Lanzan SOS a ONU por eliminación del derecho al aborto en EU

Las principales organizaciones de derechos humanos piden a las Naciones Unidas que intervengan ante la destrucción del derecho al aborto en Estados Unidos.

En una carta compartida con antelación con The Guardian y enviada el jueves por casi 200 organizaciones y expertos, los autores detallan cómo, desde la anulación del derecho constitucional federal al aborto en junio de 2022, alrededor de 22 millones de mujeres y menores en edad reproductiva viven en estados donde el acceso al aborto ahora está prohibido o es inaccesible.

Entre los firmantes figuran el Global Justice Center, Pregnancy Justice, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. A ellos se une una coalición más amplia de grupos y defensores individuales de los derechos humanos, así como de la justicia racial y económica.

Las restricciones relativas al aborto, escriben los firmantes, niegan “la autonomía de decisión y corporal de las mujeres de un modo que rechaza la capacidad de acción, la dignidad y la igualdad de las personas que pueden quedar embarazadas”.

Los grupos incluidos en la carta afirman que la anulación del derecho constitucional al aborto infringe las obligaciones internacionales de Estados Unidos como organización miembro de la ONU.

Los Estados miembros están obligados a proteger y defender los derechos a la vida, la salud, la privacidad, la libertad y la seguridad, así como la libertad frente a la tortura y los tratos inhumanos, crueles o degradantes. El papel de Estados Unidos como líder en el escenario mundial no exime al país de dichas obligaciones; de hecho, debería exigirle que actuara con mayor diligencia, señaló un representante del Global Justice Center, que es una de las organizaciones firmantes.

“Estados Unidos debe ser castigado en el escenario mundial por el trato que da a mujeres, niñas y otras personas que pueden quedar embarazadas; la magnitud y la intensidad de las violaciones de derechos humanos que Estados Unidos está infligiendo a su población son casi inconmensurables en este momento”, señaló Christine Ryan, directora jurídica del Global Justice Center, en una entrevista telefónica.

“Se ha vuelto casi trágicamente irónico que el gobierno estadounidense utilice el lenguaje de los derechos humanos para condenar los abusos del Estado contra ciudadanos de otros países, ya sea en Irán o en Bielorrusia. Es necesario aplicar estas normas también contra el Estado aquí en nuestro país. Y durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha logrado evitar ese tipo de escrutinio internacional”, señaló.

Los autores de la carta indican que la restricción del derecho al aborto en Estados Unidos concuerda con la historia del país, que ha devaluado la vida de las mujeres afroamericanas, que son las más afectadas por las restricciones al aborto.

“La sentencia Dobbs alejó aún más a Estados Unidos de sus obligaciones en materia de derechos humanos, entre ellas su obligación de garantizar el acceso al aborto y eliminar el racismo estructural y la discriminación”, señaló Annerieke Smaak Daniel, investigadora de derechos de la mujer en Human Rights Watch.

“Las restricciones sobre el aborto agravan las barreras económicas, sociales y geográficas que dificultan el acceso a la atención médica, incluida la anticoncepción, y afectan de manera desproporcionada la capacidad de las mujeres afroamericanas de acceder a la atención que necesitamos”, añadió.

La carta, enviada el jueves, estaba dirigida a varios organismos y funcionarios de la ONU, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas; el Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad.

En la carta, los firmantes piden a los destinatarios que contacten a Estados Unidos en relación con estas violaciones, que soliciten una visita oficial a dicho país y que pidan al país que cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado miembro de la ONU.

Los autores escriben que la supresión del derecho constitucional al aborto ha supuesto riesgos de gran alcance y, en algunos casos, contra la vida, tanto para las mujeres que buscan atención médica para abortar, como para las que se ven obligadas a cruzar fronteras estatales para abortar y para aquellas a las que se les niega la atención médica por complicaciones potencialmente mortales, como los embarazos ectópicos.

Funcionarios de la misión de Estados Unidos ante la ONU y del Consejo de Política de Género de Estados Unidos, una dependencia de la Casa Blanca creada por el gobierno de Biden, no respondieron la solicitud de comentarios a tiempo para su publicación.

Los firmantes de la carta enumeran las medidas que el Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó anteriormente en relación con el acceso al aborto en países como Irlanda y El Salvador, y abogan por que se realice un análisis similar en Estados Unidos.

Señalan que el Comité de la ONU ya estableció que la denegación del aborto puede causar “sufrimientos físicos y mentales tan graves en términos de dolor e intensidad que equivalen a la tortura”.

La carta también incluye ejemplos condenatorios posteriores a la anulación del caso Roe, como el de una paciente de Wisconsin a la que dejaron desangrar en su casa durante 10 días tras un aborto natural debido a que el personal del hospital temía infringir la prohibición estatal del aborto en caso de intervenir para atenderla.

También se detallan los casos de varias pacientes que tuvieron que viajar fuera del estado para abortar después de que se les denegara la atención médica por un embarazo ectópico, y los casos de otras a las que se les denegó la atención de quimioterapia debido a su embarazo.

Las excepciones que permiten el aborto en circunstancias muy restringidas –por ejemplo, cuando es necesario practicar el aborto para salvar la vida de la persona embarazada, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación– son prácticamente imposibles de aplicar, escriben los firmantes.

“Estos abusos son responsabilidad inequívoca del gobierno de Biden”, añadió Ryan, del Global Justice Center. “Hemos observado constantes palabras vacías por parte de la administración Biden-Harris”, pero no suficientes acciones, comentó.

Ryan señala, por ejemplo, que incluso con la pérdida del caso Roe, el gobierno de Biden podría facilitar el acceso a los medicamentos abortivos mediante la eliminación de regulaciones innecesarias aplicables para determinados medicamentos. “Se produjo una calamidad absoluta en términos de salud pública, derechos humanos, y la respuesta ha sido entre mediocre y pobre”, indicó Ryan.