Máximo tribunal de la ONU: CIJ ordena a Israel el cese inmediato de la ofensiva en Rafah
El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, afirma que la situación humanitaria en Rafah, Gaza, se califica ya como desastrosa.
El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, afirma que la situación humanitaria en Rafah, Gaza, se califica ya como desastrosa.
El máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ordenó a Israel que detenga su asalto a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, en un fallo que aumentará la presión sobre el país, cada vez más aislado.
El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, declaró que la situación humanitaria en Rafah se había deteriorado aún más y ahora se califica como “desastrosa”, lo que significa que las medidas provisionales dictadas anteriormente por la CIJ han sido insuficientes.
Dijo que el tribunal había votado por una mayoría de 13 votos contra 2 que, “Israel, de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y en vista del empeoramiento de las condiciones de vida de la población civil en la provincia de Rafah, debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la provincia de Rafah que pueda infligir al colectivo palestino de Gaza condiciones de vida que provoquen su destrucción física total o parcial”.
La orden de la CIJ no es ejecutable, y los ministros israelíes indicaron que no la cumplirían.
Las fuerzas israelíes intensificaron los ataques militares contra Gaza, bombardeando objetivos en Rafah, incluso mientras la CIJ emitía su decisión, según manifestaron residentes y médicos.
El fallo del viernes de la CIJ es la tercera intervención del tribunal en el conflicto, y por mucho la más importante, y se produce cuatro días después de que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, otro tribunal con sede en La Haya, declarara que solicitaba órdenes de detención contra altos cargos de Hamás e Israel por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.
La decisión aumentará la presión sobre Reino Unido y Estados Unidos, que criticaron la petición de órdenes de detención de la CPI, para que ejerzan su influencia sobre Israel.
Sin embargo, tras hablar por teléfono con el secretario de estado estadounidense, Antony Blinken, el ministro del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, rival político de Netanyahu, declaró que Israel estaba “obligado a seguir luchando para liberar a sus rehenes y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, en cualquier momento y lugar, incluso en Rafah. Seguiremos actuando conforme al derecho internacional en Rafah y dondequiera que operemos, y nos esforzaremos por evitar dañar a la población civil. No por el tribunal de La Haya, sino ante todo por lo que somos”.
En un comunicado, la oficina de Netanyahu rechazó la acusación sudafricana de genocidio calificándola de “falsa, indignante y repugnante”, y añadió: “Israel no ha llevado ni llevará a cabo una campaña militar en la zona de Rafah que cree condiciones de vida que puedan llevar a la destrucción de la población civil palestina, en todo o en parte”.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, acusó al tribunal de “antisemita” y, citando al primer primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, dijo en X: “¡Nuestro futuro no depende de lo que digan los gentiles, sino de lo que hagan los judíos!”
Añadió que el fallo del tribunal “sólo debe tener una respuesta: la ocupación de Rafah, el aumento de la presión militar y el aplastamiento de Hamás, hasta que se logre la victoria completa en la guerra”.
El portavoz presidencial de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeineh, declaró que la decisión de la CIJ representaba un consenso para poner fin a la guerra en Gaza, mientras que el funcionario de Hamás Basem Naim también acogió con satisfacción el fallo e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a aplicarlo. Sin embargo, el grupo militante dijo que no iba lo suficientemente lejos e instó a poner fin a la ofensiva israelí sobre toda Gaza.
El funcionario sudafricano Zane Dangor la describió como “innovadora” y “un llamado de facto al alto al fuego”.
La decisión de la CIJ, en respuesta a la demanda de Sudáfrica, se produce la misma semana en que Irlanda, Noruega y España anunciaron que reconocerían la condición de estado de Palestina.
Israel lanzó su asalto a Rafah este mes, obligando a cientos de miles de palestinos a huir de la ciudad más al sur de Gaza, que se había convertido en un relativo refugio para cerca de la mitad de los 2.3 millones de habitantes del territorio.
Rafah ha sido también la principal vía de entrada de ayuda, y las organizaciones internacionales afirman que la operación israelí ha aislado al territorio y ha aumentado el riesgo de hambruna.
Salam, presidente de la CIJ, dijo que los funcionarios de la ONU habían “subrayado constantemente los inmensos riesgos asociados a una ofensiva militar”, y añadió: “El tribunal no está convencido de que los esfuerzos de evacuación y las medidas relacionadas que Israel afirma haber emprendido para mejorar la seguridad de los civiles en la Franja de Gaza, y en particular de los desplazados recientemente de la prefectura de Rafah, sean suficientes para aliviar el inmenso riesgo al que está expuesta la población palestina como consecuencia de la ofensiva militar en Rafah”.
Los abogados de Sudáfrica pidieron la semana pasada a la CIJ que impusiera medidas de emergencia, afirmando que los ataques de Israel contra Rafah deben detenerse para garantizar la supervivencia del pueblo palestino.
El tribunal es el máximo órgano de la ONU para resolver disputas entre estados. Sus sentencias son definitivas y vinculantes, pero han sido ignoradas en el pasado. El Tribunal carece de poderes coercitivos.
El caso más amplio de Sudáfrica ante la CIJ acusa a Israel de orquestar un genocidio dirigido por el estado contra el pueblo palestino. La CIJ no se ha pronunciado sobre el fondo de esa acusación, podría tardar años, pero ha rechazado la petición de Israel de desestimar el caso.
En sentencias anteriores, el tribunal ordenó a Israel que impidiera los actos de genocidio contra los palestinos y permitiera la entrada de ayuda a Gaza, pero no llegó a ordenar el cese de las operaciones militares israelíes.
Aproximadamente 36 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en la respuesta militar de Israel a los ataques del 7 de octubre contra el sur de Israel, en los que militantes de Hamás mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron como rehenes a otras 250.
Israel ha afirmado que actúa en legítima defensa al tratar de eliminar a Hamás y ha realizado esfuerzos “extraordinarios” para proteger a los civiles.
El tribunal también dictó órdenes, todas aprobadas por mayoría de 13 a 2, de que Israel debe permitir el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Rafah, garantizar el acceso sin restricciones a la Franja de Gaza de cualquier organismo autorizado para investigar las denuncias de genocidio y presentar un informe en el plazo de un mes sobre el cumplimiento de todas las medidas.
Pidió “la liberación inmediata e incondicional” de todos los rehenes israelíes tomados por Hamás y otros grupos armados.
Reuters ha contribuido a este informe.
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