Defensores del medio ambiente hondureños son asesinados a plena luz del día

Dos defensores del medio ambiente fueron asesinados con arma de fuego a plena luz del día en Honduras, provocando nuevos llamados a favor de una investigación independiente sobre la persecución y la violencia ejercida contra una comunidad rural que lucha para detener una mina autorizada ilegalmente.

Aly Domínguez, de 38 años, y Jairo Bonilla, de 28, de Guapinol, en el norte de Honduras, fueron asesinados en la tarde del sábado cuando regresaban a casa en una motocicleta tras terminar su trabajo de recaudación de pagos para una empresa de cable. Fueron interceptados por asaltantes armados y murieron en el lugar, según informaron sus familiares.

Domínguez y Bonilla fueron cofundadores de la resistencia popular de Guapinol contra una mina de mineral de hierro perteneciente a una de las parejas más poderosas del país. Domínguez fue uno de los 32 líderes comunitarios acusados falsamente de delitos por la empresa minera y las autoridades locales.

La policía y la fiscalía locales atribuyeron inmediatamente las muertes a un asalto frustrado, aunque los asaltantes huyeron sin llevarse la motocicleta, los celulares ni el dinero de las víctimas.

Agencias de la ONU, grupos de derechos humanos y la embajada de Estados Unidos condenaron los asesinatos. Familiares y abogados cuestionan la versión oficial de los hechos, señalando las continuas amenazas y el acoso al que se enfrenta la comunidad.

“Rechazamos la hipótesis oficial. Estos dos jóvenes eran fundadores de la lucha para proteger nuestros recursos naturales de una mina ilegal que está destruyendo los ríos del parque nacional. Durante cinco años nos han amenazado, criminalizado y encarcelado falsamente, lo único que quedaba era el asesinato”, señaló Rey Domínguez, de 58 años, líder comunitario y hermano de Aly.

“Es vital que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial que debe tomar en consideración la posibilidad de que Aly y Jairo fueran objeto de represalias por su labor de defensa de los derechos humanos”, indicó Michael Phoenix, jefe de investigación del relator especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos.

El caso Guapinol tiene su origen en una enorme mina abierta ubicada en la cercana localidad de Tocoa, que fue autorizada dentro de un parque nacional protegido en un proceso lleno de irregularidades legales, según indican expertos internacionales. Miembros de la comunidad, entre ellos Domínguez y Bonilla, instalaron un campamento de protesta pacífica después de que la mina contaminara los ríos de los que dependen miles de personas.

Las fuerzas de seguridad desalojaron de forma violenta el campamento y se emitieron decenas de órdenes de detención contra los manifestantes. Rey y Aly Domínguez pasaron un tiempo en la cárcel por cargos falsos en 2019. Expertos internacionales en derecho y derechos humanos condenaron ampliamente la criminalización de los activistas y la subsiguiente militarización de la comunidad, lo cual obligó a varias personas a huir y solicitar asilo en Estados Unidos.

La mina fue uno de los cientos de proyectos de extracción destructivos para el medio ambiente aprobados por dirigentes del Partido Nacional, varios de los cuales ahora se enfrentan a cargos de tráfico de drogas y armas en Estados Unidos. A partir de 2009, Honduras se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo en materia de defensa de los recursos naturales.

La víctima más destacada fue la defensora indígena Berta Cáceres, que fue asesinada en marzo de 2016 tras sufrir años de amenazas y acoso vinculados a su oposición a una presa financiada con fondos internacionales.

El régimen posterior al golpe terminó hace un año, cuando Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, el presidente derrocado en 2009, llegó al poder prometiendo restablecer el Estado de derecho y proteger a los defensores.

Al principio, se albergaban grandes esperanzas después de que la Corte Suprema liberara a los líderes de Guapinol que fueron condenados por cargos falsos. Sin embargo, la mina sigue operando y la comunidad ha denunciado el continuo acoso policial.

Joaquín Mejía, destacado abogado de derechos humanos hondureño, señaló que el nuevo gobierno era parcialmente responsable de los asesinatos, ya que no había suspendido ni cancelado las concesiones mineras ilegales otorgadas por el régimen anterior.

Phoenix indicó: “Xiomara Castro llegó al gobierno prometiendo proteger a los defensores de los derechos humanos. La imposición de proyectos de extracción a las comunidades sin su consentimiento es una de las causas subyacentes de los ataques contra los defensores en Centroamérica, pero cuando hay voluntad política, los gobiernos pueden solucionarlo. El gobierno hondureño debe hacer más”.