Propietarios del volcán de Nueva Zelanda que hizo erupción niegan responsabilidad por la seguridad de los turistas

Los propietarios de un volcán de Nueva Zelanda que entró en erupción fatal en 2019 rechazaron los argumentos del regulador de seguridad laboral del país de que, en última instancia, ellos administraban y controlaban las actividades en la isla y asumían la responsabilidad legal de si los turistas visitantes estaban seguros.

Cuando el volcán de la Isla Blanca/Whakaari explotó el 9 de diciembre de 2019, murieron 22 turistas (17 de ellas australianas) y otras 25 resultaron heridas. Provocó un renovado debate sobre los controles del turismo de peligros naturales en Nueva Zelanda.

El jueves concluyó en el tribunal de distrito de Auckland un largo juicio contra Whakaari Management Limited (WML), una empresa codirigida por los tres hermanos propietarios del volcán activo frente a la costa este de la Isla Norte.

Había comenzado con emotivos y gráficos relatos de los turistas supervivientes de la erupción del volcán (muchos de los cuales eran pasajeros de cruceros) que dijeron que no sabían los peligros que enfrentaban cuando caminaban hacia el cráter de Whakaari.

Los investigadores de la agencia gubernamental WorkSafe acusaron a una docena de partes de violaciones de las leyes de salud y seguridad después del desastre, incluidas empresas de turismo, agencias científicas y los propietarios de la isla.

Seis organizaciones admitieron los cargos en su contra antes de que el caso del volcán llegara a juicio. Pero, a pesar de que la investigación fue considerada la más compleja de su tipo en la historia de Nueva Zelanda, el caso contra las partes restantes comenzó a desmoronarse después de que comenzó el juicio en julio: cinco empresas o personas, que se habían declarado inocentes, vieron desestimados sus cargos después de que concluyeran las pruebas de la acusación el mes pasado.

Con solo un acusado restante, los argumentos finales de esta semana cuestionaron si WML, empresa creada para otorgar licencias a operadores turísticos en la isla, era un administrador activo con responsabilidad legal sobre la seguridad con la que esas empresas operaban en sus tierras, y si las acciones que tomaban cumplían con todas las obligaciones que tenían.

Para la fiscal Kristy McDonald, el caso giraba en torno al dinero; Andrew, James y Peter Buttle ganaron 1 millón de dólares neozelandeses (10 millones 570 mil pesos) en honorarios y comisiones por las licencias que su empresa concedía a los operadores turísticos, dijo al tribunal.

Las ganancias “no se reinvirtieron en la gestión y comprensión los riesgos” del turismo en un volcán activo, dijo McDonald. La empresa tenía obligaciones legales “hacia los turistas cuyas tarifas financiaban su negocio” porque eran administradores comprometidos y activos que tenían la discreción de impedir que los operadores usaran sus tierras.

Pero James Cairney, abogado de WML, dijo que los propietarios del volcán habían creado la empresa únicamente para gestionar el aspecto financiero de la concesión de licencias y que la existencia de un interés comercial no era algo de lo que avergonzarse.

“Los ataques a los aspectos financieros en este caso realmente no ayudan a ninguna de las cuestiones clave para la determinación de su señoría”, dijo Cairney, refiriéndose a los comentarios de la fiscalía durante el juicio de que los propietarios habían antepuesto las ganancias a la seguridad.

La empresa no tenía control activo de las actividades cotidianas en la isla, ni presencia en Whakaari ni en la región, y se creó únicamente para otorgar licencias de acceso a otras empresas, añadió.

Cairney dijo: “Whakaari no es un negocio, es una isla”.

“¿Fue peligroso? Sí. WML no rehúye eso. Otorgar derechos de acceso a un volcán activo no es más que… el propietario otorgue derechos de acceso a los turistas a tierras naturales peligrosas, lo que ocurre en toda Nueva Zelanda todo el tiempo”.

Nada en las licencias otorgadas a los operadores turísticos prometía un papel continuo para WML en las operaciones en la isla, dijo Cairney. Añadió que, en cualquier caso, la empresa había hecho todo lo que la ley exigía a los propietarios de tierras.

El juicio del volcán ha sido la prueba más grande hasta el momento de las amplias reformas introducidas en 2015 de Nueva Zelanda a sus leyes de salud y seguridad en el lugar de trabajo (las más significativas en dos décadas) que transfirieron la responsabilidad de los riesgos en el lugar de trabajo a quienes “dirigen un negocio o empresa”, quienes deben ser proactivos en cuestiones de riesgo en lugar de depender de los reguladores.

Los cambios, que alinearon la legislación de Nueva Zelanda con las de Gran Bretaña y Australia, fueron impulsados por la muerte de 29 trabajadores en la explosión de la mina Pike River en 2010.

El centro del juicio de Whakaari fue si era razonable considerar a WML parte responsable y, en caso afirmativo, si no cumplió con sus obligaciones. La empresa y sus directores, a quienes se desestimaron los cargos individuales en su contra el mes pasado, parecían creer que “no tenían ninguna obligación legal”, dijo McDonald.

“WML efectivamente señala con el dedo a todos los demás”, añadió. Durante el caso, una agencia científica y los administradores de emergencias locales fueron objeto de escrutinio por su preparación para un desastre de este tipo.

Era “peligroso” sugerir que “una única empresa privada” tenía la responsabilidad de determinar el “riesgo social” de una actividad, dijo Cairney.

Después de casi dos meses de pruebas de la fiscalía, las declaraciones del jueves de Cairney fueron la primera vez que los propietarios de la isla presentaron una defensa contra los cargos.

El número de muertes y la naturaleza traumática del desastre, que llegó a los titulares de todo el mundo, habían creado un riesgo de “sesgo retrospectivo” en un “deseo de responsabilizar a alguien”, dijo Cairney, en un caso “ortodoxo” de propietarios de tierras que brindan acceso a terrenos para actividades de aventura.

El juez Evangelos Thomas, encargado de dirimir el caso del volcán, dijo que daría su veredicto el 31 de octubre.

Las seis partes que se declararon culpables de los cargos que se les imputan serán sentenciadas en Whakatane, en Bahía de la Abundancia, donde se encuentra Whakaari, el 19 de octubre. Entre ellos se incluyen la empresa de turismo que trajo visitantes a la isla en barco; la erupción mató a dos de los guías de la compañía. Las empresas se enfrentan a multas máximas de 1.5 millones de dólares neozelandeses (15 millones 800 mil pesos) si son declaradas culpables.

Traducción: Ligia M. Oliver

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