Investigar a Bolsonaro por genocidio, dice la brasileña Marina Silva
La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, en su ceremonia de investidura el mes pasado. Foto: Evaristo Sa/AFP/Getty Images

El expresidente Jair Bolsonaro debería ser investigado por genocidio, señaló la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, mientras prepara una operación para expulsar a las empresas mineras de oro ilegales del lugar donde se produjo una catástrofe humanitaria en territorio indígena.

En los próximos días, la policía armada y agentes de protección del medio ambiente iniciarán la primera de una serie de operaciones en avión y helicóptero destinadas a expulsar a miles de mineros, que proliferaron en el territorio indígena yanomami de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, contaminando los ríos del Amazonas, destrozando la selva tropical y generando la peor crisis sanitaria registrada en Brasil.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, recientemente declaró una situación de emergencia después de que salieran a la luz fotos de niños y ancianos demacrados en la región y de que la plataforma de noticias Sumaúma revelara que 570 bebés yanomami murieron a causa de enfermedades prevenibles durante la presidencia de Bolsonaro, un aumento del 29% respecto a los cuatro años anteriores.

En una amplia entrevista, Silva señaló que se debería exigir responsabilidades a Bolsonaro. “Creo que debería ser investigado por cometer genocidio”, comentó la ministra de Medio Ambiente. “El propio ministerio de Justicia ya está adelantando la acción”.

La crisis es la primera gran prueba del compromiso de Lula para restablecer la salud de la selva y de sus guardianes. Después del intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia por parte de una turba de extrema derecha bolsonarista, también supone una oportunidad para que el nuevo gobierno de centro-izquierda demuestre su autoridad y su voluntad de defender el Amazonas.

Silva fue ministra de Medio Ambiente durante el primer gobierno de Lula, desde 2003 hasta 2006, y estableció políticas que condujeron a una reducción del 83% de la deforestación del Amazonas. Silva comentó que Bolsonaro había “aniquilado” la política ambiental, lo cual tuvo un grave impacto en los habitantes de los bosques y retrasó los objetivos del país de conservar la naturaleza y reducir las emisiones de carbono.

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Marina Silva con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el mes pasado. Foto: Sérgio Lima/AFP/Getty Images

El nuevo gobierno, comentó, no solo devolverá a la nación más biodiversa del mundo al buen camino, sino que se propondrá objetivos aún más ambiciosos. Lula prometió alcanzar el objetivo de deforestación cero para el año 2030, poner fin a la expansión del espacio agrícola y proteger los principales biomas de Brasil.

Se trata de un cambio de rumbo histórico. Desde la llegada de los primeros invasores europeos hace más de 500 años, el lugar de Brasil en la economía mundial ha estado definido por la extracción de recursos y la invasión cada vez mayor de biomas y tierras indígenas por parte de empresas mineras y agricultores.

Silva señaló que este modelo rudimentario de desarrollo económico ya no era viable. “Esto no tiene futuro… nadie puede ser una potencia agrícola compitiendo en el camino más bajo. Vamos a competir en el camino superior, creando empleos cualificados y utilizando la tecnología”. Señaló que un mejor uso de las tierras degradadas con prácticas y equipos avanzados podría permitir aumentar los rendimientos de Brasil. “Ya podemos triplicar nuestra producción sin tener que cortar un árbol más”. El gobierno planea ofrecer concesiones de 20, 30 o 40 años para la recuperación de tierras degradadas provistas de especies autóctonas, que se pagarán con bonos de carbono.

Una mayor ambición refleja un mayor sentido de urgencia. Los científicos del clima advierten que el Amazonas se ha degradado peligrosamente hasta acercarse a un punto de no retorno, a partir del cual será incapaz de generar sus propias precipitaciones y comenzará a secarse. Durante los gobiernos anteriores de Lula, el objetivo era erradicar únicamente la deforestación “ilegal”, pero Silva indicó que esta distinción ya no tenía sentido. “No tiene ningún fundamento en la realidad, porque ya nos encontramos al borde del punto de no retorno. No importa si es legal; eso no cambia la realidad para el bioma”.

Nacida en la selva tropical, como una de los 11 hijos de una familia de extractores de caucho, Silva es una mezcla de los tres principales grupos étnicos de Brasil: indígenas nativos, colonos portugueses y africanos esclavizados. Trabajó como criada, ingresó en la universidad y se convirtió en activista estudiantil y sindical. Fue compañera de Chico Mendes, el activista medioambiental asesinado por su lucha para proteger el Amazonas, y miembro destacado del Partido de los Trabajadores, que ganó el poder por primera vez en 2002 con Lula.

Como ministra de Medio Ambiente, su rigurosa defensa de la naturaleza y las comunidades forestales hizo enfurecer a los líderes de la agroindustria, las empresas mineras y las constructoras, que ejercieron presión en su contra. Quedó aislada y renunció a su puesto en el gabinete de Lula antes de postularse contra él como candidata del Partido Verde. Los ecologistas celebraron su regreso al gobierno y su reencuentro con Lula como la noticia más positiva de 2022. En esta ocasión, sin embargo, señaló que su trabajo será más difícil porque la economía brasileña es más débil.

La visión en materia de conservación también es más amplia. Hace veinte años, el gobierno se concentró en la protección del Amazonas. Esta vez, Lula y Silva prometieron proteger todos los grandes ecosistemas de Brasil, entre ellos la sabana del Cerrado, los humedales del Pantanal, el Bosque Atlántico, las praderas de la Pampa y la Caatinga semiárida.

Silva instó a otros países a apoyar la transición de la economía brasileña con ayuda técnica, inversiones, comercio y dinero. Alemania y Noruega se comprometieron a aportar importantes sumas al Fondo Amazonia, creado para proteger la selva tropical.

El Reino Unido está considerando la posibilidad de contribuir. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió destinar miles de millones de dólares a las selvas tropicales, pero aún no se ha concretado nada. La Unión Europea promulgó recientemente una ley que bloquea las importaciones relacionadas con la deforestación. Además, Silva hizo un llamado a las naciones ricas para que establezcan asociaciones y promuevan la venta de productos sostenibles procedentes de comunidades indígenas, ribereñas y de pequeños agricultores, así como de empresas agroindustriales responsables.

Silva señaló que Bolsonaro y sus partidarios regresarían a menos que el gobierno –y sus socios comerciales en el extranjero– fueran capaces de ofrecer alternativas económicas. “Una agenda de transición significa resolver los problemas reales que la gente enfrenta ahora”.

Cuando las empresas y los gobiernos compran productos brasileños, señaló que no solo deberían tener en cuenta el medio ambiente y la salud, sino también la ética. “Es necesario valorar los derechos humanos. Cuando alguien consume algo, no debería tener que imaginar que lo hace en perjuicio de otros, como estamos observando ahora con los yanomami”.

El trabajo de ministro de Medio Ambiente en Brasil implica la planeación de operaciones de desalojo de empresas mineras ilegales, batallas contra poderosas industrias y la coordinación de ministerios para abordar las raíces de las crisis medioambientales y castigar a los delincuentes medioambientales. Esto requiere un hábil toque político, como lo está demostrando el caso de los yanomami.

El organismo de protección del medio ambiente, Ibama, dirigirá las operaciones destinadas a reprimir a los mineros ilegales, sin embargo, no puede hacerlo solo. En gobiernos anteriores, la policía y el ejército proporcionaron inteligencia, personal armado y apoyo logístico. En la actualidad, existen dudas sobre su capacidad y voluntad para ayudar. Silva comentó que el brazo de investigaciones ambientales de la policía federal prácticamente fue desmantelado durante el gobierno de Bolsonaro. “Todo esto necesita ser recuperado”, señaló. “Se está recreando ahora, por lo que tenemos que empezar muchas cosas desde cero”.

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Una niña indígena marca las huellas de sus manos con pintura roja, que simboliza la sangre, en una bandera nacional brasileña durante una protesta indígena contra la violencia, la tala ilegal de árboles, la minería y la ganadería en septiembre. Foto: André Penner

También existen dudas respecto a la lealtad de los militares al nuevo gobierno. Varios generales ocuparon puestos destacados en el gabinete de Bolsonaro y algunas tropas en el Amazonas han actuado de manera coludida con pandillas mineras. Hasta ahora, el ejército se ha mostrado indeciso a la hora de ayudar en las operaciones, declarando que el asunto necesita ser estudiado con mayor detenimiento.

En lugar de centrarse en las tensiones, Silva destacó el papel de cooperación que los militares desempeñaron en operaciones anteriores. “Las fuerzas armadas nos ayudaron mucho”, comentó. La fuerza aérea, explicó, sería esencial para controlar el espacio aéreo de la región y obstruir los vuelos de suministro de alimentos y combustible, que constituyen la forma más eficaz de impedir el regreso de los mineros.

Otra posible disputa gira en torno a los grandes proyectos de infraestructuras y exploración de recursos, que generan empleos a corto plazo, pero dañan la salud de la naturaleza de la nación. La empresa petrolera controlada por el Estado, Petrobras, aceleró sus esfuerzos para perforar pozos en la desembocadura del río Amazonas, lo que supondría la primera exploración en esta zona costera de gran riqueza ecológica. Silva indica que se trata de una zona de conservación prioritaria, según un decreto pasado firmado por Lula. “Estas áreas sensibles tendrán que ser examinadas en virtud de ese decreto. No cabe duda de que será un caso complejo”, señaló.

También se impondrán mayores obstáculos a los proyectos hidroeléctricos y de desvío de aguas. Brasil obtiene la mayor parte de su energía de presas, pero los costes están empezando a superar los beneficios, y ahora existen alternativas más económicas y eficientes. Silva evaluará los megaproyectos de trasvase de agua del río San Francisco al árido noreste y de construcción de una cadena de presas en el río Tapajós. Silva comentó que no se permitiría la construcción de grandes obras a menos que cumplieran criterios estrictos.

“No se trata únicamente de la viabilidad económica, sino también de la viabilidad social, la viabilidad medioambiental y la viabilidad cultural”, indicó, citando las desastrosas consecuencias de la construcción de la presa hidroeléctrica de Belo Monte, en el Amazonas.

¿Ha cambiado Lula? Su prioridad sigue siendo crear empleos, pero Silva indicó que fue idea del presidente aspirar al objetivo de deforestación cero y que recientemente pronunció discursos en los que abogó por la energía eólica, solar y la biomasa como alternativas a los viejos grandes proyectos de infraestructuras del pasado. “Es necesario acelerar mucho la transición energética”, comentó. “En Brasil tenemos un enorme potencial para distribuir energía verde… si nuestra matriz energética es limpia, diversificada y segura, podemos producir energía verde para países que no tienen las mismas instalaciones que nosotros”.

Silva reconoció que un mandato de cuatro años no era mucho tiempo para un programa tan ambicioso, pero indicó que el gobierno podía construir una base para la transición, en términos de medidas prácticas y de persuadir a la población –especialmente a los 25 millones de personas que viven en el Amazonas– de que existía una forma mejor de hacer las cosas. “Se trata de convencer a las personas de que no tiene sentido tener ganancias durante 10 años si el coste es destruir algo para el resto de nuestras vidas”.

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