El príncipe Harry pierde batalla legal para poder pagar por protección policial

El príncipe Harry fracasó en su intento de presentar un recurso legal contra el Ministerio del Interior por su negativa a permitirle pagar un servicio de protección policial cuando se encuentre en el Reino Unido.

El duque de Sussex solicitaba autorización para presentar lo que habría sido un segundo recurso en relación con sus acuerdos de seguridad.

Los abogados de Harry argumentaron que era ilegal la decisión del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Personalidades Públicas (Ravec), que se encarga de la protección de la realeza y las personalidades públicas, de no permitir que las personas paguen de forma privada por su seguridad y protección.

Ravec argumentó que la confianza pública se vería socavada si se creyera que una persona acaudalada puede pagar para beneficiarse de medidas de seguridad y protección que no recibiría si fuera menos acaudalada. Ravec indicó que el hecho de permitir la financiación privada también reduciría la disponibilidad de un recurso especializado limitado en los casos en que se considere de interés público.

El martes, en una sentencia escrita, el juez Chamberlain denegó a Harry la autorización para interponer una revisión judicial de dicha decisión. Entre los motivos argumentados por los abogados del duque figuró el relativo a que contradecía el artículo 25(1) de la Police Act (Ley de policía) de 1996, que permite al “oficial jefe de la policía” prestar servicios policiales especiales “previo pago”.

Sin embargo, Chamberlain escribió: “A mi juicio, la respuesta concisa a este punto es que Ravec no dijo que sería contrario al interés público permitir que los particulares acaudalados pagaran por cualquier servicio policial. Se puede considerar que entendió que el artículo 25(1), al que hizo referencia, prevé expresamente el pago por algunos de estos servicios. Su razonamiento se limitó estrictamente a los servicios de seguridad y protección que son de su competencia”.

“Estos servicios son de naturaleza diferente a los servicios policiales prestados (por ejemplo) en eventos deportivos o de entretenimiento, porque implican el despliegue de agentes especializados altamente capacitados, de los cuales hay un número limitado, y que se ven obligados a ponerse en peligro para proteger a sus clientes. El argumento de Ravec fue que existen razones políticas por las que no se debería pagar por esos servicios, aunque sí se pague por otros. No puedo detectar nada que sea discutiblemente irracional en dicho razonamiento”.

Los abogados del duque también argumentaron que la decisión de Ravec era injusta desde el punto de vista procesal debido a que su cliente debería haber dispuesto de la oportunidad de presentar sus argumentos antes de que Ravec tomara la decisión. Pero Chamberlain rechazó este argumento, escribiendo: “No es obvio el motivo por el que la equidad exigía que se diera a un cliente en particular la oportunidad de presentar alegaciones formales sobre esa cuestión”.

La demanda está relacionada con otra relativa a la seguridad de Harry, en la que se impugnaba la negativa de Ravec, formulada en una decisión tomada en febrero de 2020, a proporcionarle el mismo grado de seguridad después del 31 de marzo de 2020, después de que él y la duquesa de Sussex anunciaran que se retiraban de los altos cargos de la familia real. Ese caso se encuentra actualmente a la espera de juicio después de que se le concediera permiso para proceder el año pasado.

El duque también tiene pendientes tres demandas civiles relacionadas con un supuesto hackeo telefónico. Se trata de una demanda interpuesta contra Mirror Group Newspapers (MGN) y dos contra Associated Newspapers Limited (ANL) y News Group Newspapers (NGN), respectivamente, que estas organizaciones están intentando evitar que lleguen a juicio.

Además, está esperando el fallo de una demanda por difamación presentada contra el periódico Mail on Sunday en relación con la cobertura informativa del desacuerdo sobre sus medidas de seguridad. Los abogados de Harry solicitan que se dicte una sentencia sumaria a su favor y que se desestime la defensa de Associated Newspapers, alegando que no tiene posibilidades de prosperar en el juicio.