Instan a Colombia a investigar la fallida redada militar que dejó cuatro civiles muertos
Un soldado colombiano en Putumayo en febrero. El ejército ha negado con vehemencia haber cometido algún acto ilícito, pero los grupos de derechos humanos cuestionan la versión oficial. Foto: Carlos Ortega/EPA

Las autoridades colombianas se enfrentan a crecientes peticiones para que investiguen una fallida redada del ejército en la que murieron al menos cuatro civiles -entre ellos un joven de 16 años, una mujer embarazada y un líder indígena-.

La redada se llevó a cabo a primera hora del 28 de marzo en un remoto pueblo de la provincia sureña de Putumayo, asolada por el conflicto. Su objetivo era atacar a los guerrilleros disidentes de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ahora están involucrados en el tráfico de cocaína.

La misión dejó 11 muertos, entre ellos los civiles, en circunstancias que siguen rodeadas de misterio. Testigos y periodistas locales han comentado que los cuerpos de las víctimas y la escena de los asesinatos parecen haber sido manipulados, lo cual aumenta las sospechas.

El ejército de Colombia -que ha sido acusado reiteradamente de matar a civiles- ha negado con vehemencia cualquier acto ilícito y calificó la redada como una operación legal para acabar con terroristas violentos.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos cuestionan la versión oficial.

“Tenemos pruebas sólidas que sugieren que al menos cuatro de las personas asesinadas eran civiles”, señaló Juan Pappier, investigador de la organización Human Rights Watch, que está trabajando en el caso.

“La explicación del Ministerio de Defensa contiene graves incoherencias y errores. Se necesita con urgencia una investigación exhaustiva, creíble e imparcial por parte de las autoridades judiciales civiles”.

Se sumó más dolor a una nación traumatizada cuando Eduardo Zapateiro, el general al mando del ejército colombiano, expresó el lunes que “no es la primera operación en la que caen mujeres embarazadas o combatientes menores de edad”.

La condena de los comentarios insensibles no se hizo esperar.

“La falta de humanidad de quienes nos gobiernan es una vergüenza colombiana”, tuiteó Katherine Miranda, concejala de Bogotá. “Todas las muertes son iguales, solo que algunas son más iguales que otras”.

Muchos colombianos recordaron unos comentarios similares realizados por el ministro de Defensa, Diego Molano, quien en marzo del año pasado calificó a los niños soldados asesinados en un ataque aéreo como “máquinas de guerra”. El martes, volvieron a surgir en las redes sociales las peticiones de dimisión, al tiempo que los legisladores solicitaron una moción de censura contra el ministro.

El ejército de Colombia tiene un oscuro historial de abusos contra los derechos humanos cometidos en su guerra contra las FARC, que se desmovilizaron de forma oficial en 2016. Esa guerra, que duró cinco décadas, dejó 260 mil muertos y desplazó a 7 millones de personas. Los paramilitares afines al Estado y otros grupos guerrilleros de izquierda contribuyeron al derramamiento de sangre.

En uno de los episodios más escalofriantes de la guerra -conocido como el escándalo de los “falsos positivos”-, el ejército secuestró y asesinó a al menos 6 mil 402 civiles antes de vestirlos con uniformes de los rebeldes y declararlos muertos en combate, con el objetivo de aumentar las estadísticas y justificar la ayuda militar estadounidense. Los soldados implicados fueron recompensados con ascensos y días libres.

Los críticos señalan que las tácticas del ejército colombiano contra los rebeldes disidentes en Putumayo demuestran que las atrocidades del ejército no son exclusivas del pasado.

“[El ejército cree que] cualquier acción -aunque viole los derechos humanos- es válida siempre y cuando se puedan obtener resultados de carácter operativo contra el terrorismo”, señaló Iván Cepeda, un senador de la oposición que ha investigado a los militares colombianos. “Y esa doctrina ha sido el origen de miles de violaciones contra los derechos humanos en Colombia, que, como se puede observar, se siguen perpetrando”.

Mientras el escándalo dominaba las noticias en Colombia en la tarde del martes, el presidente Iván Duque se encontraba en Nueva York, hablando ante el consejo de seguridad de las Naciones Unidas sobre los esfuerzos de construcción de la paz.

Su afirmación ante el consejo de que “Colombia es un país que acoge los principios sustanciales de la paz” suscitó incredulidad en su país.

“Podemos ver que Duque le miente a la comunidad internacional mientras en Colombia hay problemas muy graves en términos de paz y derechos humanos”, dijo Cepeda. “Va a la ONU a mentir con fanfarronería sobre su desempeño en materia de paz”.