La sentencia histórica surge tras el caso de tres jóvenes indígenas mexicanos detenidos y maltratados bajo la sospecha de ser migrantes guatemaltecos.
Miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) hablan con un migrante detenido durante una redada en Tapachula, México, en febrero. Foto: José Torres/Reuters
Los agentes de inmigración de México ya no pueden llevar a cabo operaciones de detención y registro en autobuses y carreteras después de que la Suprema Corte del país determinara que dichos controles de migración son racistas, discriminatorios y, por tanto, inconstitucionales.
La histórica sentencia, dictada en la Ciudad de México el miércoles, falló a favor de tres jóvenes indígenas mexicanos que fueron detenidos y maltratados por agentes de inmigración (INM) en 2015 durante una campaña de represión respaldada por Estados Unidos.
Los hermanos –de entre 15 y 24 años– viajaban en un autobús de trabajadores agrícolas de temporada en Querétaro, en el centro de México, cuando fueron detenidos por agentes que los eligieron por sus rasgos físicos, su vestimenta y su limitado español.
Los agentes los acusaron de ser inmigrantes indocumentados procedentes de la vecina Guatemala, aunque eran indígenas tzeltales del estado de Chiapas, situado en el sur de México, donde el 25% de la población habla una lengua indígena.
Poco después del calvario, The Guardian reveló cómo las hermanas, Amy y Esther, y su hermano fueron llevados a un centro de detención y retenidos de forma ilegal durante ocho días. Alberto, que en ese momento tenía 18 años, fue golpeado y recibió descargas eléctricas hasta que aceptó firmar un documento de deportación escrito en español en el que admitía que eran guatemaltecos, a pesar de que no sabía leer ni escribir.
Tras analizar el caso, la Suprema Corte determinó que las reformas migratorias de 2011 que permiten que los agentes detengan y registren a cualquier persona en cualquier lugar de México son inconstitucionales, debido a que los poderes discrecionales dependen de que los agentes identifiquen a los migrantes indocumentados con base en su raza, color de piel, apariencia física e idioma que hablan.
Por lo tanto, la ley es discriminatoria y viola la legislación sobre igualdad y el derecho a circular libremente por México.
“La decisión representa una oportunidad para poner fin a las prácticas discriminatorias y racistas cometidas por las autoridades de inmigración y de la guardia nacional, quienes utilizan perfiles raciales para detectar a los migrantes, lo que ha conducido a detenciones arbitrarias tanto de inmigrantes como de mexicanos”, señaló Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, que ayudó a presentar el caso.
La ruta terrestre a través de México es uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo. Además de la amenaza que suponen las redes criminales, decenas de miles de personas son detenidas cada año durante las operaciones de detención y registro, con informes generalizados de abusos como sobornos, secuestros y abusos sexuales en los que están implicados agentes de inmigración y fuerzas de seguridad.
Los retenes migratorios se han extendido por todo el país desde 2014, como parte de un plan bilateral entre México y Estados Unidos para impedir que los migrantes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Estas medidas han provocado una situación de miseria generalizada, no obstante, no han logrado detener a los solicitantes de asilo y a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
“Los retenes no detienen a los migrantes de todas formas, que llegan (a Estados Unidos) en números récord”, señaló Adam Isacson, experto en fronteras y seguridad de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Lo único que hacen es forzar a los migrantes a dirigirse a zonas más remotas donde el crimen organizado los acecha, al tiempo que les proporcionan a los agentes de migración corruptos un flujo de ingresos ilegales a cambio de hacer pasar a los migrantes”.
La sentencia del miércoles cuestiona el papel de las fuerzas armadas de México, especialmente de la guardia nacional –un organismo de seguridad pública militarizado creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador– que ha sido desplegada en todo el país para ayudar al INM. De acuerdo con la Corte, el INM solo puede realizar controles de identidad en puertos, aeropuertos o cruces de fronteras terrestres, y en otras situaciones limitadas.
La decisión se produce casi dos años después de que los jóvenes recibieran una inusual disculpa pública por parte del gobierno, cuando el jefe de inmigración admitió que fueron objeto de violaciones de los derechos humanos como consecuencia de la elaboración de perfiles raciales. Seis agentes fueron suspendidos durante dos a cuatro semanas por los abusos.
El incidente dejó a los jóvenes, que por poco evitaron ser expulsados de su país de origen después de que el novio de la hermana mayor alertara sobre la situación a los trabajadores de derechos humanos, traumatizados y con miedo a abandonar su comunidad en busca de trabajo.
“De verdad pensé que iba a morir, así que firmé muchas hojas de papel, pero no sé leer ni escribir, así que no sabía qué estaba firmando”, explicó Alberto a The Guardian a través de un traductor en 2016.
El gobierno aún no ha realizado comentarios sobre la sentencia.
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