La muerte de dos sacerdotes jesuitas revela la creciente amenaza en México
Mujeres sostienen un retrato del sacerdote jesuita Javier Campos Morales mientras su cortejo fúnebre y el de su compañero sacerdote Joaquín César Mora Salazar llegan a Cerocahui, estado de Chihuahua, México, el 26 de junio. Foto: Christian Chavez/AP

Dos sacerdotes jesuitas escucharon disparos procedentes de su iglesia en las montañas del estado mexicano de Chihuahua.

Cuando llegaron al lugar, encontraron a un guía turístico local desangrándose en el altar. De pie junto a él estaba el jefe local del grupo de crimen organizado más poderoso del país, el cártel de Sinaloa.

Uno de los sacerdotes comenzó a administrarle los últimos derechos al herido, no obstante, el hombre armado le disparó antes de girarse y abrir fuego contra el segundo clérigo.

Para ese momento, había llegado un tercer sacerdote. El jefe del narco, conocido como “El Chueco”, le confesó sus pecados y después se llevó los cuerpos en una camioneta.

La noticia de los asesinatos generó indignación en todo México y en el mundo. El papa Francisco se pronunció denunciando el alto número de homicidios que se producen en el país. Las diócesis católicas de México exigieron al gobierno que reconsiderara su estrategia de seguridad a la vista de los asesinatos.

El gobierno mexicano prometió que se haría justicia rápidamente, sin embargo, tres semanas después de los asesinatos, “El Chueco” sigue en libertad.

Los descarados asesinatos de los sacerdotes jesuitas evidencian la creciente violencia que existe en las zonas rurales de México y los riesgos a los que se enfrentan cada día los sacerdotes católicos del país mientras atienden a sus comunidades.

Los homicidios han aumentado en las regiones rurales de todo el país a medida que los grupos criminales libran guerras para tomar el control de mayores extensiones de territorio. Y los sacerdotes se encuentran atrapados en el fuego cruzado.

Cuentan con pocas garantías de seguridad en estas regiones y con frecuencia caminan por una fina línea entre pronunciarse en defensa de su parroquia y evitar la ira mortal de los poderosos grupos criminales que operan desafiando abiertamente a las autoridades.

“El Chueco”, José Noriel Portillo Gil, también ha disfrutado durante mucho tiempo de dicha impunidad.
En 2018, Portillo mató con arma de fuego a un turista estadounidense, lo cual motivó a las autoridades estatales a prometer que no escatimarían nada para capturarlo. En su lugar, el narcotraficante siguió dirigiendo su cártel, aterrorizando a los residentes y comunicándose abiertamente con los alcaldes y jefes de policía locales, según indicó una fuente que lo conoce.

Este nivel de impunidad no supone una novedad para los sacerdotes que trabajan en las regiones rurales de México.

El 80% de los asesinatos, desapariciones y extorsiones de sacerdotes permanecen sin resolver, según un informe elaborado en diciembre por el Centro Católico Multimedial.

El informe reveló que las extorsiones y los ataques perpetrados contra las iglesias han aumentado en los tres años que han transcurrido desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder.

El mandatario, conocido popularmente como AMLO, llegó a la presidencia prometiendo “abrazos y no balazos”, que prometió haría disminuir los crecientes índices de asesinatos registrados en el país. En lugar de ello, indican los expertos, el enfoque no ha hecho más que animar a los grupos criminales a volverse más violentos y a ampliar su control territorial en todo el país.

El año pasado, tres sacerdotes fueron asesinados en México. Uno de ellos fue secuestrado, asesinado con arma de fuego y abandonado junto a una carretera en el estado de Guanajuato. Otro fue asesinado en el estado de Durango después de quedar atrapado en el fuego cruzado de un tiroteo cuando se dirigía a su iglesia. Un tercer sacerdote fue golpeado hasta la muerte dentro de su iglesia en el estado de Morelos en septiembre.

Cuando destacados cleros exigieron un cambio en la estrategia de seguridad a raíz de los últimos asesinatos ocurridos en Chihuahua, López Obrador se mostró recatado al respecto.

“¿Qué quieren los sacerdotes?”, preguntó en su conferencia de prensa matutina, como respuesta a las demandas. “¿Que resolvamos los problemas con violencia?”

El padre Luis Gerardo Moro, líder de los jesuitas en México, señaló que su comunidad no creía en la violencia. “Estamos exigiendo un mínimo de respeto por la humanidad”, expresó, en respuesta a las declaraciones del presidente.

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Un miembro del ejército mexicano hace guardia afuera de la iglesia donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas. Foto: Reuters

Mientras tanto, los homicidios han aumentado en todas las zonas rurales de México. Y los cárteles se han vuelto cada vez más audaces. Hace tres semanas, en el estado de Chiapas, los videos grabados con celulares mostraban a decenas de hombres fuertemente armados tomando las calles de San Cristóbal de Las Casas en una descarada demostración de fuerza en la ciudad.

En el estado de Guerrero, siete miembros de una familia fueron acribillados en su propia casa a principios de esta semana. Y hace poco más de dos semanas, varios hombres armados cerraron calles y quemaron autobuses en Matamoros, Tamaulipas, tras la captura de su líder.

Los sacerdotes católicos suelen encontrarse en el frente de estas guerras territoriales entre las facciones criminales.

Para el padre Carlos Aurelio Ramírez Moreno, en el estado de Michoacán, esto significa evitar los retenes controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo de delincuencia organizada más temido de México, el cual está intentando tomar el control de la ciudad donde trabaja Ramírez.

El pueblo se ha levantado en armas para defenderse del cártel, y Ramírez los ha alentado, algo que lo ha puesto en la mira de los sicarios del cártel de Jalisco. El padre señaló que su parroquia no tenía otra opción más que defenderse, porque el gobierno no acudirá en su ayuda.

“Si dejan sus armas, serán vulnerables”, señaló Ramírez. “Saben que no pueden depender del gobierno”.
Los espías de los cárteles lo vigilan, y hace menos de un mes, un hombre armado disparó contra su vehículo mientras salía de la ciudad. Salió ileso y no se dejó intimidar, explicó.

Denunció el ataque ante el MecanismoFederal de Protección de Derechos Humanos de Trabajadores y Periodistas, que está encargado de protegerlo, sin embargo, espera recibir poca ayuda del gobierno de López Obrador.

“Este líder es un (Poncio) Pilato que se lava sus manos”, señaló Ramírez. “No tiene el carácter para ejecutar el estado de derecho”.

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