Población afrodescendiente advierte racismo en criterios migratorios

Mientras realizaban un viaje al interior del país, un grupo de jornaleros originarios del estado de Chiapas hablantes de tzeltal fueron detenidos en septiembre de 2015 por personal del Instituto Nacional de Migración.

Al no poder hablar español de forma fluida, fueron confundidos con personas de Centroamérica y enviados a una estación migratoria en el estado de Querétaro. Los agentes de Migración incluso señalaron que sus documentos de identidad eran falsos y estuvieron a punto de ser deportados.

Sin embargo, un acompañante de las personas detenidas que presenció la detención logró dar aviso a sus familiares y atrajeron la atención de organizaciones de la sociedad civil y de la Clínica Jurídica del PUDH de la UNAM, la cual intervino para que fueran puestos en libertad a través de un amparo.

El caso de los indígenas tzeltales a punto de ser deportados no acabó con su libertad y el regreso a sus hogares. El Estado mexicano ofreció disculpas públicas en diciembre de 2019 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 22/2016 para que el INM resarciera el daño. Pero el caso no quedó ahí.

La Clínica Jurídica del PUDH de la UNAM ha llevado este caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Migración por considerar que hay un criterio racista y discriminatorio en la forma en que ocurren las revisiones del personal de migración hacia las personas que considera extranjeras, entre otras violaciones de derechos humanos.

“Lo que sostenemos ante la Corte es que no hay manera de que el INM realice revisiones migratorias sin violar derechos humanos”, explica Mario Mojtikusoma Peña Juárez, coordinador de la Clínica Jurídica del PUDH de la UNAM.

Esto ocurre porque, por un lado, el INM sólo tiene facultades para revisar a personas extranjeras dentro del territorio nacional (…), pero no tiene facultades para revisar a mexicanos.

Este criterio las coloca ante dos probabilidades, agrega el abogado: puede revisar a todas las personas, lo cual excede sus funciones -y además ninguna persona mexicana está obligada a cargar identificaciones en su propio país-. O podría revisar a quienes, según ellos, parecen extranjeros.

Esto último resulta discriminatorio porque la Constitución prohíbe que las autoridades tomen decisiones a partir de la apariencia de las personas y, además, reconoce que México es un país pluriétnico. “No hay como un fenotipo del mexicano y a simple vista no se puede distinguir quién mexicano y quién es extranjero”, señala el abogado.

La población afromexicana alerta sobre criterios racistas en proyecto de la Corte

Ana Hurtado, coordinadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, advierte que en el proyecto que fue retirado de los asuntos de la Primera Sala la semana pasada, había ciertas alertas.

Por ejemplo, “se propone que todos los mexicanos seamos sometidos a estos filtros de revisión”, señala. “Eso, teóricamente, parece ceñirse a un principio de igualdad. Sin embargo, cuando lo analizamos en un nivel tangible, sabemos que esto sería institucionalizar la tortura porque si hoy en día las poblaciones más afectadas han sido las racializadas, ¿qué podemos esperar cuando sea aplicable para todos?”

Hurtado, quien también realiza investigación, advierte que es importante desentrañar cómo funciona el racismo estructural, cuál es la matriz y la operatividad como un sistema político de contención y de regulación biopolítica.

La Red Nacional de Juventudes Afromexicanas ha documentado casos de detenciones arbitrarias por parte de personal de Migración en contra de personas afrodescendientes que realizaban un viaje por primera vez a la Ciudad de México o algún otro punto del país.

Ana advierte que, de aprobarse el proyecto que estuvo a punto de votarse la semana pasada, se va a brindar “el permiso institucional para incurrir en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y de acoso y de hostigamiento contra las personas racializadas”.

Agregó que las decisiones de la Corte carecen de la transparencia y difusión necesarias. “No hay una reciprocidad con la sociedad civil que se ha encargado de darle seguimiento a estas demandas. Se dan estas discusiones casi a puerta cerrada, casi de grupos especializados y que si son aprobados, las personas que más van a resultar afectadas son todas aquellas que se excluyen de estas discusiones”.

La Corte en jaque al analizar aspectos de la Ley de Migración

Un punto a destacar del amparo promovido por la Clínica Jurídica del PUDH de la UNAM es que parece haber puesto en jaque a la Corte.

El caso ya había sido discutido en dos proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ante la Primera Sala, pero no logró consenso.

Entre los argumentos, el ministro González Carrancá destacaba que para dar cumplimiento al mandato del artículo 97 de la Ley de Migración, ésta limita a las autoridades a que utilicen criterios arbitrarios para distinguir entre mexicanos y extranjeros.

“Los únicos criterios disponibles para distinguir mexicanos de extranjeros son la manera en cómo se ven, cómo hablan y en cómo se comportan las personas. De este modo, las autoridades ponen en la mira y practican revisiones migratorias a las personas que tienen una apariencia física que en su imaginario no corresponde a la de los mexicanos”, refiere uno de los dos proyectos.

Así, el caso fue turnado a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, recientemente nombrada ministra a propuesta del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y ratificada por el Senado.

En una parte del proyecto, la ministra propone que: “las autoridades migratorias deberán solicitar documentación a todas las personas sujetas al procedimiento de revisión migratoria, pues no sería admisible realizar distinciones a partir de aspectos subjetivos”.

Pero este y otros puntos del proyecto despertaron la alerta entre las personas históricamente racializadas en México, como las afrodescendientes.

Sergio Treviño, también coordinador de la Clínica Jurídica, explica que en una audiencia privada, trataron de hacerle ver a la Ministra que el proyecto tenía aspectos que podían ser perjudiciales a nivel técnico y de salvaguarda de la Constitución.

“Tampoco tenemos claridad de cuál sería la nueva propuesta de la Ministra Farjat y nos toca esperar a ver qué propone y ver en qué consensos está o no la primera sala”.

Ahora se prevé que un nuevo proyecto sea discutido el próximo 12 de enero.