¿Dónde está la reparación para Arturo Medina? Crónica de la irresponsabilidad gubernamental

Arturo Medina Vela, un joven que fue encarcelado por cuatro años sin permitirle que se defendiera por tener discapacidad psicosocial e intelectual, sigue esperando justicia.

A año y medio de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera una serie de recomendaciones al Estado mexicano para que repare el daño que le causaron a Medina (el primero sobre un caso individual que hace dicha organización), ninguna ha sido llevada a la práctica y se le ha negado el acceso a la justicia.

En conferencia de prensa virtual, la familia de Medina y la organización civil Documenta (que litigó el asunto ante la ONU) insistieron que el hecho de que Medina fuera declarado inimputable debido a su discapacidad lo colocó en una posición de indefensión, que lo llevó de manera automática a un centro de detención, donde además de privarlo de la libertad, lo expusieron a un tratamiento forzoso.

Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del programa de discapacidad y justicia de Documenta, hizo un recuento de los hechos ocurridos en 2011, cuando Medina fue acusado de tratar de robarse un automóvil y llevado ante el Ministerio Público, aun cuando no se presentaron pruebas en su contra y hubo versiones encontradas de los policías que lo detuvieron.

Las autoridades violaron muchas de las garantías básicas de Medina, entre ellas que no se le permitió cambiar de defensor público, no se le notificó la sentencia y no pudo apelar, y aunque su madre solicitó que la autorizaran a hacerse cargo de él en libertad, como lo permite la ley, el juez encargado del caso no se lo concedió.

Esa cadena de omisiones fue conocida por el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en 2019 emitió una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas, entre ellas ofrecer una disculpa pública al joven, evitar la repetición de este tipo de hechos y diseñar un plan individual e integral de reparación del daño, pero el gobierno del país no ha dado cumplimiento a una sola de las observaciones.

Al principio, se supuso que el tema lo tomaría el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que no tiene titular desde que inició el actual gobierno. Pero después lo asumió la secretaría de Gobernación (Segob), a través de la subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas, ya que además de la disculpa pública, se tienen que impulsar reformas legales sobre la manera de juzgar a estas personas.

Por ser una recomendación de un tratado internacional del que México es parte, también algo de responsabilidad para impulsar su cumplimiento le tocaría a la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Martha Delgado. 

“A un año y medio no se ha hecho nada. La secretaría de Gobernación es la encargada de reparar el daño y de organizar un acto de disculpa pública, pero seguimos esperando”, dijo Sheinbaum.

“Entiendo el tema de la austeridad republicana, pero no el que no se haya podido organizar un evento para reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano y sentarse a negociar las reparaciones económicas y los apoyos emocionales que requiere Arturo Medina”.

La activista, que estuvo acompañada por Markus Schefer, integrante del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y Anna Batalla, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recalcó que este tipo de casos no son aislados, sino “sistemáticos”.

En cuanto alguna persona que vive con discapacidad se ve involucrada en un proceso penal, las autoridades la declaran inimputable y le imponen “medidas de seguridad” que los excluyen del conocimiento de su propio proceso, lo cual implica un castigo más por su condición de vida que por la acusación que enfrenta.

“Las ‘medidas de protección’ tienen consecuencias severas, como tratamientos médicos que muchas veces son forzosos, y privación de la libertad que se justifica en la discapacidad y no en el hecho cometido. ¿Quién puede pensar que la privación de la libertad es un recurso terapéutico?”, preguntó.

El texto original fue publicado en Yo También.