¿Donald Trump podría ir a la cárcel?

Donald Trump realmente podría ir a la cárcel.

Trump acaba de convertirse en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales federales.

En la noche del jueves se dio a conocer que Trump fue acusado de presunto manejo indebido de documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, en Florida.

Al parecer, se le imputan siete cargos, entre ellos el de retención deliberada de secretos de defensa nacional en violación de la Ley de Espionaje, el de declaraciones falsas y el de conspiración para obstruir la justicia. Deberá comparecer ante el tribunal de Miami, Florida, en la tarde del martes, probablemente después de entregarse al FBI en dicha ciudad.

Suele ser tentador exagerar desproporcionadamente cada drama de Trump y después perder de vista cuando ocurre algo genuinamente monumental. La acción del Departamento de Justicia de la noche del jueves fue verdaderamente monumental.

En primer lugar, plantea la siguiente pregunta: ¿qué estaba haciendo Trump con secretos gubernamentales? El mes pasado se informó que los fiscales obtuvieron una grabación de audio en la que Trump habla sobre conservar un documento clasificado del Pentágono relacionado con un posible ataque contra Irán.

En segundo lugar, en poco tiempo Trump podría unirse a un infame club en el que figuran Silvio Berlusconi, de Italia, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac, de Francia, y Park Geun-hye y Lee Myung-bak, de Corea del Sur. Todos ellos fueron procesados y condenados por corrupción en los últimos 15 años.

Se trata de la última prueba de resistencia de Trump para la democracia estadounidense: ¿puede el Estado exigir responsabilidades a un expresidente y aplicar la ley? El caso de Richard Nixon casi pudo ocurrir, ya que pudo haber tenido que enfrentarse a cargos federales por el Watergate, pero su sucesor, Gerald Ford, lo indultó.

La Casa Blanca sabe que no puede permitirse el lujo de equivocarse. El presidente estadounidense, Joe Biden, intenta evitar hacer comentarios sobre los innumerables problemas legales de Trump. El fiscal general, Merrick Garland, también los ha mantenido apartados con la designación de Jack Smith como abogado especial. Smith es quien investigó el caso de los documentos de Mar-a-Lago.

Carl Tobias, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond, en Virginia, comenta: “No creo que sea un fiscal extralimitado. Él es muy riguroso y enérgico e independiente y eso es lo que se quiere en este caso y lo que se necesita. No creo que Merrick Garland haya tenido algo que ver, salvo en su nombramiento”.

Pero, ¿y el Partido Republicano? ¿Aceptó solemnemente la noticia de la acusación y pidió a los estadounidenses que permitieran que la justicia siguiera su curso? ¿Finalmente terminó la fiebre por Trump, con los líderes del partido denunciando al viejo demagogo y dando paso a una nueva era?

No fue así.

“Es inadmisible que un presidente acuse al principal candidato que se le opone“, escribió en Twitter Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes. “Yo, y todos los estadounidenses que creen en la ley, nos unimos al presidente Trump contra esta grave injusticia”.

Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida y principal rival de Trump en las elecciones primarias presidenciales del Partido Republicano, escribió en Twitter: “El uso de la ley federal como arma representa una amenaza mortal para una sociedad libre… ¿Por qué tanto empeño en perseguir a Trump y tanta pasividad respecto a Hillary o Hunter?”.

El senador JD Vance, de Ohio, la calificó como una “acusación falsa”, el senador Bill Hagerty, de Tennessee, comparó a Estados Unidos con una “república bananera” y el senador Josh Hawley, de Misuri, comentó a la cadena Fox News: “Si el presidente en funciones puede simplemente encarcelar a sus oponentes políticos, que es lo que Joe Biden está intentando hacer esta noche, ya no tenemos una república”.

Las bases de Trump se mostrarán igualmente indiferentes. Aceptarán su afirmación de “interferencia electoral” por parte de sus enemigos. Dirán que también se descubrió que tanto Biden como el exvicepresidente Mike Pence tenían documentos clasificados, olvidando –o ignorando deliberadamente– que Biden y Pence acataron las órdenes de las autoridades mientras Trump supuestamente obstruía la justicia.

También destacarán las cada vez más bulliciosas acusaciones de soborno que los republicanos de la Cámara de Representantes formulan contra Biden y su familia (de las que no han aportado ninguna evidencia) como prueba de una doble moral. Una entrevista de Fox News con la diputada Marjorie Taylor Greene estuvo acompañada por el generador de textos: “Trump acusado el mismo día en que potencialmente se confirma el escándalo de Birmania”, la palabra potencialmente costó mucho trabajo.

En resumen, no se trata tanto de un cambio radical sino de una repetición de lo sucedido hace menos de tres meses, cuando la fiscalía del estado de Nueva York acusó a Trump de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en relación con el pago de un soborno realizado a una estrella del cine para adultos. El expresidente saturó el ciclo de noticias, gozó de un impulso en las encuestas y obligó a sus rivales en las primarias a congregarse a su alrededor. Recaudó más de 4 millones de dólares en las 24 horas posteriores a la revelación de la acusación.

Parece probable que se repita el mismo ciclo de aclaraciones y repeticiones cuando Trump sea objeto de nuevas acusaciones por la insurrección del 6 de enero y la manipulación de las elecciones en el estado de Georgia. No obstante, existe la impresión de que la situación está cobrando impulso, a medida que la agenda electoral y la judicial se precipitan hacia una gran colisión.

¿Podría Trump aceptar la nominación republicana mientras lleva una tobillera electrónica? ¿Podría enfrentarse a Biden desde una celda? ¿Podría convertirse la presidencia estadounidense en la mejor carta para salir de la cárcel? Las especulaciones burlonas de hoy suelen convertirse en los titulares de mañana.