Tragedia en Ciudad Juárez revela abusos contra los migrantes

Las autoridades mexicanas detuvieron al jefe de migración del estado de Chihuahua, Salvador González Guerrero, en relación con el incendio que causó la muerte de 40 personas en un centro de detención gestionado por el gobierno en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez el mes pasado.

La muerte de los migrantes provocó indignación en todo México después de que las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraran que los agentes no abrieron las puertas de la celda donde las personas se encontraban atrapados.

La detención del director, Salvador González Guerrero, contralmirante retirado de la Marina, constituye la detención de mayor repercusión hasta la fecha en el marco de la investigación sobre la causa de la muerte de los migrantes.

La semana pasada, la oficina del fiscal general de la República anunció que el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, también está bajo investigación.

Sin embargo, el caso del incendio ocurrido en el centro de Ciudad Juárez no es el único. En 2020, un migrante procedente de Guatemala murió en un centro de detención del estado de Tabasco después de que los migrantes atrapados ahí protestaran por su detención provocando un incendio en el edificio. Otros 14 fueron hospitalizados como consecuencia de la inhalación de humo.

Un medio informativo mexicano descubrió que se han originado al menos 12 incendios en centros de migrantes gestionados por el gobierno desde 2019.

Durante mucho tiempo, el INM ha sido acusado de cometer abusos contra los derechos humanos de los migrantes que viajan a través de México en dirección a Estados Unidos, y en los últimos cuatro años ha presentado denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abuso sexual, tortura y tratos crueles, según consta en los registros de la institución. Un vocero del INM declinó realizar comentarios para este artículo.

En 2019, la CNDH señaló que funcionarios de migración torturaron a un migrante hondureño y amenazaron con desaparecerlo. En 2021, se grabó en video a varios agentes de migración mexicanos arrojando a un migrante al piso y pateándolo en la cara.

A principios de este año, la CNDH denunció a los agentes de migración después de que esposaran a un migrante salvadoreño a su cama durante cinco días como castigo por iniciar una huelga de hambre. El aumento de los abusos contra los derechos humanos ocurre en un momento en que el ejército se ha involucrado cada vez más en labores relacionadas con la migración.

Tras el incendio ocurrido en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que uno de los detenidos le prendió fuego a un colchón en protesta por su inminente deportación. Sin embargo, cuando el fuego se propagó, el presidente señaló que los agentes no pudieron liberar a los migrantes porque no estaba presente la persona que tenía las llaves de la celda.

Bajo el gobierno de López Obrador, el INM ha incrementado el número de militares retirados que supervisan los centros de retención de migrantes en México, según indica un informe publicado el año pasado por la organización de derechos humanos sin fines de lucro Fundación para la Justicia, radicada en México. Diecinueve de las 32 instalaciones mexicanas estaban dirigidas por militares retirados, afirma el informe. Y con ello han aumentado los abusos contra los derechos humanos cometidos en los centros de migrantes gestionados por el gobierno, según señaló Ana Lorena Delgadillo, directora de la organización.

“Esto cambió radicalmente cuando López Obrador decidió militarizar la aplicación de las leyes migratorias”, explicó.

Las denuncias de abusos contra los derechos humanos surgen en un momento en que López Obrador, sometido a la presión de Estados Unidos, intensifica sus esfuerzos para impedir que los migrantes transiten por México hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente ha supervisado en repetidas ocasiones el despliegue de la Guardia Nacional del país para que se una a los agentes de migración en la desarticulación de las caravanas de migrantes que llegan a través de la frontera sur del país con Guatemala.

A finales del año pasado, la Guardia Nacional y la policía disolvieron un campamento de migrantes situado junto al río Bravo, en Ciudad Juárez, donde los migrantes esperaban para cruzar a Estados Unidos.

“La raíz de gran parte de lo que está ocurriendo es el resultado de las políticas migratorias que Estados Unidos estableció y que México decidió aceptar”, señaló Delgadillo.