‘La frontera no está abierta’, EU sustituye el Título 42 por normas todavía más restrictivas

A última hora del jueves, Estados Unidos puso fin a las restricciones impuestas en la época de la pandemia en la frontera con México, las cuales impedían que numerosos migrantes ejercieran su derecho a solicitar asilo en su territorio, pero sustituyó inmediatamente las restricciones del denominado Título 42 por nuevas y radicales políticas diseñadas para disuadir o incluso impedir físicamente que las personas crucen la frontera sin autorización.

En una línea cada vez más dura por parte del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó en la noche del jueves que se habían enviado 24 mil agentes y oficiales de la Patrulla Fronteriza a la frontera con el fin de hacer cumplir las leyes estadounidenses, y añadió: “La frontera no está abierta”.

“A partir de esta noche, las personas que lleguen a la frontera sin usar una vía legal serán presuntamente no elegibles para recibir asilo. Estamos preparados para procesar humanamente y expulsar a las personas que carezcan de un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos”, señaló.

El secretario añadió en la mañana del viernes, apareciendo en la cadena CNN, respecto a los migrantes que llegan a la frontera sur: “Los estamos poniendo bajo nuestra custodia, los estamos investigando y evaluando y, si no tienen motivos para quedarse, los expulsaremos con gran rapidez”.

En las horas previas a que entrara en vigor la nueva normativa, miles de migrantes atravesaron ríos, escalaron muros y treparon por diques hasta llegar a suelo estadounidense, con la esperanza de que los procesaran antes de que el nuevo sistema entrara en vigor a medianoche, hora del este de Estados Unidos.

En la ciudad de Matamoros, México, en el extremo oriental de la frontera, cerca del Golfo de México, varios grupos cruzaron el río Bravo sumergidos en aguas que les llegaban a la altura de la barbilla. Algunos cargaban bebés pequeños y bolsas con sus pertenencias por encima de sus cabezas para llegar a Brownsville, Texas, y solicitar refugio.

Sujetaban celulares por encima del agua para iluminar el camino hacia Estados Unidos, no obstante, detrás de numerosos alambres de púas, las autoridades estadounidenses gritaban a los migrantes que se regresaran.

Mientras los niños pequeños, atados por sus padres para evitar que murieran arrastrados por el traicionero río, trepaban por la orilla con flotadores de colores brillantes que utilizaron para cruzar, los soldados uniformados les señalaban el lugar de donde habían partido y se negaban a cortar el alambre para que pudieran entrar y ejercer su derecho a solicitar asilo.

“Tengan cuidado con los niños”, gritó un oficial a través de un megáfono. “Es especialmente peligroso para los niños”.

La normativa caducada, conocida como Título 42, estuvo en vigor desde marzo de 2020. Permitía que los agentes fronterizos devolvieran rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del Covid-19.

Aunque el Título 42 impidió que muchas personas solicitaran asilo, no acarreaba consecuencias legales. Después del jueves, los migrantes se enfrentan a la prohibición de entrar a Estados Unidos por un periodo de cinco años y a un posible enjuiciamiento penal.

En El Paso, en el oeste de Texas, cientos de migrantes acamparon en las calles del centro de la ciudad intentando averiguar adónde ir después de haber cruzado la frontera desde Ciudad Juárez, México.

Los primeros momentos tras la expiración del Título 42 en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana gemela de El Paso, se caracterizaron por un silencio inicial.

Era casi como si nada hubiera cambiado para los 500 migrantes que esperaban entregarse a las autoridades estadounidenses afuera de la Puerta 42 entre Ciudad Juárez y El Paso, una puerta ubicada en la alta barrera fronteriza.

El grupo estaba esperando desde el final de la tarde, rodeado por agentes de la Guardia Nacional de Texas y de la Patrulla Fronteriza, y acorralados por alambre de púas.

A lo largo de la tarde y hasta altas horas de la noche, se fue permitiendo la entrada gradual al país de pequeños grupos, mientras el resto esperaba.

La calurosa tarde se volvió más fría en cuanto se puso el sol. Sin pertenencias, muchos tenían dificultades para mantenerse calientes. Su única opción: mantas, chamarras y suéteres llenos de polvo que las autoridades de migración les proporcionaban de un contenedor de basura.

En la oscuridad de la noche, los celulares estaban encendidos mientras los migrantes intentaban sacar una de las pocas citas para solicitar asilo disponibles en internet a través de una aplicación administrada por las autoridades federales estadounidenses, llamada CBP One.

Donald Trump, un hombre de línea dura contra la migración, aplicó la normativa de salud pública del Título 42 en 2020, cuando se produjo la pandemia, sin embargo, Joe Biden la mantuvo e incluso la amplió, a pesar de las promesas de campaña de establecer un sistema más justo y humano en la frontera. La política se ha enfrentado a batallas judiciales y críticas por parte de la izquierda y la derecha.

La orden autorizó que los agentes fronterizos expulsaran de forma inmediata a los migrantes, incluidas las personas solicitantes de asilo, anulando sus derechos normales.

El gobierno de Biden anunció en enero que pondría fin a las emergencias nacionales declaradas en relación con el coronavirus, lo cual suponía el fin de la aplicación del Título 42 para hacer frente a la migración.

Los defensores de la migración representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron un recurso legal contra las nuevas normas en materia de asilo el jueves, minutos antes de que entraran en vigor.

Los grupos indicaron que la normativa de Biden “restringe drásticamente la disponibilidad de asilo en Estados Unidos” y refleja políticas similares a las de la era Trump que fueron bloqueadas en los tribunales.

Asimismo, en la noche del jueves, un juez federal en Florida bloqueó la sección de la normativa relativa a la puesta en libertad de los migrantes, argumentando que eran similares a una política previamente prohibida en marzo debido a que no se siguieron los procedimientos regulatorios adecuados. CBP no respondió la solicitud de comentarios.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indicó que acataría la orden judicial, mientras que la agencia federal, de la que Mayorkas hizo eco en la mañana del viernes, lo calificó como un “fallo perjudicial”.

CBP indicó que “dará lugar a un hacinamiento inseguro… y socavará nuestra capacidad para procesar y expulsar a los migrantes de forma eficiente”.

El juez Kent Weatherell bloqueó dicha sección relativa a la puesta en libertad de los migrantes por un periodo de dos semanas y programó una audiencia para el 19 de mayo en la que se decidirá si ampliará su orden.

Existe el temor de que se produzca un nuevo caos, confusión y miseria para los migrantes que se encuentran a la merced de complejas políticas, sobre el papel o en las diversas formas en que se aplican en la práctica.