Migrantes tienen problemas con la app de solicitud de asilo en la frontera
Migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos utilizan sus celulares para solicitar una cita en un puerto terrestre de entrada a Estados Unidos, en Ciudad Juárez, en enero. Foto: José Luis González/Reuters

Cuando llegaron a Ciudad Juárez el 17 de marzo, al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México desde El Paso, Texas, Néstor Quintero y su familia no tenían ni un centavo, estaban hambrientos y no tenían hogar. Sin embargo, su principal preocupación era conseguir un teléfono inteligente.

Néstor, migrante venezolano de 35 años, se enteró en Tapachula de que las personas que esperaban entrar a Estados Unidos para solicitar asilo necesitaban sacar una cita a través de una aplicación para celulares introducida recientemente y conocida como CBP One.

La aplicación sólo funciona en teléfonos inteligentes y, para su angustia, Quintero perdió su teléfono durante la lacerante travesía del Tapón del Darién en Panamá, una selva sin carreteras en la frontera entre Colombia y Panamá donde decenas de miles de migrantes que se dirigían al norte arriesgaron sus vidas el año pasado.

Más de una semana después de trabajar intermitentemente en un supermercado en Ciudad Juárez, Quintero ganó el dinero suficiente para comprar un teléfono por 2 mil pesos mexicanos, el equivalente a 114 dólares. Al principio, la familia consideraba que el celular era su clave para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, pronto se convirtió en la principal fuente de su frustración.

“Nos despertábamos temprano todos los días e intentábamos conseguir una cita, pero solo nos salían errores, errores y errores”, explicó Quintero, mientras mostraba una captura de pantalla de un mensaje de “Error del sistema” sobre el logotipo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Su esposa y sus dos hijas pequeñas permanecían pacientemente sentadas a su lado.

“Estábamos desesperados porque no teníamos dinero ni comida. Por eso nos entregamos en la puerta 36 del muro fronterizo de El Paso”.

Un mes después, Quintero se encontraba a mil 125 km al oeste, tocando la puerta metálica de Espacio Migrante, un albergue en Tijuana, con la esperanza de averiguar si aún era elegible para sacar una cita en CBP One.

Después de cruzar a Estados Unidos cerca de El Paso, la patrulla fronteriza de Estados Unidos los detuvo a él y a su familia, los trasladó en avión a California y los expulsó de nuevo a través de la frontera mexicana hasta Tijuana.

Allí, Quintero vio en las redes sociales que abogados de la organización Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), un despacho de abogados de justicia social con sede en Los Ángeles que atiende a migrantes que se enfrentan a la deportación, iban a impartir un taller jurídico en el albergue para ayudar a los solicitantes de asilo.

“El asilo en Estados Unidos no debería depender de si tu teléfono tiene o no el software actualizado”. Lindsay Toczylowski, del Immigrant Defenders Law Center.

“El gobierno creó esta aplicación y dijo que esta es la única manera en que la gente puede acceder al sistema de asilo, mientras que las personas que están aquí en Tijuana están huyendo de sus traficantes, o de algún otro tipo de peligro. Y si no tienen un teléfono, no pueden acceder a la protección”, señaló Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva de ImmDef, y añadió: “El asilo en Estados Unidos no debería depender de si tu teléfono tiene el software actualizado o no”.

Al mediodía, cuando Espacio Migrante abrió sus puertas, al menos 100 personas, entre ellas haitianos, venezolanos y salvadoreños, acudieron al lugar en busca de respuestas sobre la aplicación CBP One.

Los abogados describieron el proceso para sacar una cita, pero también explicaron que muchas veces las posibilidades de conseguirla eran escasas, dada la gran demanda y el número limitado de citas.

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Migrantes usan la aplicación CBP One en un refugio cerca de la frontera, en Ciudad Juárez en febrero. Fotografía: José Luis González/Reuters

Había una sensación palpable de confusión y ansiedad entre las personas reunidas en el albergue. El taller se impartió en medio de otra fase de la crisis humanitaria que se intensifica en el norte de México, donde decenas de miles de personas que huyen desesperadas de la violencia, la pobreza extrema y la opresión en sus países de origen esperan poder cruzar a Estados Unidos, mediante una codiciada cita de CBP One o un cambio de política.

Cuando falte un minuto para la medianoche del 11 de mayo, Estados Unidos pondrá fin a la poco transparente medida de salud pública conocida como Título 42, implementada durante la pandemia de coronavirus por Donald Trump y mantenida, en medio de batallas judiciales, bajo el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden.

El Título 42 ha permitido a las autoridades federales expulsar sumariamente a los migrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México –en 2.7 millones de ocasiones solo bajo el gobierno de Biden– sin permitirles ejercer su derecho a solicitar asilo.

El gobierno estadounidense prevé que el número de cruces fronterizos diarios no autorizados podría duplicarse con creces, hasta 13 mil, una vez que se detengan las expulsiones, y está enviando tropas para apoyar a la patrulla fronteriza. Abundan los temores de que se produzca un nuevo caos y miseria, lo cual contrasta con las promesas de campaña de Joe Biden de establecer sistemas más justos y ágiles.

Apenas unas horas antes de que comenzara la exposición jurídica en el albergue Espacio Migrante, el gobierno de Biden dio a conocer su estrategia para disuadir la migración cuando termine el Título 42. Las autoridades anunciaron que abrirían centros de tramitación en Colombia y Guatemala en un intento de alentar a los migrantes a esperar ahí una oportunidad para entrar legalmente a Estados Unidos o a un tercer país, en lugar de que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, o que simplemente se presenten en los cruces fronterizos para solicitar asilo sin cita previa.

El gobierno estadounidense también ha estado trabajando en una medida muy polémica que impediría la concesión de asilo a los migrantes que entraran ilegalmente al país por no haber buscado protección humanitaria en un tercer país por el que hubieran transitado en su viaje hacia el norte.

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‘Si no tienen teléfono, no pueden acceder a la protección’, señaló Lindsay Toczylowski, de ImmDef. Foto: José Luis González/Reuters

Cuando finalice el Título 42, Estados Unidos volverá a aplicar la ley conocida como Título 8. El gobierno tiene previsto agilizar la tramitación de los solicitantes de asilo que se encuentren en la frontera, lo cual ha llevado a los defensores de los migrantes a quejarse de que el proceso será injustamente precipitado. La deportación será el resultado que obtendrán muchos migrantes, que ya se encuentran en una situación difícil, y los progresistas acusan al gobierno de Biden de ceñirse demasiado al enfoque de línea dura de Trump.

En Tijuana, la semana pasada los migrantes no sabían con certeza cómo podría afectarlos la vertiginosa serie de cambios de política que la administración Biden ha introducido en las últimas semanas y meses. La mayoría de los migrantes que hablaron con The Guardian estaban enfocados en obtener una cita para solicitar asilo y recibir un correo electrónico de confirmación de CBP One. Los problemas con la aplicación están bien documentados, incluyendo la imposibilidad de que las familias consigan citas juntas.

“Llorábamos todos los días porque nos preguntábamos por qué muchas personas conseguían citas y nosotros, con niños pequeños, no podíamos”, comentó Quintero, que se fue del estado de Carabobo, en el norte de Venezuela, tras la repentina desaparición de un político de la oposición para el que había trabajado. “No puedo regresar a Venezuela. No tenemos libertad de expresión”, señaló.

Y The Guardian ha informado que muchos otros migrantes vulnerables, entre ellos los que tienen tonos de piel más oscuros, no han podido registrarse para conseguir una cita, a pesar de los intentos diarios.

Casi al final de la presentación de los abogados, otra familia venezolana se sentó afuera del albergue, buscando sombra bajo el fuerte sol. Marlin Fernández, de 28 años, y Enders Pérez, de 29, y sus tres hijas vivían en el albergue desde el 29 de marzo, después de haber vivido seis meses en Tapachula.

Fernández explicó que muchas mujeres que conoció en Tapachula le contaron que fueron abusadas sexualmente cuando se dirigían al norte de México, la única zona donde los migrantes pueden lograr sacar una cita en CBP One, debido a un límite geográfico impuesto por Estados Unidos. Mientras atravesaban México, comentó Fernández, un hombre enmascarado subió al autobús en el que viajaban y se llevó todo su dinero.

Pero la familia siguió adelante hasta la ciudad de Tijuana, que, según habían escuchado, era relativamente segura en comparación con otras ciudades fronterizas mexicanas acosadas por la violencia de los cárteles.

También se trataba de la zona donde las autoridades estadounidenses tramitaban el mayor número de solicitantes de asilo.

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Migrantes solicitantes de asilo esperan afuera del edificio del Instituto Nacional de Migración mientras se forman para solicitar un permiso para viajar a otro punto de entrada a Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Foto: José Luis González/Reuters

Enrique Lucero, director de la oficina de asuntos migratorios de Tijuana, indicó que más de 16 mil migrantes en Tijuana han logrado sacar citas con la aplicación CBP One hasta el momento, es decir, aproximadamente 200 cada día. Alrededor de 6 mil 600 de ellos eran rusos. Los haitianos y venezolanos han obtenido el segundo y tercer mayor número de citas, señaló Lucero.

Fernández y Pérez deseaban desesperadamente llegar a Estados Unidos, pero comentaron que les gustaría hacerlo de la “manera correcta”. Sin embargo, intentarlo de esa manera les estaba resultando un calvario.

“Algo no funcionaba con mi foto. Cada vez que lo intentaba, se quedaba congelada”, explicó Fernández, mientras amamantaba a su hija menor. “Pero un día se guardó mi foto, pero luego mostró un (mensaje) de error. Volví a presionar ‘enviar’ y recibí el mismo mensaje de error. Volví a presionar ‘enviar’ muchas veces hasta que funcionó”.

Fernández y Pérez saltaron y lo celebraron, no obstante, cuando el correo electrónico de confirmación llegó a la bandeja de entrada de Fernández, estaban confundidos. A ella y a su familia les pidieron que llegaran a las 6 de la mañana del 3 de mayo al puerto de entrada que conecta la ciudad de Matamoros, en México, con Brownsville, Texas, un cruce ubicado a casi 3 mil 200 km de distancia, en el otro extremo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“La noche que recibimos las citas, un grupo de personas llegó aquí desde Matamoros y nos dijo que les habían pedido que se bajaran del autobús en el que viajaban y que uno de los pasajeros había sido secuestrado”, explicó Fernández.

Sin embargo, no podían permitirse volar a Matamoros. Sin dinero y asustados, pero decididos, optaron por un viaje de 20 horas en autobús hasta esa ciudad: “Hemos escuchado que todos los albergues están llenos. Esperemos no terminar durmiendo en la calle”.

Al final, la familia entró a Estados Unidos y se vio inmersa en un proceso legal. También les dieron una cita en el tribunal de inmigración para octubre.

En su primera noche en suelo estadounidense, Fernández conoció a una mujer mexicana que les ofreció pasar la noche en su casa. Al no poder cubrir los gastos de viaje hasta la ciudad de Nueva York, su destino final previsto, ImmDef les proporcionó boletos de autobús hasta San Antonio, Texas, donde serán alojados en un albergue.

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