La Amazonia brasileña en peligro de ser controlada por la mafia

El rápido avance de los grupos del crimen organizado en la Amazonia brasileña entraña el riesgo de convertir la región en un vasto territorio interior asolado por conflictos y plagado de “insurgentes criminales” fuertemente armados, advirtió un exalto jefe de la Policía Federal del país.

Alexandre Saraiva, que trabajó en la Amazonia de 2011 a 2021, señaló que temía que la creciente huella de las mafias del narcotráfico en la región pudiera dar lugar a una situación similar al conflicto relacionado con las drogas que ha durado décadas en Río de Janeiro, donde la lucha de la policía contra los grupos de narcotraficantes y los paramilitares ha cobrado decenas de miles de vidas.

“Experimenté la forma en que el Estado perdió el control de la seguridad pública en Río de Janeiro”, comentó Saraiva. “Y en la Amazonia actual –si no se hace nada en términos de seguridad pública– nos enfrentamos a un Río de Janeiro del tamaño de un continente, en el que se suman los factores agravantes de las fronteras con los principales productores de drogas y un entorno en la selva extraordinariamente difícil”.

Saraiva advirtió sobre las funestas consecuencias que tendría para la selva y sus habitantes si se permitía que los grupos criminales se convirtieran en poderosos ejércitos como las facciones rebeldes de la vecina Colombia. “Tendremos insurgentes criminales… (cuya) ideología es el dinero”, indicó.

“Tendremos zonas de conflagración, de grandes conflictos entre facciones que estarán peleando por zonas de extracción ilegal de oro y madera. En medio de esto, tendremos víctimas indígenas. Y nos enfrentaremos a inmensas dificultades logísticas para combatirlo”, advirtió el jefe de policía, también escritor de un reciente libro titulado Jungle: Loggers, Miners and Corruption in a Lawless Amazon.

Esta alerta surge justo antes del primer aniversario de los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena brasileño Bruno Pereira, cuyas muertes revelaron la amplia devastación medioambiental y el creciente dominio del crimen organizado en la Amazonia.

Un año después de sus asesinatos, The Guardian se unió a otras 15 organizaciones internacionales de medios de comunicación y a más de 50 periodistas en una investigación conjunta sobre el crimen organizado y la extracción de recursos que tienen lugar en la Amazonia brasileña, en el marco de una iniciativa coordinada por Forbidden Stories, la organización sin fines de lucro con sede en París dedicada a continuar el trabajo de los reporteros que son amenazados, censurados o asesinados.

Las cifras recopiladas por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) para el proyecto Bruno y Dom ofrecen un sombrío retrato del impacto mortal del crimen organizado en la región, revelando que: Con más de 8 mil muertes, la tasa de delitos violentos letales deliberados en los nueve estados de la Amazonia brasileña fue más de un 50% superior a la del resto del país el año pasado, una tasa de asesinatos similar a la de México.

En el estado de Amazonas, donde Bruno Pereira y Dom Phillips fueron algunas de las mil 432 personas asesinadas el año pasado, la tasa de homicidios fue un 74% superior al promedio nacional. El año 2021 fue incluso más violento, con mil 571 víctimas y una tasa de muertes violentas de 36.8 por cada 100 mil habitantes, cinco veces superior a la de Estados Unidos.

El número de personas asesinadas por la policía militar y civil aumentó un 71% en la Amazonia entre 2016 y 2021, en comparación con el 35% registrado en el resto de Brasil. La población penitenciaria de la Amazonia creció un 35.1% entre 2016 y 2022, en comparación con el 14.1% en el resto del país, lo cual contribuye a que las facciones dirigidas desde las prisiones prosperen en cárceles superpobladas.

Las facciones delictivas más poderosas de Brasil –el PCC (Primer Comando de la Capital) de São Paulo y el CV (Comando Rojo) de Río– ahora operan en los nueve estados amazónicos, así como al menos otros 15 grupos delictivos regionales, entre ellos Os Crias, la Família del Norte y el Comando Clase A.

El año pasado, el FBSP reveló que en la Amazonia ahora se encuentran 10 de los 30 municipios más violentos de Brasil. Entre esto municipios se encontraban centros remotos de minería ilegal y contrabando de drogas como Jacareacanga y Japurá, y Novo Progresso, una zona de deforestación desde la que Phillips reportó para The Guardian en 2020. Estas tres ciudades tenían tasas de homicidio sorprendentemente altas, de más de 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

El avance de los grupos del crimen organizado quedó al descubierto con los asesinatos de Pereira y Phillips cometidos el año pasado en el Valle del Yavarí, una zona de ríos y selvas tropicales del tamaño de Austria ubicada en la frontera de Brasil con Colombia y Perú, los dos principales productores de cocaína del mundo.

La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, comentó a The Guardian que la violencia ha sido durante mucho tiempo “un rasgo distintivo de la ocupación depredadora de la Amazonia”, haciendo referencia a los asesinatos de activistas como Chico Mendes en 1988 y la hermana Dorothy Stang en 2005.

La decisión de la dictadura militar de colonizar la Amazonia en la década de 1960 –supuestamente para impedir que potencias extranjeras hostiles se apoderaran de la región escasamente poblada– provocó una lucha mortífera por la tierra y los recursos, devastó a las comunidades indígenas y provocó que aumentara la deforestación.

No obstante, Silva señaló que la “superposición de múltiples tipos de delincuencia” ahora implicaba que el Estado tenía que incrementar su presencia en las regiones afectadas.

Silva destacó la lucha del nuevo gobierno para desalojar del territorio indígena yanomami a los mineros clandestinos que tenían vínculos con el PCC.

El presidente del Foro de Seguridad Pública, Renato Sérgio de Lima, comentó que las estadísticas recopiladas por los investigadores de su grupo destacaban la forma en que la llegada de las facciones de narcotraficantes empeoró una mala situación, provocando que las tasas de homicidios en la Amazonia se dispararan incluso cuando disminuyeron en otras partes de Brasil.

Lima rastreó el avance de estos grupos en la Amazonia hasta 2016, cuando un infame narcotraficante fue asesinado en la frontera de Brasil con Paraguay. Ese asesinato ayudó al PCC a consolidar su control sobre la ruta de contrabando de drogas que se centra en la ciudad fronteriza de Ponta Porã y obligó a su rival, el CV, a dirigirse más al norte hacia la Amazonia.

El punto de destino del CV era Tabatinga, una ciudad descuidada ubicada en la triple frontera con Colombia y Perú, cerca del lugar donde Phillips y Pereira fueron asesinados el pasado mes de junio.

Lima calculó que el contrabando de cocaína a través de Brasil representaba en la actualidad el 4% del PIB del país sudamericano, y que aproximadamente el 40% de esas ganancias ilegales procedían de la Amazonia.

“Estamos hablando de algo así como 25 mil millones de dólares (unos 400 mil millones de pesos) inyectados a la economía de la Amazonia cada año y la región no está preparada para lidiar con esto”, indicó, advirtiendo que la respuesta de las fuerzas armadas había sido desafortunadamente inadecuada, ya que el ejército y la marina solo incautaron 41 armas de fuego en 2022.

Imágenes aéreas grabadas por Globoplay de Brasil, una de las organizaciones de noticias que participan en el proyecto Bruno y Dom, mostraron un presunto laboratorio de cocaína y una serie de plantaciones de coca que fueron creadas en la selva en la orilla peruana del río Yavarí.

“Si el Estado brasileño no interviene de forma urgente y firme, tendremos regiones (enteras) que estarán gobernadas por narcotraficantes”, señaló Beto Marubo, un destacado líder indígena que era cercano a Pereira.

Lima advirtió que si no se hacía nada, “el temor del ejército (de perder el control de la Amazonia) se convertirá casi en una profecía autocumplida. Efectivamente, perderemos la soberanía sobre la región y la región se consolidará como la principal ruta de contrabando del narcotráfico en Brasil y hacia Europa”.

Rodrigo Chagas, un investigador radicado en la Amazonia que está estudiando la rápida expansión de los grupos de narcotraficantes para el FBSP, hizo eco de las advertencias sobre la “colombianización”, la cual podría llevar a las fuerzas de seguridad a lanzar una catastrófica “guerra contra las drogas” similar a la que ha devastado al país vecino de Brasil durante décadas.

“Es posible que la Amazonia experimente tremendos estragos. Es un escenario que me preocupa, porque las respuestas de las fuerzas de seguridad pública que solemos observar son del tipo ‘guerra contra las drogas’, una guerra que es absolutamente perjudicial para las poblaciones locales”, explicó Chagas.

Saraiva señaló que, históricamente, las fuerzas armadas de Brasil han estado obsesionadas con la supuesta amenaza de que un “enemigo extranjero” se apodere de la Amazonia, una vasta región cuya extensión es nueve veces la de Francia. “Mientras tanto, tenemos una insurgencia criminal interna que está corroyendo la nación brasileña desde dentro, (y) está ocurriendo con mucha más rapidez de lo que imaginamos”, advirtió Saraiva, que fue jefe de la policía federal en tres estados amazónicos, Amazonas, Maranhão y Roraima.

Fue durante su servicio en la Amazonia cuando Saraiva tuvo contacto con Pereira. En 2019, poco antes de que Pereira se viera obligado a dejar su trabajo en la agencia gubernamental de protección indígena, Funai, el jefe de policía ayudó al defensor indígena a emprender una gran operación antiminera en la región del Yavarí denominada “Operación Korubo”.

En aquellas redadas se destruyeron 60 dragas de minería ilegal, lo cual, según cree Saraiva, puso a Pereira “en una situación muy delicada”. “En el Valle del Yavarí existe una convergencia entre el narcotráfico, la pesca ilegal, la explotación forestal ilegal y la minería. Y en medio de todo esto, había un hombre llamado Bruno (que intentaba combatir los delitos contra el medio ambiente)”, comentó Saraiva, recordando a un valiente y apasionado activista que llevaba “el altruismo en su ADN”.

La policía federal identificó a un turbio personaje local, presuntamente vinculado al crimen organizado, como presunto autor intelectual de los asesinatos perpetrados el año pasado. Los expertos indican que al menos cuatro facciones de narcotraficantes brasileños –el CV, el PCC, Os Crias y la Família del Norte– operan en la región, así como otros grupos de Colombia y Perú.

El creciente control del crimen organizado sobre la Amazonia nuevamente quedó al descubierto el mes pasado, cuando presuntos miembros del PCC atacaron a las fuerzas gubernamentales durante una redada realizada en una mina ilegal en el territorio indígena yanomami, cerca de Venezuela.

Cuatro hombres murieron en el tiroteo, entre ellos un líder del PCC apodado “Presidente”.

Un mensaje interceptado por la policía y compartido con The Guardian mostró a los jefes del PCC instando a sus miembros a tomar represalias contra la policía por “las muertes de nuestros hermanos”.

“Por lo que tengo entendido, el PCC no está ahí únicamente para sacar oro. Por supuesto que también lo hacen. Pero el objetivo principal es utilizar las pistas de aterrizaje ilegales para enviar armas y drogas a otros países, como Venezuela”, señaló una fuente policial.

La historia de Saraiva, a quien Dom Phillips entrevistó para el libro que estaba escribiendo sobre la Amazonia, resalta el creciente papel de las facciones criminales en los delitos que se cometen contra el medio ambiente.

Dos años después de que dejara de trabajar en la Amazonia, Saraiva sigue viajando en un auto blindado, la consecuencia de la información que sugiere que el PCC planeaba asesinarlo, a pesar de que su objetivo fue la lucha contra los delitos medioambientales, no el contrabando de drogas.

“El crimen organizado se está diversificando hacia otras actividades ilegales que la sociedad brasileña suele considerar como delitos menores”, explicó Saraiva, que en 2020 dirigió la incautación de madera ilegal más grande de la historia de Brasil.

“La mafia va a cualquier lugar donde haya dinero. No le importa si se trata de delitos contra el medio ambiente, tráfico de personas, cocaína. Y lo que ven allí (en la Amazonia) es oro y madera que se vende a un precio muy alto. Es obvio que no tardarían en involucrarse en esto”.