¿Qué significa la aprobación de las reformas al delito de feminicidio?
Foto: Angélica Escobar La-Lista

Diez feminicidios diarios ocurren en México. La impunidad es una constante cuando se trata de impartición de justicia. El pasado 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 325 del Código Penal Federal y el 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con lo que se busca homologar que en caso del delito de feminicidio se considera que hay una razón de género si existe violencia política, parentesco y relaciones personales y laborales entre la víctima y el agresor, amenazas directas o indirectas, si el cuerpo es arrojado o depositado en un lugar público, y si la víctima fue obligada a realizar una actividad o sufrió algún tipo de explotación.

Así como la posibilidad de que las penas pueden aumentar si se utilizaron estupefacientes o psicotrópicos, si lo cometió un servidor público en seguridad pública, aun cuando sean de empresas privadas, o si la víctima es menor de edad. También exige al Ministerio Público que investigue toda muerte violenta de una mujer bajo protocolo de feminicidio y determinar si existe razón de género.

Aunque se turnó al Senado de la República para su aprobación, La-Lista consultó a tres especialistas –Ana Velázquez, abogada en el Círculo Feminista de Análisis Jurídico; Christel Rosales, investigadora senior del programa de justicia en México Evalúa, y Susana Camacho, consultora Borde Político– sobre qué tanto estas reformas ayudarán a erradicar la impunidad y representarán un avance en el castigo del delito de feminicidio.

¿Qué significan estas reformas?

Ana Velázquez (AV): Las diputadas, con el afán de hacer algo desde su competencia, decidieron reformar el Código Penal Federal como una respuesta desde el legislativo federal a la problemática de violencia contra las mujeres en el tema de feminicidio. Si bien la intención pudiera ser buena, el impacto no será pues estos casos se persiguen en el fuero común y no desde el federal.

Christel Rosales (CR): Desde hace ocho años se empezó a discutir la tipificación del feminicidio en México, se consideró que las circunstancias que describen las razones de género y por la que puede ser investigada una muerte violenta fueran claras y precisas para que Ministerios Públicos y juzgadores tuvieran una línea a seguir de qué es lo que tendría que investigar y cómo. Sin embargo, nos enfrentamos a que cada estado tiene diferentes tipos penales, un total de 33, además el Código Penal Federal, con dos vertientes que marcan la diferencia: las razones de género y el tipo de penas que se imponen al que se le considere responsable.

Susana Camacho (SC): La actualización es importante porque el Código Penal Federal se había quedado rezagado, tiene la ventaja de unificar y homologar un tipo penal más completo en el que se amplían las posibilidades de considerar cuando se comete un feminicidio, se contempla los antecedentes de violencia y lugares, especificaciones en el feminicidio infantil, y las penas. 

¿Cuál es la incidencia del nivel federal en lo local?

AV: Esta reforma se tomará como modelo de referencia en caso de que los códigos locales decidan reformar los tipos penales, pero no implica una obligación.

CR: Es poca pero se espera, por recomendaciones de distintos organismos internacionales, homologar las razones género y penas a nivel nacional. Eso es lo que se busca con este dictamen, homologarlo en la medida de lo posible, así como la pena, sin embargo, creemos que no va por ahí la solución.

SC: Cada estado lo regula como quiere, aunque algunos han buscado actualizarse y han hecho modificaciones, hay otros que no. Pero es significativo que la hayan votado el 8M (8 de marzo) porque significa que el movimiento feminista está tomando fuerza para decisiones como esta, pero en otros estados esta fuerza no ha tenido impactos. Esperamos que la homologación tenga un efecto en cascada en los locales, pero se necesitan de acuerdos a nivel nacional desde la FGR

¿Qué acierto tiene el proyecto?

CR: Uno de los elementos importantes es la modificación en el código Nacional de Procedimientos Penales que obliga al Ministerio Público (MP) investigar toda muerte violenta de una mujer bajo un protocolo de feminicidio.

Esto no es algo nuevo. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que toda muerte violenta de mujer se investigaría como posible feminicidio, de esta resolución en 2017 el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó que la PGR, ahora FGR, y las 32 fiscalías estatales investigarían toda muerte violenta de mujeres bajo protocolo de feminicidio. Ahora vemos se hace más exigible para víctimas directas y representantes, y en un segundo caso cuando llegue a una instancia judicial, el juzgador tendrá la posibilidad de exigir al MP que la investigación se haya desarrollado bajo ese estándar.

¿Esta es una solución efectiva al tema de los feminicidios?

AV: El problema del feminicidio no es cómo está tipificado en los códigos penales. Su solución debe venir acompañada de algo mayor que una reforma al Código Penal Federal, de acciones de prevención y una respuesta más efectiva por parte de las fiscalías locales cuando se presente una denuncia por violencia, cuando son por feminicidio con acciones de investigación ágil y menos revictimizante.

CR: El incremento de penas no resuelven los problemas sociales. Hay que considerar que la modificación de la norma no cambiará la realidad. El problema de la impunidad para los estados es que la ubicamos en 92.4% y en federal 95.1%, esto quiere decir que los delitos no llegan a ser del conocimiento de las autoridades, el 10% de los que sí son conocidos por la autoridad, de acuerdo con la ENVIPE (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), más del 90% no son resueltos. El problema no es de norma sino de operación.

SC: Es importante ampliar las situaciones en las que se pueda dar un feminicidio, pero también es importante el proceso penal, hay poca capacitación práctica de cómo investigar y litigar con perspectiva de género.

¿Qué se necesita para cambiar la situación?

CR: Se necesita que las fiscalías realicen planificación de la persecución penal, priorizar con herramientas, como las que México Evalúa ha puesto a su disposición, para establecer cuáles serán los fenómenos que atenderán y cómo orientarán los recursos para hacerlo. Si logramos priorizar la violencia de género y los feminicidios como un fenómeno investigado por las propias fiscalías aseguraríamos que se destinen los recursos necesarios para la investigación.

El segundo punto tiene que ver con la capacidad de la investigación y competencias necesarias para aplicar protocolos. En México, el problema son las deficiencias en la investigación criminal, a la fecha 26 estados cuentan con protocolos de investigación para feminicidio, de esos alrededor de 18 imparten algún tipo de capacitación a sus operadores para aplicar los protocolos.

SC: Si tiene impacto en los estados, tendría que ir acompañado de capacitación para las investigaciones y entrenar a los fiscales para presentar los casos con enfoque de género en las instancias judiciales, algo que no trae estas actualizaciones. El aumento de penas tendría un incentivo si los casos se llevaran a juicio, pero la realidad de nuestro sistema justicia es que no llegan.

¿Qué propondría para mejorarlo?

AV: El Congreso puso un esfuerzo que es valioso, pero no por eso la incidencia va a ser más grande. Aunque hubo mesas de trabajo con la fiscalía, faltaron las organizaciones que trabajan con víctimas, pero veo posibilidades de que sí lo apruebe el Senado.

CR: La violencia de género y los feminicidios son un fenómeno estructural relacionados a una serie de condiciones que facilitan que sucedan. No lograremos nada si se siguen investigando de manera aislada, se tiene que hacer con un análisis de contexto, persecución penal estratégica, una manera de investigar conectando los puntos de manera articulada, analizando condiciones en cada ámbito territorial para resolverlos y establecer garantías de no repetición, que ayuden a disminuir la incidencia. Es un punto de partida para un largo camino por recorrer.