Fosas clandestinas | Leer la realidad más allá de variables y nodos (III)
Foto: Kelly Taylor-Faye/Pixabay.

Para realizar este novedoso sistema que intenta “predecir” un pasado y un presente terrible, el equipo trasnacional involucrado trabajó durante dos años. Data Cívica, Human Rights Data Analysis Group y la Universidad Iberoamericana, lo crearon de manera independiente y sin financiamiento ni convenios con el gobierno mexicano, aunque sí con apoyos de algunas entidades internacionales y agencias de desarrollo extranjeras que coadyuvaron a sufragar los gastos. 

El proceso entre construir y probar el modelo hasta publicar los primeros resultados costó unos 50 mil dólares, aproximadamente 1 millón de pesos mexicanos, un precio razonable si se compara con la magnitud del problema y con el millonario presupuesto que el Estado mexicano destina para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, mismo que, hasta 2019, ascendía a 32.4 millones de pesos, y que en 2020.

Con el gobierno en turno de Andrés López Obrador, dicho presupuesto registró una reducción del 86%. Quedó en apenas 4.4 millones de pesos debido a los planes de austeridad. Aunque él mismo había prometido a su llegada a la presidencia de la República: “No hay límite de presupuesto para búsqueda de personas desaparecidas e identificación forense”. 

La opacidad, la inoperatividad y hasta la connivencia del Estado mexicano en el tema de la desaparición de personas, así como la enorme crisis humanitaria de un territorio que se ha convertido en una gran fosa, ha quedado evidenciada no en uno o dos gobiernos atrás, sino durante décadas enteras de burocracias que obstaculizan y a veces hasta abonan al dolor y la sistemática violación de las víctimas.

Sí. El Estado es parte del problema. Esta es una de las muchas y muy duras conclusiones a las que llegó el informe “Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”, una larga investigación interdisciplinar que fue justamente la semilla que luego alimentó a los algoritmos que resultaron en miles de random forest o bosques aleatorios estadísticos del Predictor de Fosas:

“… la inhumación clandestina de personas cumple el objetivo de evidenciar la impunidad y poca capacidad, o poca disposición del Estado en su conjunto para afrontar y resolver el problema de violencia generalizada en el país, lo cual implica no pensar en las fosas como meros accidentes o simples acontecimientos. ¿Qué otros intereses existen alrededor de la inhumación clandestina de personas?”.

Informe “Hallazgos sobre fosas clandestinas en México”

Como cabría esperar en un tema repetido por años, a la fecha existen muchos y muy variados “mapas de observación” sobre las fosas en México. Pero el Predictor de Fosas de Data Cívica, Human Rights Data Analysis Group y la Universidad Iberoamericana, es el primero que logra, o al menos intenta, “predecir” lo que todavía se desconoce. Por ello, lejos de ser un punto de llegada o un fin en sí mismo, debería convertirse más bien en un punto de partida, en una herramienta innovadora de la cual echar mano, puesto que es precisamente en función de estas predicciones estadísticas, donde comienza la verdadera tarea para el gobierno y para los ciudadanos mexicanos: entender qué nos pasó, y saber desde cuándo y por qué, decidimos cavar la tumba de nuestra propia ética nacional.  

Aquí puedes leer la primera parte de esta investigación Ciencia de datos para trazar un mapa de la crueldad a la mexicana (I)

“En este tema ha habido un montón de propuestas. Es válido que cada quien quiera aportar. El problema es que el gobierno no proporciona estructura a todos esos esfuerzos. Y la misma sociedad civil está atomizada y hasta enfrentada, porque hay mucho dolor. No nos damos cuenta de la gravedad de todo esto y tal vez no lo vamos a dimensionar hasta dentro de 10 o 20 años, tal vez, ojalá. En lo inmediato yo no le veo una pronta solución” dice Lilia Saúl Rodríguez, periodista e investigadora del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCCRP).

En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) es el ente gubernamental autónomo encargado de recopilar, sistematizar y organizar todos los indicadores y la data oficial, está reconocido como una de las mejores instituciones en esta materia en toda América Latina. Existe y funciona desde 1983, pero su historial y los datos que ahí se guardan, se remiten hasta 1968, con las (hoy extintas) direcciones de geografía, política informática e integración y análisis de la información.

Paradójico: México tiene uno de los mejores y más antiguos organismos estadísticos del continente, con data recopilada durante los últimos 52 años, más de medio siglo de información que se renueva y se actualiza cada 10 años, durante los Censos Nacionales de Población, pero, por alguna razón, en 2020 este censo poblacional decidió omitir, una vez más, una pregunta que debería ser obligada para conocer, verdaderamente, cuántas familias mexicanas tienen a algún familiar desaparecido.

Sin embargo y por fortuna, el INEGI sí cuenta y conoce los datos de algunas de las variables usadas por Data Cívica en su mapa predictor de fosas clandestinas. Al escrutinio de los 2,458 municipios mexicanos, el modelo fue puesto a “estudiar” variables como la densidad poblacional, su geolocalización con respecto a las fronteras o las costas, la actividad económica y los grados de escolaridad de sus habitantes, los niveles de criminalidad, los decomisos de droga, las tasas de homicidios, los laboratorios de estupefacientes encontrados y las intervenciones del Estado, así como el número de personas reportadas como ausentes o desaparecidas en cada una de estas localidades. 

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Las variables de la violencia

“Con estas variables y la base de datos de ambas fuentes, (prensa y fiscalías) le dimos luego al modelo la información sobre los municipios donde sí se encontraron fosas, donde existían pocas probabilidades de la existencia de fosas, y donde no se había observado ni lo uno, ni lo otro. Así asignamos valores de uno, cero y menos uno.

“Luego partimos la muestra y nos enfocamos primero en donde hay certezas, es decir, en donde ya se encontraron fosas o donde no se ha observado ninguna, y así se entrena al modelo para que encuentre similitudes. Nosotros le damos a la máquina lo que sí sabemos y el modelo nos dice lo que no sabemos: el algoritmo corrobora cuando se confronta con los otras partes de la muestra original fragmentada”, explica a el analista Oscar Elton.

Este gigantesco universo de datos, variables y co-variables, fue capturado y vertido por un equipo no mayor a doce personas, que utilizaron ‘equipos normales’: computadoras con capacidad de 16 gigas de memoria RAM, pero que, teniendo la información correcta y ordenada, son máquinas capaces de arrojar predicciones bastante acertadas en apenas unas cuantas horas.

El secreto está en el modelo de aprendizaje utilizado y claro, en la voluntad de querer encontrar lo que hasta hoy no se ha encontrado. Y así, a partir de lo que al principio parece una obviedad, aparecen de pronto municipios con alta probabilidad de tener fosas, y en donde todavía no se han realizado búsquedas. 

De acuerdo con lo estudiado por la Universidad Iberoamericana y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quienes desaparecen personas y las arrojan a fosas clandestinas, en realidad lo hacen con el fin último de que esos cadáveres sean encontrados:  “… en el México actual, la ‘eliminación’ de los cuerpos de personas desaparecidas va aparejada a la pretensión del ‘hallazgo’, porque con esto se logran dos objetivos: ejercer control y generar terror, y a la vez poner en evidencia la impunidad con que se puede actuar en México y la poca capacidad y/o disposición del Estado para afrontar y resolver el problema de violencia generalizada en el país”. 

Aquí puedes leer la segunda parte de esta investigación: Fosas clandestinas | Así se llegó a la creación del mapa de la crueldad en México (II)

Sin tregua

Fernando Ocegueda, cuyo hijo desapareció en 2007, ha vivido de cerca esta frustración, aquella de cuando “el gobierno ve, pero hace como que no ve”:

“En el mapa oficial que sacó el gobierno a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se omitió a mi estado, a Baja California, dijeron que aquí no había fosas. ¿Cómo puede ser, si aquí fue donde detuvieron al ‘Pozolero’? Ocegueda, conocido en su natal Tijuana como “El buscador”, se refiere a un evento ocurrido en 2009, cuando fue detenido Santiago Meza López. Las autoridades y también la prensa nacional e internacional, lo apodaron “El Pozolero”, ya que cumplía una espeluznante tarea dentro de la diversificada jerarquía de la célula de narcotraficantes a la que pertenecía: era el encargado de hacer una suerte de “caldo de cadáveres”, hirviéndolos en ácido, a cambio de un pago semanal de 600 dólares. 

La confesión ministerial de Santiago Meza incluía, casi como una receta, todos los detalles de su espantosa cocción: 200 litros de agua y dos costales de sosa cáustica puestos a hervir; con la mezcla ya al punto, se añadían los cadáveres, y tras ocho horas más de hervor, los cuerpos se disolvían casi por completo. Sólo quedaban flotando dientes, uñas y algunas prótesis. Luego todo ese amasijo humano iba a dar a basureros, donde se prendía un fuego final para la total desaparición de esas vida.

Con torturas y golpes de por medio –asentadas con tecnicismos en la declaración– “El Pozolero” confesó que él ya tenía 17 años (desde 1992) al servicio de varios capos del crimen organizado, y 9 ‘pozoleando’, es decir: él deshizo cuerpos de gente asesinada desde el inicio del milenio, en el año 2000, mucho antes de que en México comenzara el periodo conocido como “la guerra contra el narco”, que se sitúa en el año 2006. Y antes de dedicarse a hervir personas en ácido, Santiago Meza dijo haber tirado también cadáveres al mar y a varios arroyos… Justo el mismo modus operandi que tuvieron en el pasado los policías y los militares mexicanos en la época de la “guerra sucia”, durante los años 70. En realidad, la violencia en México nunca ha tenido tregua.

“¿Cómo puede ser que digan que no ha habido fosas clandestinas si aquí se encontraron 16,000 litros de fusión orgánica mezclados con dientes, prótesis, restos de anillos y muchísimos pedazos de huesos? ¿Y cómo saber si ahí estaban nuestros familiares?”, se pregunta Fernando Ocegueda. Para sus cuestionamientos, todavía no hay respuesta.

Este horror, que parece sacado de la peor ficción, es la realidad repetida de México. Que también funciona como un macabro patrón de comportamiento, y cuya maquinaria del mal nadie parece con ánimos de querer desarticular. En 2019, es decir, 10 años después de la detención de ‘El Pozolero’, Tijuana ha sido nombrada, por segundo año consecutivo, como “la ciudad más violenta del mundo”, con una tasa de 134.24 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Ranking 2019 de las 50 entidades más violentas del mundo, elaborado por la el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Hay más, entre ese nada honroso medio centenar de ciudades ‘más peligrosas’, 19 de ellas, son mexicanas. 

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Foto: Alexei Chizhov/Pixabay.

“¿Por qué resulta tan complicado algo tan sencillo? Porque al gobierno no le importan las víctimas, cuando algo te importa lo cuidas, lo procuras, lo alimentas. Pero no hay voluntad de construir una política de Estado que resuelva eficientemente todo este horror. Yo he vivido las diferentes etapas de la desaparición en México, desde la “guerra sucia” hasta lo que sucede hoy. Llevo años trabajando en este tema, haciendo activismo y, cuando he podido, también he hecho política, y te puedo asegurar que siempre han sido y siguen siendo las madres, las familias quienes empujan los cambios, porque siempre esperan y jamás dejan de buscar, sin importar cuánto tiempo pase. En cambio, el Estado mexicano opera siempre con sus redes macro criminales que hacen pactos de impunidad, y esos pactos son tan necios y tan perseverantes como la esperanza de los familiares que buscan a los suyos, aunque sea para encontrarlos muertos y al fondo de alguna fosa clandestina”.

Durante su desempeño como Diputada Federal, entre 2003 y 2006, justo cuando comenzó la llamada “guerra contra el narco”, Eliana García era conocida como “la diputada de los desaparecidos”. Luego trabajó en el Senado mexicano y después en la Fiscalía General de la República, en donde continuó esta lucha por la justicia para las víctimas de la desaparición. Un tema en el que ella se involucró desde que tenía unos 20 años, con aquella primera ‘ola de desapariciones’ que tuvo México en las décadas de los 60, 70 y 80, durante el periodo de “la guerra sucia”, cuando un Estado priísta y abiertamente represor, era la mano que orquestaba y ejecutaba la desaparición de quienes se le oponían, sobre todo los jóvenes de izquierda, como Eliana. 

Eliana caminó y luchó de la mano de la primera madre activista por los desaparecidos que tuvo México: Doña Rosario Ibarra de Piedra, fundadora, en 1977, del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, más conocido simplemente como el Comité ¡Eureka!, el primer colectivo que pedía por el regreso de los desaparecidos. 

Por asombroso que parezca, a finales de 2019, y con 92 años a cuestas, Rosario Ibarra recibió la “Medalla Belisario Domínguez”, el máximo galardón que otorga el Gobierno mexicano a figuras relevantes de la sociedad civil. El Estado mexicano premiaba así a esta madre que lleva más de medio siglo buscando a su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1975, y cuyo cuerpo jamás ha sido localizado. El Gobierno condecora a una luchadora por los desaparecidos, aunque las fosas donde quedó sepultado el hijo de Doña Rosario y otros tantos miles, siguen hundidas en el olvido. Las mismas que ahora un algoritmo intenta rescatar y sacar a la luz.

Es poco probable que la ciencia de datos pueda resolver su caso y el de otros cientos de desaparecidos mexicanos que fueron borrados del mapa hace casi 50 años, pero quizá los familiares de nuestros desaparecidos contemporáneos, los miles quienes como ella continúan incansables sus propias rutas de justicia y han fundado también sus propios colectivos espontáneos de búsqueda ciudadana, puedan aspirar a que sean las máquinas y los algoritmos programados con ética, los que logren hacer hallazgos más eficaces y más certeros que los que hemos hecho hasta hoy los humanos.

“Las máquinas trabajan y aprenden datos y variables. Nosotros hacemos estadísticas, pero sin olvidar que estamos trabajando con información sensible de seres humanos con rostros e historias, y con un tema en donde hay mucho dolor acumulado de los familiares de las víctimas de todo un país que vive una seria y muy larga crisis humanitaria y tampoco nos olvidamos de que a esas familias lo que más los mueve es la esperanza de que sus seres queridos no estén en esas fosas ni en este mapa, sino con vida”, concluye Oscar Elton.

Este texto pertenece a una serie de investigaciones latinoamericanas sobre las implicaciones éticas del uso de inteligencia artificial y algoritmos en políticas públicas y empresas privadas a nivel regional. Estas piezas periodísticas recibieron el apoyo financiero Chequeado y la Knight Foundation.