Fosas clandestinas | Así se llegó a la creación del mapa de la crueldad en México (II)
Foto: Pixabay.

El origen, el ‘momento eureka’ que incentivó la creación del mapa predictor de fosas clandestinas realizado por Data Cívica, Human Rights Data Analysis Group y la Universidad Iberoamericana, puede encontrarse en el informe: “Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México”. 

Consulta aquí: la primera parte de este reporte especial

Se trata de un largo y detallado documento de 112 páginas, elaborado por la Universidad Iberoamericana (La Ibero) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), donde, además de los datos oficiales de las fiscalías locales, se incluyeron también hallazgos de fosas que sólo había documentado la prensa. La confronta, sistematización, y reorganización de datos, fue un ejercicio agotador que pronto comenzó a abrir nuevas preguntas sin respuesta. 

Si el hallazgo de fosas clandestinas en prácticamente todo el territorio nacional es preocupante, lo es más aún el que dos municipios –Durango con 21% del total de cuerpos exhumados y San Fernando con 12%– concentren dichas cifras. Si tomamos el total de cuerpos exhumados exclusivamente en 2011, es decir 588, significa que dos municipios del país concentraron 80.27% del total para ese año.

Informe. Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México

¿En qué municipios mexicanos se han encontrado más fosas?
Esto es relativamente fácil saberlo. La cuestión aquí consistía en averiguar en qué lugares sí hay fosas clandestinas de las que nadie supiera. Fue así como surgió la idea, aventurada y hasta extravagante, pero sin duda sumamente necesaria en México: utilizar los algoritmos para elaborar un modelo estadístico que fuera capaz de predecir y de mapear aquellos lugares de la geografía mexicana donde existen fosas clandestinas que aún no han sido localizadas ni por las autoridades, ni por los medios, ni por los desesperados familiares que quieren encontrar a sus desaparecidos, algunos de los cuales llevan años ausentes, décadas. 

“Es preciso entender que este modelo no sirve para hacer búsquedas específicas, sino para saber en dónde debemos poner el foco y los esfuerzos. Había algunas observaciones y reportes, pero también había lugares que no reportaban nada: ¿Por qué? En esos sitios hay otro tipo de ausencias, pero no de datos sino de observación, eso no significa que no haya fosas, sino que hay otros vacíos: quizá la prensa tiene miedo, quizá las autoridades están siendo omisas… Pero a todo eso no puede responder el algoritmo. Nuestro modelo se pregunta ‘dónde’, pero para responder ‘por qué’, sería necesario hacer un trabajo interdisciplinario mucho más grande, esto es justamente lo que el país requiere”, dice Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, y una de las líderes de este ambicioso proyecto. 

Por su parte, el analista Oscar Elton, insiste: “Hacemos predicciones en el sentido de que estimamos aquello que no conocemos, pero no hacemos pronósticos, porque encontrar o no las fosas no depende de los datos, sino de querer encontrarlas”. 

Fosas clandestinas | Así se llegó a la creación del mapa de la crueldad en México (II) - fosasOKOK-scaledEn Baja California, al norte del país, en la violenta y tristemente célebre ciudad fronteriza de Tijuana, Fernando Ocegueda es conocido como ‘el rastreador’ o ‘el buscador’, sobrenombre que se ganó a pulso por haber realizado miles de búsquedas –y algunos hallazgos– de personas sepultadas en fosas clandestinas. A su hijo se lo llevaron unos encapuchados en 2007. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada de él. 

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Desde el día de su desaparición, Fernando hizo lo que legalmente correspondería en un país donde la autoridad cumple su función, es decir, denunciar el hecho ante la Fiscalía. Pero jamás obtuvo respuesta. Iba todos los días al Ministerio Público y también a la morgue, a buscar entre los cadáveres abandonados, hasta que, finalmente, acabó haciendo lo mismo que han hecho miles de padres, madres, hermanos e hijos en México: buscar por su cuenta. Y luego fundar su propia organización civil. En su caso fue “Unidos por los desaparecidos en Baja California”, que apoya y guía a otros familiares en su misma y desesperada situación. 

“En ese entonces las redes sociales no eran tan útiles como ahora.  Nadie, ningún padre o madre está preparado para esto… Pero no podemos quedarnos así. Buscar no cura el dolor, es cierto, pero nos calma saber que al menos estamos haciendo algo”, escribió Fernando en un durísimo texto incluido en el libro “Sembradores de Paz”, donde Ocegueda cuenta su calvario como padre de un hijo al que, literalmente, vio desaparece como si se lo hubiera tragado la tierra. Dice que caminó sin parar, pegó infinidad de carteles, preguntó aquí y rogó allá. En entrevista, habla sobre las posibilidades y las limitaciones de la tecnología para encontrar fosas en México: 

“Yo creo que ninguna tecnología puede decirte con certeza en dónde están las fosas clandestinas: nosotros hemos intentado casi todo, desde perros entrenados hasta el uso de drones y del geo-radar, ahora queremos usar también el dron acuático y con los cadáveres algunas tecnologías forenses de punta. Todo sirve, pero no hay de otra más que ir a buscar, escarbar la tierra. Cuando comencé a hacer búsquedas, desde 2008 y hasta la fecha, ya llevamos unos 7 mil lugares inspeccionados, porque la autoridad no hace su trabajo. No investigan, todo es simulación, mentiras y tardanzas” 

Ante la histórica inoperatividad de las autoridades, ayudados por perros, pala y pico en mano. Usando a veces tecnología incipiente o simplemente sus propias manos y medios para escarbar y remover la tierra. Es lo que llevan haciendo los familiares de los desaparecidos en México desde hace décadas. Basta la mínima pista o probabilidad, para que ellos se lancen sin dudarlo a recorrer kilómetros de angustia, ya sea a solas o acompañados por amigos y otras familias. 

En Data Cívica, tanto Mónica Meltis como Oscar Elton admiten que estas primeras versiones del mapa predictor de fosas clandestinas desarrollado por su equipo, necesita convertirse en un proyecto más aterrizable a la realidad de las familias que buscan a seres queridos.

Lo cierto es que, desde su primera publicación, en 2017, y en la actualización del 2018, donde se incluían además observaciones de años previos, el modelo predictor resultó ser bastante certero. A posteriori, la realidad de los hallazgos le ha ido dando la razón a este modelo estadístico. 

Hoy en día estamos rodeados de información y datos. Nuestra realidad actual está determinada por los datos y todos los usamos, pero muy poca gente sabe leerlos y comprenderlos, añade Meltis. “En 2015 por ejemplo, nuestro modelo le asignó altas probabilidades a ciertos municipios en diversos puntos de la geografía nacional, que no tenían registros previos de fosas clandestinas, al menos no de reportes de fiscalías ni tampoco de prensa: Cuauhtémoc en Chihuahua; Ahomé en Sinaloa y Apatzingán en Michoacán. Son lugares que, dados sus niveles de violencia, su alta probabilidad de tener fosas marcada por nuestro algoritmo no es a primera vista sorprendente, pero lo que sí resulta sorpresivo es que no hayan sido observadas antes ni por los medios ni por la propia autoridad, esto es lo que se obtiene de sistematizar y ordenar los datos para hacer que los algoritmos hablen, aunque claro que obtener esta información, también plantea más preguntas”.

Datos para contrarrestar la necro-política

En 2010, un macabro y fortuito hallazgo despertó a los habitantes de la localidad de Taxco, en el estado de Guerrero, al sureste del país. Una mina abandonada, paradójicamente llamada “Dolores”, fue reconvertida en una fosa clandestina masiva: “Encuentran 55 cadáveres”, reportó la prensa. Pero en los registros de la Fiscalía General de la República (FGR) quedó escrito que fueron (sólo) 41, mientras que en la bitácora de la fiscalía local, se asentó que fueron 64. En cambio, los ciudadanos que acudieron a la morgue para verificar si alguno de esos cuerpos ahí abandonados, pertenecía a alguno de sus familiares desaparecidos, aseguraron que ahí había más de 120 cadáveres”. 

Un solo hallazgo: cruel baile de cifras de seres humanos asesinados sin identificar, y al final, la confusión. Este fragmento pertenece a la investigación periodística “El país de las 2 mil fosas”, trabajo galardonado con el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2019, que también realizó una exhaustiva exploración de datos para proporcionar cierto orden y sistematización de la data-oficial sobre las fosas regadas por todo el territorio nacional, pero en este tema, parece que la única constante repetida hasta el cansancio es siempre la inconsistencia: 

“De 2006 a 2016, fueron descubiertos casi 2 mil entierros ilegales donde criminales desaparecieron personas. Esta investigación arroja el doble (1976) que la cifra gubernamental más alta (855); documentamos más fosas clandestinas que las que el gobierno reconoce”, consigna el artículo. Casi una fosa cada dos días. 

Pero entonces: ¿Los reportes de la prensa son más fidedignos que las cifras oficiales? ¿Cómo es esto posible? El propio equipo de periodistas, que hizo grandes esfuerzos para ordenar, confrontar, sistematizar y humanizar con rostros e historias esta confusión de miles de muertos sepultados primero por los criminales, y luego por la indiferencia y la errática burocracia de las autoridades mexicanas, finalmente concluye: “No es posible saber el tamaño exacto de la barbarie”. 

Para Ariadna Estévez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISAN-UNAM), queda claro que en este país se practica una “necro política pública”, dada la connivencia –por activa o por pasiva– del Estado mexicano en los sucesos sangrientos que han causado tanto o más dolor que los grupos criminales. Dicha complicidad, y las graves omisiones para la impartición de la justicia, exhiben a los sucesivos gobiernos mexicanos como meros “administradores del sufrimiento”. 

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Rosario Ibarra de Piedra. Foto: Ernesto Moreno.

Durante la década de los 70, en el oscuro periodo conocido como “guerra sucia”, se denunció la desaparición de unas 600 personas, mayoritariamente jóvenes estudiantes que fueron detenidos y luego borrados del mapa por órdenes y manos del propio Estado.

Cárceles oficiales y clandestinas convertidas en centros de tortura y muerte, aviones militares que en pleno vuelo arrojaban al mar los cuerpos a veces vivos de esos detenidos, enterramientos masivos en poblados del sureste y que acabaron convertidos en sitios para el escarmiento. De todo este horror social extendido a lo largo de una década, tanto la intelectualidad como la autoría son achacables a los gobiernos de la época: el Estado lo planeó, lo ejecutó, lo archivó y después quiso borrarlo. Hizo una desigual apuesta por el olvido colectivo.

¿De dónde salió la cifra de 60 mil desaparecidos?

“Sí. Todas las víctimas en México han sido traicionadas por el gobierno. Todas y durante muchos años, pero especialmente las víctimas de desaparición, porque al gobierno no le interesa. El tema sólo se puso ‘de moda’ después de que el mundo supiera sobre los 43 muchachos de Ayotzinapa, pero la estructura burocrática está tan pervertida, que el propio sistema de justicia mexicano obstaculiza la justicia. Lo poco que se hizo para avanzar lo hizo el PRI (Partido Revolucionario Institucional). Y sí, suena terrible que yo lo diga, porque en mi juventud, yo misma fui perseguida y presa política de este partido en los años 80, justamente por hacer activismo, pero debo reconocer que fue durante el mandato de Enrique Peña Nieto que algo avanzamos: se creó la ley, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda y se abrió el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas (RNPED), una herramienta digital que ya existía, pero que no era pública. 

Luego todo quedó truncado y aún siendo yo de izquierda, puedo decir que el gobierno actual (el de Andrés Manuel López Obrador), ha sido hasta ahora el peor y el más insensible. Redujeron mucho el presupuesto para las víctimas, les niegan la ayuda económica que les corresponde a las familias y juegan con el dolor. Y ahora, además, y sin haber hecho nada en sus casi dos años de mandato, resulta que tienen nuevos datos: ¿De dónde sacaron la cifra de 60 mil desaparecidos? Solo ellos lo saben”.

Eliana García, hoy de 62 años, sabe de lo que habla. Ha militado en la izquierda mexicana y ha figurado como activista por los desaparecidos desde la década de los 70, en ese oscuro periodo conocido como “la guerra sucia”, momento en que, por primera vez en la historia de México, se denunció públicamente la desaparición de unas 600 personas, mayoritariamente jóvenes estudiantes, quienes fueron detenidos y luego ‘borrados del mapa’ por órdenes y ejecución del propio Estado Mexicano. Por su activismo, al lado de las primeras madres mexicanas que clamaban por el regreso de sus hijos, Eliana fue encarcelada en Acapulco, y aunque pensó que a ella también la desaparecerían, al final, vivió para contarlo y para seguir trabajando, desde entonces y hasta ahora, al lado de las  miles de familias cuyo peor dolor y mejor motor de búsqueda es “no perder nunca la esperanza de encontrarlos”. Con vida. O por lo menos, por dar con un cadáver al cual despedir con dignidad. 

A lo largo de estos años de activismo, Eliana García también probó buscar avances “desde las entrañas del monstruo”. Y lo hizo en un lugar del más alto nivel, cuando se convirtió en funcionaria y trabajó en la FGR, en la que fuera la primera Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD), creada en 2013. Desde ahí ayudó a impulsar las bases y la creación de la Primera Ley sobre Desaparecidos que ha tenido México, y que, por inverosímil que parezca, en un país que acumula años de este dolor social, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, apenas en diciembre de 2017. Un año antes de que el gobierno de Peña Nieto dejara el gobierno en manos del izquierdista López Obrador, y dos meses antes de que saliera a la luz el primer mapa predictor de fosas, del que venimos hablando y desarrollado por Data Cívica, el Human Rights Data Analysis Group y la Universidad Iberoamericana. 

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Este predictor de fosas clandestinas es un modelo único en el mundo. Distinción amarga para México. Aquí se acumulan desaparecidos de todas las edades y sexos que han sido sepultados en fosas sin nombre en todo el territorio nacional desde los años 70 y hasta el momento en que tú lector, recorres estas líneas.

Es una crisis continua de casi medio siglo, en la que han cambiado actores, motivaciones y situación política. Pero no la tragedia ni el dolor. Por eso, un mapa de estas características, con sus primeras aproximaciones, así sea lejanas, se hace tan necesario. 

Las partes creadores de este sistema “predictor” de fosas que incluso ha despertado interés para su uso en otros países, desean que este mapa sea útil y que no se quede en las computadoras. Pormenorizar las zonas no exploradas para que las familias que buscan a sus seres queridos no vagen por todo el país, buscando en terrenos sin fin o en las morgues. Lo ideal, sostienen, sería aterrizar el mapeo a zonas y escalas menores a nivel geográfico. Actualizar datos y variables de forma periódica. Pero para eso necesitan trabajar más de cerca con los colectivos de víctimas. “Son ellos quienes más nos interesan. Por supuesto, también necesitamos trabajar con el gobierno, así que esperamos que en algún momento esas puertas se abran”.

La ciencia de datos utilizada para este modelo, todavía es perfeccionable. Pero sin duda, es crucial para exhumar no sólo los cuerpos que las familias buscan desesperadamente… También para desenterrar verdades ocultas detrás de este fenómeno de burocracia, olvido y crueldad. 

Esta serie continuará mañana en La-Lista.

Este texto pertenece a una serie de investigaciones latinoamericanas sobre las implicaciones éticas del uso de inteligencia artificial y algoritmos en políticas públicas y empresas privadas a nivel regional. Estas piezas periodísticas recibieron el apoyo financiero Chequeado y la Knight Foundation.