El Paso declara estado de emergencia ante cancelación del Título 42
El puente internacional Paso del Norte conecta a Ciudad Juárez, México, con El Paso, Texas. Foto: Luis Torres/EPA

La ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, declaró el estado de emergencia antes de que el gobierno de Joe Biden ponga fin la próxima semana a las normas relacionadas con la pandemia del Título 42 que, desde 2020, impiden que numerosos migrantes crucen a Estados Unidos para ejercer su derecho a solicitar asilo.

Los dirigentes de El Paso se están preparando para una posible afluencia de más de 35 mil solicitantes de asilo que actualmente se encuentran atrapados en Ciudad Juárez, tras el levantamiento previsto para el 11 de mayo de la normativa de salud pública de emergencia que pretendía frenar la propagación del virus Covid-19, pero que tuvo graves consecuencias para cientos de miles de personas que huían a Estados Unidos de las crisis que padecían en sus países de origen.

En 2020, el entonces presidente Donald Trump activó el Título 42, el cual permitió a las autoridades estadounidenses prácticamente cerrar los puntos de entrada fronterizos oficiales a la mayoría de las personas que acababan de llegar a los mismos, al tiempo que expulsaba rápidamente a los migrantes que cruzaban la frontera de forma ilegal por otros lugares.

El presidente estadounidense, Joe Biden, mantuvo el Título 42 en medio de impugnaciones legales y críticas republicanas contra la migración, mientras que el presidente demócrata ha sido criticado por la izquierda por emplear una retórica y unas estrategias cada vez más severas en relación con la frontera.

Ahora, los refugios de emergencia y los defensores de los migrantes en El Paso temen que se reproduzca el caos que en ocasiones azota la ciudad y que saturó los servicios durante la pasada Navidad, cuando familias en apuros, frustradas por haber sido excluidas de los sistemas legales estadounidenses, cruzaron en masa el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos.

Mientras tanto, el gobernador derechista de Texas, Greg Abbott, planea enviar lo que él denomina equipos de respuesta especial de la guardia nacional y en los últimos días ha estado en Twitter publicando sobre una nueva demostración de fuerza y sobre el alambre de púas y las barreras adicionales que los ingenieros están instalando para detener los cruces ilegales en la región. La oficina de Abbott no respondió las peticiones de comentarios de The Guardian.

El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, anunció el estado de emergencia que comenzó el lunes y la oficina de gestión de emergencias de la ciudad ya solicitó 25 millones de dólares (unos 400 millones de pesos) al gobierno federal para hacer frente a un probable aumento de personas.

“Realmente requerirá mucho trabajo por parte de todos nuestros equipos para estar preparados”, señaló Leeser.

Los defensores de los migrantes advirtieron que no hay suficientes horas al día, ni personal remunerado, ni voluntarios para atender la demanda prevista.

“Todos estamos esperando”, señaló el reverendo Rafael García, de la iglesia del Sagrado Corazón, un lugar clave de refugio para los migrantes.

“Nadie parece saber cuál será el flujo. Tenemos un refugio, pero hay muchas personas en la zona y que están en el callejón”, añadió.

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Migrantes acampan afuera de la iglesia del Sagrado Corazón antes del fin previsto para el 11 de mayo de las normas del Título 42. Foto: Paul Ratje/Reuters

El refugio del Sagrado Corazón solo puede acoger a 120 personas y es uno de los pocos lugares de este tipo que hay en la ciudad, especialmente después de que la organización local sin fines de lucro Annunciation House cerrara el año pasado su refugio más grande y antiguo debido a la escasez de voluntarios y a los costosos problemas de mantenimiento.

La semana pasada, el refugio del Sagrado Corazón ya estaba saturado, con cientos de migrantes atrapados afuera y utilizando mantas de la Cruz Roja como tiendas de campaña improvisadas.

Cuando aproximadamente 20 mil migrantes llegaron a El Paso el pasado diciembre, las calles que rodean la iglesia estaban abarrotadas de personas que se vieron obligadas a dormir a la intemperie durante un frente frío. Ante la previsión de la llegada de más migrantes a partir del 11 de mayo, García señaló que no está seguro de lo que ocurrirá a continuación. “Si se enteran primero, avísenme”, comentó García.

La ciudad informó que alojará temporalmente a los migrantes en dos escuelas secundarias en desuso y en el centro cívico, y que también espera ofrecer transporte a Houston y otras ciudades para que los migrantes continúen su viaje, pero de forma diferente al traslado unilateral de migrantes a ciudades lejanas, gobernadas por demócratas, que propone Abbott.

“Casi el 99% de todos los migrantes que llegan eligen no quedarse en El Paso”, señaló Jorge Rodríguez, coordinador de la oficina de gestión de emergencias, y añadió: “Así que ayudamos a facilitarlo lo mejor que podemos a través de la red de las ONG, el centro de procesamiento del condado y (otras) estrategias… El transporte es clave”.

Cuando se levante el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aplicará el Título 8 de la ley vigente, según el cual toda persona considerada no elegible para estar en Estados Unidos se enfrenta a una prohibición de readmisión de cinco años y a cargos penales si se le encuentra cruzando ilegalmente.

Las ciudades de Laredo y Brownsville, situadas más al este de la frontera entre Texas y México, también se declararon en estado de emergencia antes del levantamiento de las normas del Título 42.

La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció varios planes para acelerar los trámites de las solicitudes de las personas que piden permanecer en el país por razones humanitarias y la expulsión rápida de las personas a las que se les deniega la entrada.

Las autoridades informaron a los abogados de migración que representan a migrantes en audiencias de solicitud de asilo aceleradas que solo se les permitirá hablar con sus clientes por teléfono.

“La única forma en que se dejará entrar a la gente es si alegan tener temor de regresar (a su país de origen) y después tienen que pasar su entrevista de temor creíble”, señaló Imelda Maynard, directora legal de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso. “¿Cómo les hacemos llegar los documentos a nuestros clientes para que los firmen correctamente? ¿Cómo recuperamos los documentos? Por ejemplo, ¿quién va a hacer todo ese escaneo por su parte?”.

Maynard añadió que el Departamento de Seguridad Nacional indicó que las entrevistas de miedo creíble se llevarían a cabo los siete días de la semana y que los 35 mil migrantes que esperan en Ciudad Juárez serán procesados en aproximadamente una semana.

“Están diciendo que les concederán entrevistas a estas personas en las 72 horas siguientes a su entrada a Estados Unidos y que si quieren un abogado, entonces tenemos 48 horas para preparar a nuestro cliente. Simplemente no podemos trabajar con eso”, indicó.

Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios jurídicos de Las Americas Immigrant Advocacy Center, señaló que la rapidez es un tema de gran importancia y le preocupaba que el gobierno concentrara recursos adicionales en la detención de personas y no en trabajar con organizaciones para respaldar un proceso justo.

“Las comunidades a lo largo de la frontera están preparadas para recibir y acoger a las personas”, indicó. “Todo lo que necesitamos es voluntad de coordinación entre los gobiernos locales, estatales y federales y que se comuniquen con nosotros para que realmente podamos ayudar a estas personas a buscar protección de una manera humana”.

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