Los investigadores se muestran escépticos respecto a que Trump haya cooperado plenamente en los esfuerzos de recuperación de documentos, indican los informes, lo cual obligará a tomar una difícil decisión sobre los próximos pasos.
Un inventario de bienes detallado de los documentos y otros artículos incautados en la finca Mar-a-Lago de Donald Trump. Foto: Jim Bourg/Reuters
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a los abogados de Donald Trump que cree que el expresidente no ha devuelto todos los documentos que se llevó de la Casa Blanca, informó el periódico New York Times.
El periódico indicó que Jay Bratt, jefe de operaciones de contrainteligencia del Departamento de Justicia, se comunicó con los abogados de Trump “en las últimas semanas”.
La noticia, según el Times, constituye “el indicio más concreto hasta el momento de que los investigadores siguen mostrándose escépticos de que el señor Trump haya cooperado plenamente en sus esfuerzos de recuperación de los documentos… que supuestamente debían haber (sido) entregados a los Archivos Nacionales al final de su presidencia”.
Laurence Tribe, profesor de derecho de Harvard, comentó que la noticia “parece un paso importante hacia la acusación de Trump por parte del Departamento de Justicia por obstrucción a la justicia”.
Sin embargo, el Times señaló que la renuencia de Trump a cooperar “pone al departamento en la tensa posición de tener que decidir entre varias opciones difíciles”, en una fecha tan cercana a las elecciones de medio mandato de noviembre.
Las opciones del Departamento de Justicia, según indicó el periódico, incluyen “renunciar a intentar obtener los documentos, enviar una citación para obtenerlos, obtener otra orden de registro o presionar para que el señor Trump declare bajo juramento que ha entregado todo el material que estaba en su posesión”.
Tristan Snell, un exfiscal que se enfrentó a Trump en Nueva York, comentó: “La regla autoimpuesta respecto a las acciones del Departamento de Justicia en los 60 días previos a las elecciones simplemente no es apropiada para el caso de los documentos de Trump”.
“Este no es un caso de violaciones del financiamiento de una campaña. Nuestra seguridad nacional está en juego, nuestros secretos de estado más sensibles. Obtengan las órdenes judiciales y obtengan los documentos”.
El tema de los documentos saltó a la agenda informativa a principios de agosto, cuando el FBI registró Mar-a-Lago, el complejo turístico de Trump ubicado en Florida.
Se reveló que más de 300 documentos encontrados en ese lugar eran clasificados, algunos de ellos, al parecer, relativos a la política de armas nucleares y a la inteligencia. También se ha informado que se encontraron docenas de carpetas vacías.
Trump ha afirmado haber recibido malos tratos y no haber hecho nada malo, en parte porque –según afirmó a Sean Hannity, de la cadena Fox News– fue capaz de desclasificar documentos cuando fue presidente incluso con solo pensar que quería hacerlo.
Dichas afirmaciones han sido ampliamente refutadas y muchos observadores piensan que Trump se enfrenta a una acusación. No obstante, el expresidente ha logrado demorar la investigación.
Los abogados de Trump y del Departamento de Justicia han impugnado la cuestión, y Trump logró que se nombrara a un oficial de la corte, un experto especial, para que revisara los documentos en busca de aquellos que estuvieran protegidos por el privilegio ejecutivo.
El Times indicó que se desconocía si el Departamento de Justicia tenía pruebas de que Trump seguía reteniendo material gubernamental incluso después del registro de Mar-a-Lago.
El Departamento de Justicia no realizó ningún comentario.
Taylor Budowich, un vocero de Trump, comentó: “El Departamento de Justicia convertido en arma y el politizado FBI están gastando millones y millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para perpetuar una caza de brujas tras otra”.
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