Migración gastó más de 614 mdp en seguridad privada para sus instalaciones en 4 años

El Instituto Nacional de Migración (INM) gastó en el servicio de vigilancia, protección y seguridad de sus inmuebles al menos 614 millones 875 mil 296.29 pesos en los últimos cuatro años.

De acuerdo con los registros consultados por La-Lista, hubo al menos tres contratos adjudicados de manera directa a dos empresas privadas: Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA) y Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. para este servicio en 23 entidades del país y dos contratos con los gobiernos de Tabasco y de Ciudad de México.

De los más de 600 millones de pesos en contratos, las dos empresas privadas se llevaron en tres años 523 millones 584 mil 080.50 pesos.

En 2020, el INM celebró un contrato con el gobierno de Tabasco para la seguridad de sus instalaciones por 15 millones 826 mil 052 pesos. Y en 2023 hizo otro contrato con el gobierno de la Ciudad de México para que brinde seguridad a los inmuebles del instituto tanto en el Estado de México como en la capital del país, por un monto de 75 millones 465 mil 163.79 pesos, según registros de Compranet.

Respecto a los contratos con las empresas privadas, en 2020 y 2021 fueron adjudicados a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA), de la que es socio Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila, desde febrero de 2019.

En 2020, el contrato por adjudicación directa fue por un monto total de 178 millones 584 mil 080.50 pesos, mientras que el segundo fue por 180 millones de pesos. El contrato firmado en 2021 contemplaba la contratación de 593 elementos de seguridad para 25 estados de la República. 

Para 2022, la empresa contratada cambió. En esta ocasión se realizó la contratación de la firma Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A. de C.V., por un monto de165 millones de pesos.

Según la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez, esta empresa también fue contratada para 2023 por un monto similar al del año para brindar el servicio de seguridad para las instalaciones del INM en 23 entidades del país, pero ese contrato aún no está en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Si se considera ese monto al total gastado por el INM en cuatro años para seguridad privada, la cantidad se eleva a los 779 millones 875 mil 296.29 pesos.

La funcionaria dio a conocer que se detectaron varias irregularidades con respecto a CAMSA, por ejemplo, que el contrato incluye el servicio de 503 elementos, pero solo se encontró registro de cuatro agentes con 10 uniformes ante la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC.

Con respecto de la contratación de empresas privadas para tareas de seguridad en dependencias de gobierno, la coordinadora del gabinete de seguridad recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de que la seguridad de las dependencias federales esté a cargo del Servicio de Protección Federal. 

“Hay que recordar que el señor presidente dio la instrucción de la contratación y del apoyo del Servicio de Protección Federal. La mayoría de las instancias del gobierno federal tiene este servicio, pero algunas instancias, algunas dependencias no han hecho todavía estos contratos y estamos pendientes de que se acate esta instrucción”, dijo la funcionaria en conferencia desde Palacio Nacional. 

Por su parte, Tonatiuh Guillén, académico de la UNAM y extitular del INM, criticó que empresas de seguridad privada resguarden los centros de migración como el de Ciudad Juárez, donde al menos 39 migrantes quedaron atrapados y fallecieron por un incendio el pasado lunes 27 de marzo.

“La seguridad privada nunca debe interactuar con los procesos migratorios ni con las personas sujetas a un proceso migratorio, deben ser funciones periféricas”, dijo el experto en una entrevista concedida a La-Lista.

Guillén Álvarez agregó que las empresas privadas “no tienen autoridad para tener un rol de ese tipo. Más allá de que no tienen capacitación, no tienen autoridad para tener una función relacionada con personas en proceso migratorio”.

El exfuncionario, quien fue titular del INM en los primeros siete meses de gobierno de López Obrador, señaló que durante su gestión canceló algunos contratos “innecesarios” con empresas privadas.

“¿Para qué tienes agentes de seguridad en la entrada del edificio de migración en Mariano Escobedo o en Polanco? En esas zonas, ¿para qué necesitas en la entrada a guardias armados? Es una de las cosas que quisimos eliminar”, expresó.