Asesinato, sequía y peyote: la lucha mortal por el agua de México

Cada año, los miembros del pueblo indígena wixárika de México realizan una ardua peregrinación de 800 km desde San Andrés Cohamiata, en los Altos de Jalisco, hasta el desierto semiárido de San Luis Potosí. Su destino es Wirikuta, un lugar sagrado donde, según sus creencias, el mundo se creó a partir de una gota de agua. Una vez reunidos, los peregrinos esperan una noche especial en la que se bendice y distribuye peyote, un cactus alucinógeno que constituye el núcleo de los rituales espirituales del pueblo wixárika. Pero desde hace cinco años una sombra se cierne sobre la ceremonia: la falta de agua, la sequía.

“Antes había aquí una especie de alfombra de peyote”, dice Silviño, que regenta un popular albergue en el desierto. “Ahora hay que buscarlo. Con un poco de lluvia, cientos podían crecer muy deprisa, pero sin lluvia se secan antes incluso de tener la oportunidad de crecer”.

La falta de lluvia no es el único factor que provoca la escasez de agua en esta región desértica. Primero la minería y ahora la agroindustria amenazan los manantiales del desierto, afectan al clima y ponen en peligro el derecho al agua de los residentes.

Conocidos como los “guardianes del peyote”, hay unos 80 mil wixárika, también llamados huicholes. Para esta etnia de habla utoazteca, el agua es un regalo de los dioses al que atribuyen poderes de purificación, curación y fertilidad. Debido a su aislamiento, son una de las comunidades indígenas de México que mejor han conservado sus tradiciones y creencias, y la reserva cultural y ecológica de Wirikuta, de 140 mil hectáreas, está considerada su lugar más sagrado.

La región fue escenario de un conflicto en 2010, después de que el gobierno federal mexicano otorgara concesiones mineras de plata y oro, el 70% de las cuales se superponían a la reserva de Wirikuta, según los activistas. Un año después, el gobierno otorgó más concesiones, y el 42% de las tierras destinadas a la minería invadían la zona de la reserva.

Defensores indígenas, ecologistas y ONGs, como Culture Survival, temen que la explotación minera provoque una mayor escasez de agua y produzca residuos que contaminen el medio ambiente. Metales pesados como el cianuro, utilizado para el tratamiento de la plata, suelen contaminar el suelo alrededor de las minas de plata y oro, afectando a las aguas subterráneas y a los ríos, con consecuencias para la cuenca hidrográfica de la región.

Para contrarrestar esta amenaza, los wixárika se movilizaron para preservar las fuentes de agua superficiales y subterráneas de Wirikuta; Margarito Díaz, un marakame o chamán, estuvo al frente de la acción.

“Sabíamos que no estaba haciendo amigos defendiendo el agua, pero nunca imaginamos que podría costarle la vida”.

Arsenio Díaz, hijo de Margarito

Junto con otras comunidades del desierto, los wixárika organizaron una marcha de protesta hasta Palacio Nacional en la Ciudad de México en 2011; como consecuencia, en septiembre de 2013, un juez ordenó la suspensión de las 78 concesiones mineras otorgadas en el territorio Wirikuta.

Pero el éxito en este caso y una serie de resultados positivos en nombre de su pueblo en otras campañas convirtieron a Díaz en un objetivo. La noche del 8 de septiembre de 2018 fue asesinado a tiros. Tenía 59 años de edad.

“Sabíamos que no estaba haciendo amigos defendiendo el agua y la cultura de nuestro pueblo indígena, pero nunca imaginamos que eso podría costarle la vida”, dice Arsenio Díaz, el mayor de los seis hijos del chamán.

El nombre de Díaz, junto con los de los líderes wixárika Vázquez y Agustín Torres, asesinados por narcotraficantes en 2017, figura en la lista de los mil 335 defensores de toda América Latina que perdieron la vida entre 2012 y 2022, según Global Witness. Los indígenas son un objetivo desproporcionado, ya que representan más de un tercio de los ataques, a pesar de constituir sólo el 5% de la población mundial.

En julio de 2022 se detuvo a un sospechoso por el asesinato de Díaz y la investigación sigue abierta. Sin embargo, Maximino Muñoz de la Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, no tiene duda de que en un país donde el 93% de los homicidios quedan impunes, quien estuvo detrás del tiroteo sigue libre.

Lo cierto es que aún después de la muerte de Díaz, y a pesar de sus victorias, la tierra y el agua de Wirikuta siguen amenazadas.

Hace veinte años, la vista desde el patio trasero de una pequeña casa en La Pasadita era de cactus creciendo hasta donde alcanzaba la vista. Ahora, la flora del desierto ha desaparecido y ha sido sustituida por enormes granjas que cultivan una sola cosa: tomateras.

Desde la década de 2000, la agricultura ha crecido exponencialmente en el estado de San Luis Potosí, contribuyendo a convertir a México en el principal exportador mundial de tomates, al tiempo que ejerce más presión sobre sus ya escasos recursos hídricos. Varias empresas mexicanas, atraídas por las tierras baratas y las ayudas del gobierno, se instalaron en la región wixárika.

San Luis Potosí se ha convertido en la segunda región productora de tomate del país; se han comprado unas 2 mil hectáreas a los habitantes del desierto para cultivar tomates. Tan sólo en Wirikuta, la tierra dedicada a la producción de tomate se ha más que triplicado desde 2014, y ahora abarca 170 hectáreas.

La temperatura ronda los 40°C mientras Erica Villanueva Moncada, de 31 años, amamanta a su bebé de tres meses en la pequeña sala de su casa: “Estaba embarazada de cinco meses la última vez que llovió”, dice. “Lo recuerdo porque aquí se habla de un día de lluvia como si fuera algo extraordinario”.

Villanueva tiene 11 hermanos y vive con sus padres. Para beber, bañarse, lavar la ropa y regar sus cultivos, la familia no tiene más remedio que comprar agua. Un depósito de 10 mil litros cuesta unos 700 pesos, que duran menos de un mes. Están preocupados por el maíz y los frijoles, que han sido difíciles de cultivar desde que comenzó la sequía en mayo de 2022. Los Villanueva creen que los responsables de la sequía son los vecinos que vendieron sus tierras a los tomateros.

“Desde aquí se oyen sus cohetes antigranizo (disparados al cielo para dispersar las nubes de tormenta y evitar que el granizo dañe los cultivos) y sus aviones agrícolas, y se ve que el cielo está tenso como si fuera a llover. Luego, después de que pasen los aviones, no cae nada”, dice Mari, la madre de Erica, de 58 años, describiendo las tecnologías “antigranizo” que utilizan las granjas. Muchos culpan a los cohetes antigranizo, que según las investigaciones podrían no ser eficaces, de interrumpir la lluvia además del granizo y provocar sequías.

“Defenderemos nuestros bienes naturales colectivos hasta el final pase lo que pase”. Álvaro “Puwari” Ortiz, artista

Pero lo que más preocupa a la familia Villanueva es que los acuíferos acaben secándose. El riego de los cultivos de tomate en San Luis Potosí requiere más de 4 millones de metros cúbicos de agua al año. Los productores de tomate han recurrido a la perforación de nuevos pozos en el desierto para regar sus cultivos.

“Es un problema que ya estamos viendo, pero que pone en peligro el sustento de nuestros hijos y nietos”, afirma Héctor Villanueva, primo de Erica. Para presionar a las autoridades, creó el Comité del agua, dedicado a denunciar la situación.

En su lucha por defender los recursos naturales, las comunidades del desierto han encontrado aliados en los wixárika. Álvaro Ortiz, de 50 años, conocido como “Puwari”, es uno de los continuadores de la lucha de Díaz. Es un artista cuyos diseños se inspiran en la comunidad indígena.

Para Puwari, la batalla por el agua es la madre de todas las luchas: “Tatei haramara (Madre agua) en la cosmovisión wixárika es nuestra madre porque venimos de ella, por eso es importante cuidarla y luchar contra todo lo que altere su curso natural”, dice.

La Unión de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, de la que Díaz fue secretario, también se ha sumado a la lucha contra lo que consideran un proceso de privatización del agua y el desierto por parte de la agroindustria.

En agosto de 2023, tras decenas de reuniones con pobladores y representantes wixárika, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó un decreto por el que se “reconocen, protegen, preservan y salvaguardan” todos los lugares y sitios sagrados del pueblo wixárika y se establece un catálogo de estos sitios sagrados a través del Instituto Nacional de Antropología (INA), un sueño largamente acariciado por Díaz.

Sin embargo, la aplicación de este decreto sigue sin estar clara, al igual que las garantías legales contra la venta de tierras a empresas. Por ello, Puwari se mantiene firme en su papel de líder de la resistencia. “Defenderemos nuestros bienes naturales colectivos hasta el final pase lo que pase”, afirma.

En el desierto, Suzana, de 50 años, marakame experimentada y una de las herederas religiosas de Díaz, invoca la lluvia. Noelia, su sobrina de siete años, está cerca. La niña tuvo una visión hace un año cuando consumió peyote: un día, ella también será marakame. La próxima generación de defensores de la naturaleza está llegando.

Este reportaje ha contado con el apoyo del Fondo de Periodismo.

Traducción: Ligia M. Oliver

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