Peter Navarro, asesor de Trump, recibe la orden de declarar ante un gran jurado sobre el 6 de enero

Peter Navarro, uno de los principales asesores de Donald Trump en la Casa Blanca, reveló en una presentación judicial el lunes que le habían ordenado testificar ante un gran jurado federal y presentar a los fiscales cualquier registro relacionado con lo que ocurrió el 6 de enero, incluidas las comunicaciones con el expresidente.

La citación de Navarro ante el gran jurado, que según indicó fue entregada por dos agentes del FBI la semana pasada, lo obliga a presentar documentos al fiscal estadounidense del Distrito de Columbia y podría indicar la ampliación de la acción del departamento de justicia para atrapar a altos funcionarios del gobierno de Trump.

La revelación sobre la citación por parte de Navarro se produjo en una presentación de 88 páginas que pretende que un tribunal federal declare ilegal el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque contra el Capitolio, en un último intento de detener una posible acusación de desacato al Congreso por incumplir la citación del panel.

La citación del gran jurado parecía formar parte de un caso que pretendía acusar a Navarro de desacato en lugar de formar parte de la investigación penal del departamento de justicia sobre el ataque contra el Capitolio, aunque la naturaleza exacta de la citación del departamento de justicia no resultó evidente de forma inmediata.

Sin embargo, no se espera que la nueva presentación, revisada por The Guardian, que Navarro presentará ante el tribunal de distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, logre algo más que retrasar la acusación de desacato por parte del departamento de justicia.

La presentación busca que el tribunal declare que el comité selecto no está debidamente constituido y, por lo tanto, es ilegal, debido a que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se negó el año pasado a designar a algunos miembros republicanos propuestos por el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy.

Puesto que el panel supuestamente carece de una minoría republicana –a pesar de la presencia de los republicanos Liz Cheney y Adam Kinzinger–, sus citaciones son inaplicables, argumenta la demanda, y por lo tanto su incumplimiento de la citación es irrelevante y debería significar que el departamento de justicia no puede proceder con una remisión por desacato al Congreso.

La demanda también pide al tribunal que conceda un interdicto que impida que el fiscal estadounidense del Distrito de Columbia, Matthew Graves, ejerza una citación del gran jurado del 28 de mayo de 2022 que lo obliga a presentar los documentos solicitados en la citación del comité selecto.

“Dado que la citación del Comité constituye una acción ultra vires, ilegal e inaplicable, la citación del Gran Jurado del Fiscal de los Estados Unidos es asimismo ultra vires, ilegal e inaplicable y se debe prohibir al Fiscal de los Estados Unidos realizar cualquier acción para hacer cumplir esta citación”, escribió Navarro.

El argumento de que el comité selecto no está debidamente constituido ha sido una acusación común formulada por algunos de los aliados de Trump contra la investigación del Congreso sobre lo ocurrido el 6 de enero, ya que intentan encontrar cualquier forma de evitar tener que cooperar con la extensa investigación.

No obstante, aunque Navarro repita la afirmación de la que hicieron eco destacados congresistas republicanos que impugnaron sus citaciones ante el panel, es posible que su demanda se convierta en algo muy complicado, ya que varios tribunales federales han rechazado ese argumento en repetidas ocasiones.

El juez Timothy Kelly, designado por Trump para el tribunal de distrito de DC, recientemente declaró que el panel no era ilegítimo cuando el Comité Nacional Republicano presentó una impugnación para bloquear una citación que exigía la entrega de registros de su proveedor de correo electrónico, Salesforce.

El argumento adicional de Navarro de que Biden no podía prescindir del privilegio ejecutivo hecho valer por Trump, que le impedía testificar ante el panel, también se espera que se enfrente a dificultades, ya que la Corte Suprema rechazó esa interpretación de la protección presidencial.

En el dictamen que rechazó concederle a Trump un interdicto para impedir que los Archivos Nacionales entregaran documentos de la Casa Blanca como parte de la investigación, la Corte Suprema determinó que, aunque Trump tenía cierta capacidad para hacer valer el privilegio ejecutivo, no superaba la exención de Biden.

Los argumentos presentados por Navarro son cuestionables desde un punto de vista legal, dijeron dos exabogados estadounidenses a The Guardian, describiendo a grandes rasgos la demanda de Navarro para obtener una suspensión provisional del acto reclamado como una demanda frívola diseñada para ganar tiempo.

Un vocero del comité selecto rechazó realizar comentarios.

Navarro fue remitido al departamento de justicia por desacato al Congreso por parte del pleno de la Cámara de Representantes en abril después de haber ignorado por completo la citación que se le hizo llegar en febrero en la que se le exigía la presentación de documentos y su comparecencia para una declaración.

El principal asesor comercial de Trump en la Casa Blanca estuvo muy involucrado en los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 desde el principio, informó previamente The Guardian, delegando a sus asistentes para que ayudaran a producir informes sobre afirmaciones ampliamente desacreditadas de fraude electoral.

Navarro también estuvo en contacto con el equipo jurídico de Trump, dirigido por Rudy Giuliani, y con agentes que trabajaron desde un “cuarto de guerra” para Trump en el hotel Willard en Washington con el objetivo de impedir que la certificación de la elección de Biden se llevara a cabo el 6 de enero, un plan que bautizó como “Green Bay Sweep”.