Elecciones 2021: Los partidos políticos aprovechan las reglas laxas para simular candidaturas indígenas

Fue a principios de abril cuando indígenas choles y tzeltales sumaron fuerzas con un objetivo común: impugnar la candidatura de Manuela del Carmen Obrador Narváez, quien desea ser diputada federal por la coalición PT-PVEM-Morena. La prima del presidente Andrés Manuel López Obrador se autodenominó “indígena” para inscribirse en las elecciones y así buscar una curul en la Cámara de Diputados en representación del municipio de Palenque, Chiapas.

La noticia despertó molestia entre algunos chiapanecos que no reconocen a Manuela Obrador como una indígena y tampoco consideran que represente sus intereses. A pesar de esto, la Sala Superior Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los reclamos de los choles y tzeltales, al argumentar que la aspirante presentó documentos suficientes para acreditar su origen étnico.

Esos documentos son su acta de nacimiento, donde dice que nació en el ejido Nueva Esperanza de Palenque; una constancia expedida por el secretario de ese municipio en la que declara que “Manuela del Carmen Obrador Narváez es una ciudadana con identidad en esta comunidad indígena que mantiene un vínculo constante con la misma”, y una constancia de la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales, Choles, Tseltales y Tsotsiles AC. Fue considerada como representante de los pueblos originarios.

El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una acción afirmativa para que, en las elecciones del 6 de junio, los partidos políticos postulen a candidatos indígenas en los 21 distritos electorales donde más del 40% de la población pertenece a este sector. Esta medida impacta en comunidades de Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Veracruz, Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, activistas han acusado en las últimas semanas que personas consideradas no indígenas, como Manuela Obrador, compiten por estos espacios.

“Pese a que se implementó la acción afirmativa, en los hechos no se ha respetado. Ha habido una simulación y usurpación en las candidaturas”, asegura Flora Gutiérrez, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas en Oaxaca. “En Oaxaca hay compañeras indígenas muy capacitadas que quieren participar en las elecciones, pero los partidos políticos eligen a personas que no han tenido un trabajo en las comunidades o no tienen una vinculación con ellas porque, en algún momento, se fueron a vivir a otro lado”.

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Expertas consultadas por La-Lista consideran que la usurpación de candidaturas indígenas ha ocurrido porque las reglas establecidas por las autoridades electorales son muy laxas y generales, lo cual posibilita, por ejemplo, que una persona que nació en una comunidad rural, pero ha vivido fuera de ella, aproveche su lugar de origen para participar en los comicios. O hay gente que trabajó un par de años en un municipio indígena y se candidatea.

¿Cuáles son los requisitos establecidos por el INE?

• Ser originaria/o descendiente de la comunidad y contar con elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario.
• Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretenda ser postulado.
• Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulado.
• Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.

Estos requisitos se comprueban a través de una constancia emitida por una asamblea general comunitaria o las autoridades del municipio indígena, quienes son elegidas de conformidad con las disposiciones de los sistemas normativos internos.

Para el caso de las diputaciones federales, las constancias deben ser revisadas por las juntas distritales del INE para verificar su autenticidad. Esta parte del proceso es clave, sin embargo, las expertas consultadas alegan que cualquier aspirante y partido político puede acceder a estos documentos y usurpar una candidatura.

“Es fácil acceder a estas constancias”, menciona Flora Gutiérrez. “Si tú te llevas bien con el presidente municipal o con el secretario del municipio y les pides que te hagan una constancia de origen y vecindad, te la hacen, no consultan a nadie para que te la den”.

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Un ejemplo de las facilidades para obtener una constancia es el de Patricia Mass Lazos, quien nació en Monterrey, Nuevo León, pero presuntamente el secretario municipal de Chalchihuitán le dio un documento para reconocerla como indígena y que compitiera por una candidatura federal por el distrito electoral 2 de Chiapas. Al revisar este caso, la Sala Regional Xalapa del TEPJF decidió revocar la candidatura de la representante de la coalición PT-PVEM-Morena.

Reglas permisivas

“El problema estriba en la manera como están formulados los criterios del INE”, dice Araceli Burguete, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). “A la luz de esto, cualquier personaje puede acceder a una constancia de que es un candidato indígena y en esto han tenido una intervención directa los partidos políticos, ellos se han encargado de cometer el fraude”.

Coincide Ismerai Betanzos, experta en asuntos indígenas. Critica que los partidos políticos no han tenido voluntad para que integrantes de comunidades rurales compitan por una diputación federal, en su lugar eligen a personas que realizaron una acción en favor de una población. “Hay personas que en algún momento, por el puesto en el que estaban, llevaron a cabo algún proyecto productivo o fueron a entregar algo a la comunidad. A raíz de eso hay una identificación y la comunidad les da una constancia, pero ¿qué pasa? Algunas de estas constancias son falsas o no las emite una autoridad indígena reconocida”.

Para el actual proceso electoral, los partidos políticos registraron a 485 personas que dijeron identificarse como indígenas. Estos aspirantes competirán en 21 distritos electorales (cinco en Chiapas y Oaxaca; tres en Yucatán; dos en Guerrero, Puebla y Veracruz, y uno en Hidalgo y San Luis Potosí).

En esta elección, otro caso que ha generado polémica es el de Roberto Antonio Rubio Montejo, exsecretario técnico del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco. Él busca su reelección como diputado federal con la coalición PT-PVEM-Morena en el distrito 11 del municipio de Las Margaritas, en Chiapas.

A pesar de que el INE decidió quitarle su candidatura porque consideró que los papeles que entregó no acreditaban su vínculo indígena, la Sala Regional Xalapa del TEPJF revocó esta decisión al argumentar que Rubio Montejo contaba con una constancia expedida por el comisariado ejidal de la comunidad de Jerusalén, donde se dice que trabajó por más de seis años en el ejido, además de que desde el 2012 era su representante ante la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas en Chiapas.

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Por la facilidad para obtener estas constancias de identidad indígena, las especialistas consultadas consideran necesario que exista una mayor capacitación para las autoridades electorales y estatales, con el objetivo de que puedan reconocer cuando un documento es falso o el candidato no puede ser considerado indígena.

Otra medida que, en su opinión, se debería tomar es que las asambleas comunitarias sean las únicas que puedan expedir las constancias. Así se impediría que autoridades municipales, que tampoco son indígenas, entreguen estos documentos.

También sugieren que se impidan a las organizaciones sociales, como la Unión de Comunidades Indígenas —la cual respaldó a Manuela Obrador—, entregar constancias a los candidatos porque no son una autoridad reconocida por las comunidades.

De cara a 2024

Luego de las irregularidades registradas en el actual proceso electoral, tal como ocurrió en el de 2018, algunos activistas han optado por centrar sus esfuerzos en los comicios del 2024, donde volverán a defender la participación política de los indígenas.

Gabriel Méndez, abogado comunitario de Chiapas, advierte que este año en el municipio de Oxchuc, Chiapas, no se permitirá la instalación de casillas el próximo 6 de junio en protesta por la usurpación de candidaturas.

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Al mismo tiempo, el abogado comparte que organizaciones sociales iniciarán una campaña de difusión para dar a conocer a las comunidades indígenas que, en los comicios del 2024, tendrán el derecho a elegir diputados federales y servidores públicos locales.

“Ahorita ya estamos rebasados por este asunto y solo resta esperar al siguiente proceso electoral, porque en el de este año y en el de 2018 los partidos políticos no han sido garantes”, enfatiza el abogado. “Para 2024 le estamos diciendo a los pueblos indígenas que nosotros mismos presentemos nuestros candidatos, que los elijamos nosotros y no los partidos políticos”.