La cláusula de ‘invasión’ contra migrantes en Texas es racista e ilegal: defensores de DH

Texas está desafiando el control federal de la política en la frontera entre Estados Unidos y México mediante la explotación de lo que considera una laguna constitucional respecto a la definición de “invasión”, pero que los activistas por los derechos de los migrantes consideran que exacerba de forma peligrosa el temor a través de un lenguaje racista.

Desde hace mucho tiempo, la política de migración es competencia del gobierno federal de Estados Unidos –y no de los diferentes estados–, desde que la Corte Suprema así lo dictaminó en un caso histórico, el de Estados Unidos contra Arizona, en 2012.

Sin embargo, en noviembre de 2022, el gobernador republicano de derecha Greg Abbott invocó las cláusulas de “invasión” que figuran en las constituciones de Texas y Estados Unidos, comparando a los migrantes en la frontera con un enemigo público extranjero que, por consiguiente, le otorgaba el poder de promulgar sus propias políticas fronterizas.

El Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) calificó la medida como una “estrategia política”. “Calificar a los migrantes como una invasión es extremadamente peligroso”, indicó Roberto López, director de defensa del programa “Más allá de la frontera” de la organización.

López añadió: “Hemos visto tantos tiroteos y un mayor aumento de los crímenes de odio (contra los migrantes). Todo esto está relacionado con esta retórica de asociar a las personas que están tratando de buscar seguridad con ser una especie de ataque literal contra Estados Unidos. Eso simplemente le está dando mucho ímpetu y energía a los grupos milicianos, y a la gente que está llena de odio”.

Abbott ya está intentando tomar el control de la frontera de Texas en sus propias manos, como demuestra el reciente anuncio del estado sobre la creación de una nueva “fuerza fronteriza” que podría permitir que sus agentes “arresten, aprehendan o detengan a las personas que crucen de forma ilegal la frontera entre Texas y México”, en caso de que se apruebe en la legislatura estatal. Y con una mayoría conservadora tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Texas, dicha probabilidad es alta.

Abbott dejó clara su interpretación de las “cláusulas de invasión”. Cuando anunció su fuerza fronteriza, Abbott comentó: “Invoco las Cláusulas de Invasión de las Constituciones de Estados Unidos y Texas para autorizar plenamente a Texas que tome medidas sin precedentes para defender a nuestro estado contra una invasión”. “Estoy usando esa autoridad constitucional, y otras autorizaciones, así como Órdenes Ejecutivas para mantener nuestro estado y país seguros”.

No obstante, la terminología jurídica que cita Abbot no es tan sencilla, según indica Barbara Hines, profesora de Derecho de la Universidad de Texas y fundadora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Hines calificó la justificación del Estado para crear sus propias leyes de migración como “inaudita y extrema”.

“La ley federal de migración es una cuestión federal. No se basa en la Constitución de Texas”, indicó Hines. El artículo cuatro de la constitución de Texas establece: “(El gobernador) será Comandante general de las fuerzas militares del Estado, excepto cuando estas sean llamadas al servicio efectivo de Estados Unidos. Tendrá poder para convocar a la milicia para aplicar las leyes del Estado, reprimir insurrecciones y repeler invasiones”.

Abbott argumenta que el aumento de migrantes en la frontera amerita la adopción de medidas drásticas, como la creación de una fuerza policial estatal encargada específicamente de frenar la migración.

Los grupos de defensa de los derechos de los migrantes señalan que el hecho de que las personas crucen la frontera –muchas de las cuales pretenden solicitar legalmente el estatus de refugiado– no constituye una invasión. Al contrario, indican que ese lenguaje es racista e incendiario. En 2019, un supremacista blanco atacó un Walmart ubicado en El Paso, con el objetivo de matar latinos y motivado por la retórica antiinmigración. El tirador mató a 23 personas.

Muchos expertos jurídicos creen que los argumentos de la derecha sobre la cláusula de invasión de la Constitución de Texas quedan anulados en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Esta cláusula establece que “la Constitución federal, y la legislación federal en general, se anteponen a las leyes estatales e incluso a las constituciones estatales”, según indica el Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell.

No obstante, en la Constitución estadounidense, la palabra “invasión” figura dos veces: una en el artículo uno, sección 10, y de nuevo en el artículo cuatro, sección cuatro. Eso le da a Abbott, y a algunos activistas de derecha, la esperanza de que sus argumentos puedan prevalecer en una corte suprema conservadora.

En el primer caso, la Constitución estadounidense limita específicamente el poder de los estados para mantener tropas, como la operación Lone Star una fuerza fronteriza, a menos que haya una invasión. “Ningún estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, imponer ningún derecho de tonelaje, mantener tropas o barcos de guerra en tiempos de paz, concertar ningún acuerdo o pacto con otro Estado o con una potencia extranjera, ni entrar en guerra, a menos que sea realmente invadido o se encuentre en un peligro tan inminente que no admita la demora”.

Cuando se menciona la invasión por segunda ocasión, la Constitución indica de forma más amplia que el gobierno federal es responsable de proteger a sus estados contra una invasión.

“Estados Unidos garantizará a todos los estados de esta unión una forma republicana de gobierno, y protegerá a cada uno de ellos contra la invasión; y a solicitud de la Legislatura, o del Ejecutivo (cuando no se pueda convocar a la Legislatura) contra la violencia nacional”.

Hines explicó que aunque se menciona la palabra “invasión” dos veces en contextos diferentes, “existe esta teoría del derecho de que el mismo término o palabra que aparece en la Constitución, debe significar lo mismo (en caso de repetirse)”.

Es probable que la cuestión clave radique en si “invasión” en este contexto significa o no únicamente que se trata de un acto perpetrado por otro estado o por una Fuerza Armada.

Los grupos de defensa de los derechos civiles ya están cuestionando como ilegales las políticas de Abbott, como su posible fuerza fronteriza y la iniciativa existente Operación Lone Star. Estas políticas han sido impugnadas por grupos de defensa de los derechos civiles y son objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Si el caso abierto contra Texas se materializa y avanza en los tribunales –especialmente hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos– es posible que el país tenga que reconsiderar la cuestión de quién controla la frontera.

Algunos comentan que eso es exactamente lo que quieren los legisladores de Texas que están a favor del control estatal de la frontera, sobre todo porque la actual Corte Suprema está dominada por jueces conservadores de línea dura.

El fiscal general de extrema derecha de Texas, Ken Paxton, así lo afirmó en una audiencia del comité del Senado en la que se trató este tema:

“Nos encontramos en un territorio desconocido en lo que respecta a saber qué pueden hacer los estados, porque los estados nunca han tenido que plantearse o realmente poner a prueba esto”, señaló Paxton. “Así que, creo que una parte de esto va a consistir en que vamos a tener que averiguar cuáles son las áreas que queremos poner a prueba. Y eso es parte de la razón por la que he estado diciendo durante dos años, que deberíamos probar el caso Estados Unidos contra Arizona. Deberíamos comprobar si los estados pueden protegerse a sí mismos, dadas las circunstancias en las que nos encontramos y en las que nunca antes nos habíamos encontrado”.

Hines comentó: “Esta Corte Suprema no respetó los precedentes en otras situaciones, por ejemplo, en el caso del aborto. Y esta legislatura estatal ha estado dispuesta a aprobar leyes inconstitucionales para ponerlas a prueba”.

“Tengo la esperanza de que, por muy conservadora que sea la Corte Suprema, respeten los precedentes. Es inaudito que los estados puedan hacer cumplir la ley federal en lo que respecta a quién entra a Estados Unidos sin permiso y quién no, y que puedan crear una ley estatal de allanamiento para las personas que entran a Estados Unidos que ha sido competencia exclusiva federal desde finales del siglo XIX”.