Alarma en la ONU por leyes de concordia que podrían ‘blanquear’ el franquismo en España
La ONU advierte que las leyes de concordia pueden contravenir las normas internacionales de derechos humanos.
La ONU advierte que las leyes de concordia pueden contravenir las normas internacionales de derechos humanos.
Tres expertos de la ONU advierten que las leyes de concordia propuestas pueden transgredir las normas internacionales de los derechos humanos.
Las nuevas leyes propuestas por los gobiernos regionales de coalición de derecha y extrema derecha para “blanquear” la dictadura franquista podrían contravenir las normas internacionales de derechos humanos, según han advertido a España los expertos de la ONU en verdad, justicia, desapariciones forzadas y asesinatos.
Hace dos años, el gobierno socialista español presentó una ley de Memoria Democrática diseñada para aportar “justicia, reparación y dignidad” a las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura.
La ley, que se basaba en la legislación socialista anterior, contiene docenas de medidas destinadas a ayudar a “saldar la deuda de la democracia española con su pasado”.
Entre ellas: la creación de un censo y un banco nacional de ADN para ayudar a localizar e identificar los restos de las decenas de miles de personas que aún yacen en tumbas sin nombre; la prohibición de grupos que glorifiquen el régimen franquista; y una “redefinición” del Valle de los Caídos, la gigantesca basílica y memorial donde Franco yació durante 44 años hasta su exhumación en 2019.
El conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, que se opusieron a la ley, han intentado sustituirla por “leyes de concordia” en tres regiones en las que gobiernan en coalición: Aragón, Castilla y León y Valencia.
Los detractores de las leyes de concordia, incluidos el gobierno nacional y las asociaciones de memoria histórica, las han tachado como un intento flagrante de restar importancia, justificar o erradicar los horrores del franquismo.
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En una carta enviada al gobierno español a finales de abril, tres expertos de la ONU afirmaron que la información que habían recibido sobre las leyes propuestas “podría afectar a las obligaciones del estado español… en materia de derechos humanos, especialmente a su obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica sobre graves violaciones de los derechos humanos”.
La carta, firmada por Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Aua Baldé, presidenta del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, añadía: “Instamos al gobierno español a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto a las normas internacionales que rigen la preservación de la memoria histórica sobre graves violaciones a los derechos humanos”.
Los expertos señalaron que la ley de concordia propuesta en Aragón podría frustrar los proyectos públicos de memoria histórica y ocultar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, ya que no menciona ni critica explícitamente el carácter dictatorial del régimen. También señalaron que la nueva ley “suprimiría muchas asociaciones y actividades de memoria histórica” y cerraría el portal web de memoria histórica del gobierno regional, que incluye un mapa de fosas comunes.
Según ellos, la ley presentada en Castilla y León no utiliza la palabra “dictadura” en relación con el franquismo y no condena expresamente las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo entre el inicio de la guerra civil en 1936 y el retorno a la democracia en 1978.
El trío afirmó que la ley “haría invisibles las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista”.
También dijeron que la ley que Vox proponía en Valencia despreciaba a los cientos de miles de víctimas de la guerra civil y el franquismo al referirse a “todas las víctimas de la violencia social, política y terrorista y de la persecución ideológica y religiosa”.
Los expertos recordaron que España tiene un deber con las víctimas de desapariciones forzadas.
“No investigar y juzgar estas violaciones es en sí mismo un incumplimiento de las normas establecidas en los tratados de derechos humanos”, señalaron. “La impunidad de tales violaciones puede ser un factor importante en la repetición de estas”.
El gobierno español, que ha dicho que combatirá las leyes de concordia ante el Tribunal Constitucional, la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, acusó al PP y a Vox de intentar “blanquear el franquismo y reescribir la historia”.
“El hecho de que los ponentes y el grupo de trabajo hayan firmado una carta conjunta demuestra la gravedad de estas violaciones”, dijo un portavoz del gobierno.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que lleva más de dos décadas exhumando fosas comunes y haciendo campaña por la justicia para las víctimas del franquismo, acogió con satisfacción la carta.
“Las leyes de concordia son un intento de blanquear el franquismo y ensalzar la dictadura, lo que representa un acto de agresión a sus víctimas”, dijo.
Sin embargo, el presidente regional del PP de Aragón criticó a los expertos. “Lo que dice este informe es mentira”, dijo Jorge Azcón. “Hacía falta más seriedad. Esto deja en mal lugar a la ONU”.
Juan García-Gallardo, vicepresidente de Vox en Castilla y León, insistió en que las nuevas leyes pretenden tratar a todas las víctimas por igual. También arremetió contra los especialistas de la ONU.
“De entrada, hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española y qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto en la prensa muestra mucha incomprensión”, dijo.
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