El estatus de Puerto Rico se encuentra en el centro del debate político

Luz Rivera Sotomayor pasaba gran parte de sus días en la iglesia rezando por la salud de su familia antes de que le diagnosticaran distonía en 2020. Dos años después de su diagnóstico de este trastorno del sistema muscular, Rivera quedó postrada en una cama a los 59 años y sobrevive en Puerto Rico con lo poco que recibe de un programa temporal destinado a familias de bajos ingresos.

Como vive en el territorio estadounidense, Rivera es una de los miles de puertorriqueños que no cumplen los requisitos para recibir las prestaciones federales de seguridad complementaria concebidas para ayudar a las personas con discapacidad en los estados de Estados Unidos. En abril, la Corte Suprema reafirmó en el caso Estados Unidos vs. Vaello-Madero que el Congreso tiene autorización constitucional para dispensar un trato diferente a los residentes territoriales en la concesión de prestaciones federales.

“Mi hermana ha sido bendecida porque siempre viene alguien de la comunidad con lo que necesita”, comentó Jaqueline Rivera Sotomayor, quien habitualmente cuida a Rivera Sotomayor, quien perdió su capacidad para hablar. “Pero no puedo imaginar lo que otras personas atraviesan solo para salir adelante”.

Las consecuencias del estatus de Puerto Rico han protagonizado los debates políticos en la isla en las últimas semanas, con un choque de opiniones sobre si el territorio se debería convertir en un estado de Estados Unidos, independizarse, o caer bajo un acuerdo de libre asociación.

El viernes, los legisladores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que propone un plebiscito vinculante –o votación electoral directa– para determinar el estatus de la isla. El proyecto fue anunciado en mayo por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer; la comisionada residente de Puerto Rico, Jenniffer González-Colon; y la representante Nydia Velázquez.

La Ley de Estatus de Puerto Rico no incluiría como una opción el actual estatus de estado libre asociado de la isla, un sistema que ha perdido apoyo desde que el gobierno federal instauró una junta fiscal no electa en 2016, la cual tiene autoridad para tomar posesión de los poderes políticos locales, después de que la isla entrara en quiebra.

“A raíz de la quiebra de Puerto Rico, parece existir un consenso de gran alcance de que la condición colonial de la isla debe llegar a su fin”, señaló Rafael Cox Alomar, profesor de derecho en la Universidad del Distrito de Columbia, quien ha realizado investigaciones y análisis enfocados en el estatus y la historia de Puerto Rico. “La idea de que Puerto Rico dejó de ser una colonia en 1952 tras la aprobación de su propia constitución ya no es admisible”.

No obstante, la forma exacta en que Puerto Rico debe sentar sus bases para la descolonización constituye la raíz del debate en la isla. El proyecto de ley, que tiene muy pocas probabilidades de avanzar en el Senado, propone que el plebiscito se lleve a cabo en noviembre de 2023. El actual gobierno de Puerto Rico, encabezado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, cree que el hecho de convertirse en el estado número 51 erradicaría el estatus colonial de la isla.

Algunos partidarios de la condición de estado creen que el proyecto de ley es redundante, debido a que la isla realizó un referéndum en noviembre de 2020 y terminó con un 53% de los votos a favor de la condición de estado. Sin embargo, solo participó aproximadamente la mitad de los electores registrados, y el referéndum no fue aprobado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante el gobierno de Trump incluso antes de que se llevara a cabo la votación.

El partido opositor al actual gobierno de la isla, que tradicionalmente ha apoyado el esquema de estado libre asociado de Puerto Rico, está perdiendo con rapidez el apoyo dentro de la isla y entre sus propios miembros. Se prevé que el Partido Popular Democrático, con décadas de antigüedad, mantenga una reunión a finales de este año para determinar si respalda el estatus territorial de la isla o la opción de la libre asociación, algo que pone en duda el futuro del partido.

“Si se va a abordar el colonialismo, todas las partes tienen que estar de acuerdo en que el statu quo no es la solución”, señaló el representante Raúl Grijalva, de Arizona, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que supervisa los asuntos en los territorios estadounidenses. Después de presentar el proyecto de ley el viernes, Grijalva espera que el comité lo someta a votación tan pronto como el miércoles.

En junio, Grijalva y otros legisladores federales llevaron a cabo un foro público en Puerto Rico y escucharon decenas de testimonios realizados por miembros de partidos políticos, defensores de la comunidad y grupos de interés para ayudar a los legisladores a revisar la medida propuesta.

Los grupos puertorriqueños que se dedican a movilizar a las comunidades respecto a la necesidad de una legislación que solucione los problemas de estatus estuvieron presentes en estos debates. El grupo Boricuas Unidos en la Diáspora sugirió que se definieran con mayor precisión las consecuencias económicas y culturales del estatus de estado, mientras que otros abogaron por la creación de una asamblea de ciudadanos para determinar el futuro de la isla en lugar del proyecto de ley.

“El pueblo de Puerto Rico debe ser el protagonista de su proceso, no puede ser preescrito por alguien más”, señaló Javier Smith, coordinador de proyectos especiales de Vamos Puerto Rico, un grupo de organización comunitaria. “Si vamos a mantener las mismas estructuras políticas y económicas subordinadas, no estaremos cambiando nada realmente”.

El foro se celebró antes de que el comité especial de descolonización de la ONU aprobara un proyecto de resolución que reconocía por cuadragésima vez el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación y la independencia. Decenas de partidarios de la independencia de Puerto Rico protestaron cerca de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York ese mismo día.

Rivera Sotomayor, quien cuida a su hermana en Adjuntas, comentó que ella aplaude cualquier proceso que consolide el estatus de Puerto Rico en relación con los Estados Unidos, de una manera u otra. Por ahora, depende de las prestaciones de la seguridad social de su madre para ayudar a cubrir los costos de los medicamentos de su hermana.

“Esto es horrible”, dijo Rivera Sotomayor. “Cuando tienes a un ser querido, postrado en la cama de esta manera y que necesita medicamentos y pañales, la situación se vuelve frustrante”.