La narcomilicia colombiana busca conversaciones para la paz

Uno de los grupos armados más temidos de Colombia anunció un alto al fuego “unilateral” con la esperanza de entablar conversaciones de paz con el gobierno del nuevo mandatario izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.

El Clan del Golfo, una conocida narcomilicia, ha desatado una campaña de terror tras la extradición en mayo a Estados Unidos de su líder, Dairo Antonio Úsuga, u “Otoniel”, asesinando a decenas de agentes de policía y manteniendo como rehenes a extensas zonas del país.

El grupo derechista señaló que el alto al fuego, anunciado por el grupo el domingo, era una “expresión de buena voluntad ante el nuevo gobierno y su gran disposición a buscar caminos de paz”.

Este ofrecimiento surge en un momento en que Petro dijo que su gobierno estaba “a punto de reiniciar” las negociaciones con los rebeldes del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), por primera vez desde que el gobierno colombiano rompió las conversaciones de paz después de que los rebeldes perpetraran un atentado con un auto bomba en una academia policial en Bogotá en 2019. Los dos grupos armados se encuentran entre los más grandes y poderosos de Colombia, ambos son buscados internacionalmente por tráfico de drogas.

Petro, un exinsurgente de la ahora desaparecida guerrilla M-19, fue elegido como presidente gracias a una amplia serie de promesas que abarcan desde la lucha contra la desigualdad hasta la consolidación de la paz con los grupos armados que no han hecho más que intensificar su violencia en los últimos años.

“Debemos poner fin de una vez por todas a seis décadas de violencia y de conflictos armados… la guerra perpetua de Colombia“, expresó el presidente en su discurso al tomar posesión de su cargo el domingo.

Todo pacto de paz con las milicias consolidaría el legado de Petro como líder histórico.

Las negociaciones con este tipo de grupos no son inusuales en un lugar como Colombia, país que ha luchado con episodios de conflictos armados durante gran parte de su historia. El gobierno llegó a acuerdos con los grupos paramilitares a mediados de la década de 2000 así como con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

“Es una oportunidad”, comentó Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis. “El Clan del Golfo ya ha demostrado su capacidad para paralizar 11 departamentos de Colombia. Y el ELN cree que esta es una oportunidad para poder negociar con un gobierno más favorable para la izquierda”.

Sin embargo, muchos colombianos temen que las conversaciones no hagan más que agravar el actual conflicto que vive el país sudamericano.

La violencia en Los Montes de María, hogar de la defensora de los derechos humanos Yirley Velazco que se encuentra en el norte del país, una zona clave para la minería ilegal de oro y el tráfico de drogas, ha aumentado en los últimos años, después del pacto de paz del país con las FARC en 2016. Los fracasos de los gobiernos anteriores para llenar los vacíos de poder que dejaron los rebeldes han desencadenado violentas tomas de poder por parte de otros grupos, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.

Velazco huyó de su hogar y ahora viaja con un guardaespaldas armado del gobierno tras haber recibido cientos de amenazas de muerte procedentes del Clan del Golfo.

“Esta ola de violencia ha crecido de forma masiva”, comentó Velazco. “Uno nunca sabe qué le puede pasar”.

La líder expresó que esperaba que el gobierno de Petro pusiera fin a la violencia, pero que también le preocupaba que cualquier nuevo acuerdo solo pudiera crear una nueva y más sangrienta lucha por el control.

“Me asusta, porque si (ellos están luchando por el poder), son todavía más peligrosos”, explicó Velazco.
Y aunque Guzmán comentó que las conversaciones de paz representarían un paso hacia la dirección correcta, Petro tendrá dificultades para llegar a un acuerdo con los grupos debido a la polarización política que existe en Colombia y a los fracasos del gobierno anterior de Iván Duque respecto a la implementación del pacto de paz de 2016.

Petro tendrá que demostrar que no está “simplemente entregándole las llaves del castillo” a los grupos buscados por cometer abusos contra los derechos humanos y el tráfico de drogas, señaló.

Mientras tanto, los combatientes que están considerando dejar las armas querrán que el gobierno les proporcione garantías económicas y de seguridad, algo que Petro quizás no tenga la capacidad de ofrecer.

“No va a ser fácil”, comentó.