Un tribunal internacional determinó que se vulneraron los derechos de Brisa De Angulo, que fue abusada a los 15 años, durante el proceso judicial.
Brisa De Angulo ahora es abogada y fundadora y directora ejecutiva de una organización benéfica que ayuda a menores víctimas de abuso sexual. Foto: Dan Collyns
En una sentencia histórica, Brisa De Angulo, superviviente de abuso sexual y defensora de los menores víctimas de abuso sexual, ganó un caso sin precedentes contra el Estado de Bolivia.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno boliviano era “internacionalmente responsable” de la vulneración de los derechos de De Angulo, quien no pudo encontrar justicia en los tribunales del país cuando, a la edad de 15 años, fue violada repetidamente durante varios meses por un familiar. El gobierno no previno, abordó, castigó ni remedió la violencia sexual e institucional que sufrió De Angulo, indicó.
El tribunal consideró que Bolivia era responsable de la discriminación ejercida contra De Angulo por su género, por el hecho de ser menor de edad y porque sus tribunales revictimizaron a la adolescente durante los procedimientos judiciales.
“El tribunal reconoció que el trato que me dio Bolivia fue cruel e inhumano”, señaló De Angulo, que ahora es abogada y fundadora y directora ejecutiva de Una Brisa de Esperanza, una organización benéfica que apoya a menores víctimas de abuso sexual en Bolivia.
“Esto es muy importante porque están reconociendo que este trato es cruel e inhumano”, indicó. “Pero no deberíamos tener que contar con una norma internacional para decir que debemos recibir un trato humano porque todavía hay niñas que pasan por esto, así que por lo menos por fin hay un reconocimiento”.
El proceso judicial comenzó en 2010, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado boliviano no investigó ni enjuició debidamente su caso y, al hacerlo, violó sus derechos humanos internacionalmente protegidos. En 2020, la Comisión remitió el caso de De Angulo al tribunal, que lo inició en marzo de 2022.
La decisión del tribunal sienta precedentes jurídicos para la región de las Américas que podrían mejorar el acceso a la justicia y evitar prácticas discriminatorias y la revictimización de millones de niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual durante el proceso judicial.
El año pasado se produjeron varias marchas en Bolivia que pretendían forzar al gobierno a tomar medidas contra la violencia sexual y el feminicidio, así como protestar contra el sistema judicial supuestamente corrupto que permite que esto continúe.
“Este ha sido un camino muy largo para Brisa y ha sido un honor apoyarla en este proceso y ver finalmente que ha recibido reparación y justicia”, comentó Bárbara Jiménez Santiago, miembro del equipo jurídico de De Angulo y abogada de derechos humanos de la organización Equality Now.
Destacó que la sentencia incorporaba “medidas de no repetición” que obligan aBolivia a establecer cambios legales, e implementar capacitación y educación sexual. Además, fomenta un cambio más amplio ya que sienta un sólido precedente en el continente americano.
La experiencia de De Angulo dentro del sistema de justicia penal de Bolivia es un ejemplo representativo de la lucha a la que se enfrentan los adolescentes supervivientes de violencia sexual en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo.
La Organización Mundial de la Salud calcula que el 30% de las mujeres de todo el mundo sufren algún tipo de violencia sexual, y el 70% de las bolivianas afirmaron que habían sido víctimas de abusos físicos o sexuales a lo largo de su vida.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José, Costa Rica, y siete jueces de siete países latinoamericanos distintos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) supervisaron el fallo.
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