Historia de dos ciudades: un mes después del huracán Otis, Acapulco muestra deficiencias ante su respuesta a catástrofes

En el hotel Los Flamingos, un antiguo lugar de reunión de personalidades de Hollywood en Acapulco (México), la pintura rosa y unas cuantas fotos enmarcadas de las estrellas son todo lo que ha salido indemne del huracán Otis. Miguel Ángel, el gerente, lo ha estado arreglando con la esperanza de reabrirlo, al menos en parte, antes de Navidad. La temporada alta ya debería estar en pleno apogeo. “Si no vienen los turistas, no sé qué vamos a hacer”, dice, y su optimismo vacila por un momento.

En la madrugada del 25 de octubre, Otis azotó Acapulco como el huracán más potente que jamás haya tocado la costa del Pacífico mexicano. Se intensificó con una rapidez excepcional, por lo que pocos de los 850 mil habitantes de Acapulco pudieron evacuar la ciudad. La mayoría se refugió en sus casas y hoteles mientras los vientos de 165 km/h azotaban la ciudad. Ochenta personas murieron o desaparecieron. Las estimaciones preliminares de daños y pérdidas ascienden a 12 mil 800 millones de libras (281 mil 135 millones de pesos aproximadamente).

“En los primeros días no hubo autoridad. Todos los servicios básicos estaban desconectados”, afirma Naxhelli Ruiz, experta en respuesta a catástrofes de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Lo que vimos fue catastrófico: como Japón en 2011 o Indonesia en 2004”.

Un mes después se ha restablecido gran parte de la infraestructura básica. Pero la respuesta del gobierno ha sido lenta, obstaculizada por los recientes cambios institucionales, y desigual, centrándose en la zona turística costera de Acapulco, pero no en los barrios más pobres y aún menos en las comunidades fuera de la ciudad.

El mensaje del gobierno ha minimizado la magnitud del desastre, declarando el fin de la emergencia tras solo dos semanas.

“Las catástrofes siempre son complicadas. Siempre habrá críticas y siempre habrá costos políticos”, afirma Ruiz. “Pero desde mi punto de vista, las respuestas a catástrofes anteriores fueron, sin duda, mejores”.

Caminando por el bulevar costero de Acapulco se notan signos de vuelta a la normalidad. La mayoría de los escombros se han retirado y el tráfico fluye con normalidad. Farmacias, supermercados, restaurantes, bancos y gasolineras vuelven a funcionar.

Algunos hoteles de gran altura permanecen cerrados con tablas, pero otros están llenos de actividad mientras los equipos trabajan para limpiar las habitaciones. Los exteriores todavía llevan la marca del huracán Otis; algunos parecen haber sido arrasados por garras gigantes, con las ventanas rotas, los paneles arrancados y los aparatos de aire acondicionado colgando como entrañas.

Un domingo al mediodía, la playa estaba llena de gente tocando música y tomando algo. Un grupo jugaba al tenis en una pista rodeada de montones de escombros mientras otro trotaba por el paseo marítimo, entrenándose para un maratón en la ciudad norteña de Monterrey.

El panorama era muy distinto en Zapata, un barrio obrero separado de la playa por un túnel de 3 km. Las calles estaban llenas de escombros y algunas seguían inundadas tras el desbordamiento del canal.

Lubia Bernal y José Luís Palacios, ambos profesores, señalaban la marca que el agua había dejado en la pared de su casa, muy por encima de sus cabezas.

La electricidad se restableció después de nueve días, pero el suministro seguía siendo esporádico, dijeron. Los funcionarios habían venido a comprobar los daños, pero no estaba claro qué ayuda recibirían ni cuándo. Sus vecinos alquilaron maquinaria para limpiar su propia calle, echando los escombros a la orilla del canal, que estaba atascado de lodo y basura.

“Antes, el canal estaba unos metros por debajo del muro”, dice Palacios. “Ahora se puede cruzar andando”.

José, su hijo de 18 años, nos guio hasta la escuela pública local, donde una calcomanía en la puerta indicaba que funcionarios habían visitado el lugar para evaluar los daños. Sin embargo, algunos padres insistieron en que las autoridades habían sido de poca ayuda. El suelo seguía cubierto de lodo, ramas y cristales rotos. Dentro de los salones de clase, los pupitres estaban tirados por todas partes. José dijo que los estudiantes ya habían perdido un año entero de clases durante la pandemia y ahora esperaban perder otro más.

Fuera de la ciudad, en la localidad costera de Barra Vieja, las escuelas también estaban cerradas, pero la gente parecía más preocupada por la economía y su salud. El huracán había arrancado los tejados de sus casas y destruido los restaurantes de playa de los que dependen. Las colas de gente serpenteaban a la salida de una cancha de baloncesto reconvertida en centro de triaje.

Nicolás González Morales, un líder de la comunidad, dijo que habían tardado una semana en llegar los suministros tras el huracán y 18 días en restablecer la electricidad.

“En esas primeras semanas, tuvimos que dormir a la intemperie por el calor, luchando contra los mosquitos”. González señaló hacia las colas. “Pueden ver cuánta ayuda necesitamos todavía. Hay mucha gente con diarrea, fiebre, dengue”.

El huracán destruyó muchos centros de salud en comunidades rurales y otros están cerrados por falta de personal y suministros. Organizaciones sin fines de lucro, como Medical Impact han intervenido. Gabriel Hernández, su director médico, dijo que la gente estaba perdiendo el control de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, contrayendo infecciones estomacales por agua y comida en mal estado, y que los mosquitos proliferaban en las calles llenas de agua. En una sala de la clínica improvisada, un médico realizaba una ecografía a una mujer embarazada.

“En las próximas semanas y meses morirá más gente de la que murió durante el huracán”, afirma Hernández. “Tenemos que poner de relieve lo que está ocurriendo en estas comunidades, donde nadie tiene seguro ni un plan B. Si no se hace algo para ayudarles, vivirán con los daños durante mucho tiempo”.

Según Naxhelli Ruiz, la falta de rapidez y coordinación en la respuesta del gobierno se debe en parte a dos cambios políticos recientes.

El primero llegó a finales de 2018, con cambios institucionales sobre quién dirigiría la respuesta ante desastres. Hasta entonces, el sistema nacional de protección civil y sus ramas a nivel estatal habían coordinado dichas respuestas, recurriendo a las fuerzas armadas en busca de mano de obra. En cambio, las fuerzas armadas asumen el liderazgo, aunque no tengan ni la formación específica ni los conocimientos locales para llevarlo a cabo.

“Antes teníamos un sistema descentralizado y con múltiples actores”, dice Ruiz. “Ahora tenemos una respuesta centralizada y militarizada”.

El segundo cambio se produjo en 2021, cuando se disolvió el FONDEN, el fondo para catástrofes. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo justificó alegando problemas de corrupción. Ruiz dice que esas críticas eran fundadas, pero la respuesta no era deshacerse del fondo, sino reformarlo.

El fondo había permitido disponer de más dinero para responder a las catástrofes con rapidez y a largo plazo. Sin él, sigue habiendo recursos para responder a catástrofes anuales de menor envergadura, como ciclones tropicales, deslizamientos de tierra e inundaciones, pero no a un huracán de categoría 5”.

Otis fue el primero de estos fenómenos desde que se introdujeron esos cambios. “Acontecimientos como éste no son inesperados”, dice Ruiz. “Y la respuesta del gobierno a esta catástrofe también era de esperar, dados estos cambios”.

López Obrador ha prometido poner a Acapulco “de nuevo en pie” a tiempo para Navidad. A principios de noviembre se publicó un plan de ayuda de 2 mil 700 millones de libras (60 mil millones de pesos), que incluye pagos por las viviendas dañadas, préstamos para pequeñas empresas y electricidad gratuita durante varios meses, así como paquetes semanales de alimentos y electrodomésticos de repuesto. La atención se centró en el dinero y la seguridad, sin mención alguna a la salud o la educación.

“Algunas de estas medidas podrían ayudar”, dice Sebastián Rodríguez, que dirige el equipo de Oxfam México en Acapulco. “Pero no está muy claro cómo se va a desarrollar este plan. Tienen que asegurar que la ayuda llegue a los que más la necesitan”.

Ruiz también destacó la falta de mecanismos que garanticen la transparencia y la preocupación de que los esfuerzos de ayuda y reconstrucción puedan tergiversarse con fines políticos. “Me parece muy preocupante que en el presupuesto de 2024 no haya un fondo o una cantidad concreta dedicada a esto”, afirma Ruiz.

El hecho de que los esfuerzos del Gobierno se hayan centrado en la zona costera de Acapulco refleja la prioridad: reactivar el turismo y, por tanto, la economía. Acapulco ha sido durante mucho tiempo uno de los principales destinos de playa de México. En su apogeo, fue patio de recreo de la élite internacional. Recientemente, el turismo en Acapulco ha sido predominantemente nacional. Mientras tanto, la ciudad se ha convertido en un centro de actividades ilícitas. A menudo se la clasifica entre las más violentas del mundo, y el municipio tiene más personas en situación de pobreza extrema que ningún otro de México.

En este complejo contexto, los expertos señalan el riesgo de que los fondos para una reconstrucción multimillonaria se desvíen a través del crimen organizado, la corrupción y el conflicto de intereses. El 23 de noviembre se creó una comisión especial para supervisar la reconstrucción de Acapulco, de la que forma parte el senador Félix Salgado Macedonio, padre del actual gobernador de Guerrero. Ni el gobierno estatal ni el federal respondieron a las solicitudes de entrevistas.

Otra cuestión es si el objetivo de la reconstrucción debe ser devolver Acapulco a lo que fue, o si debe tomarse como una oportunidad para cambiar la estructura social y económica de la ciudad.

“Guerrero es uno de los estados con mayores desigualdades en México, incluyendo pobreza extrema y falta de servicios sociales”, dice Blanca Meza, de Oxfam México. “Necesitamos reconocerlo. De lo contrario, las desigualdades simplemente se reproducirán”.

Muchos temen que Acapulco simplemente vuelva a su forma original, sin abordar sus problemas estructurales. “Ojalá me equivoque, pero creo que veremos a mucha gente desplazada porque no habrá una base económica que ofrezca trabajo”, dice Ruiz. “Creo que veremos un gran éxodo de la ciudad”.

Traducción: Ligia M. Oliver

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