíticos y dirigentes sindicales, así como de profesores, mineros y campesinos. Los más jóvenes tienen más de 60 años, y los mayores se acercan a los 100.

En 2017, tras cinco años en la choza, los activistas lograron uno de sus objetivos: una comisión de la verdad. Se eligieron cinco investigadores, entre ellos Nila Heredia, expolítica del MAS y miembro de ASOFAMD, una asociación para familiares de desaparecidos.

Heredia comentó que la comisión carecía de tiempo y recursos, pero que sí tenía acceso a los archivos militares. La comisión entregó su informe al gobierno en marzo de 2021. No ha sido publicado en internet, pero Heredia señaló que recomendaba indemnizaciones para las víctimas y sus familias, aunque no necesariamente indemnizaciones económicas. El gobierno aún no ha tomado medidas sobre el informe.

Los activistas han adoptado una actitud escéptica respecto a la comisión. Consideran que el informe mantiene la impunidad y no ofrece ningún avance real respecto a casos emblemáticos, como el del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, uno de las muchas personas cuyos cuerpos nunca fueron encontrados.

Otro caso emblemático es el de Juan Carlos Flores Bedregal, que a los 27 años era el parlamentario más joven de la historia de Bolivia al momento de su desaparición en 1980. Su familia, tras agotar las posibilidades legales en Bolivia, llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Cada país ha creado sus propios mecanismos de transición, algunos con más éxito que otros”, explicó Karinna Fernández, la abogada que representa a la familia. “Pero desde nuestra evaluación, sin duda, el país que tiene la deuda más grande con sus víctimas es Bolivia”.

Mark Goodale, un antropólogo que entrevistó a los activistas, opina que este abandono proviene del cambio que experimentó la izquierda boliviana con la elección de Morales en 2006. Mientras que el MAS se centra principalmente en la política indígena, explica, los activistas representan una izquierda revolucionaria tradicional que se encuentra en desuso. “Ellos son reliquias de un pasado ideológico que ya no existe”.

Fernández ofrece una explicación alternativa. Como abogada, ha tratado con varios gobiernos bolivianos -no solo con el MAS- y no ha encontrado ninguna diferencia entre ellos. “¿Por qué todos tienen la misma respuesta de negación cuando se trata de desapariciones forzadas? En mi opinión, refleja la influencia de las fuerzas armadas”.

Para Heredia, sin embargo, solo se trata de una cuestión de prioridades. “Como no era urgente, o más urgente, como los asuntos económicos, sociales y de desarrollo, tardamos demasiado en abordarlo”.

No obstante, se percibe la urgencia en la choza, donde hay un cartel que indica el número de años, meses y días que ha durado la protesta, y una lista con el nombre de cada activista que ha muerto en ese tiempo.

“Somos lo que queda de aquellos que se levantaron contra los dictadores”, comentó López. “Ganamos la democracia para nuestro país. Y hoy estamos olvidados”.

No existe una campaña nacional para ellos, dijo Goodale, y tampoco es algo que salga en las noticias. La protesta ha durado tanto tiempo que se ha vuelto invisible. “Y en algún momento no quedarán supervivientes. Entonces se desvanecerá”.