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Personaje del mes | Matrimonio igualitario, una década de exigencias y avances en México

Tras su aprobación en la Ciudad de México en 2009, el matrimonio igualitario se ha extendido a 21 estados del país con algunos obstáculos.

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Matrimonio igualitario, el personaje de junio. Foto: La-Lista

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El 15 de junio, en un recinto ataviado de banderas con los colores del arcoíris, el Congreso de Sinaloa hizo historia. Luego de una discusión de poco más de una hora, en la que no estuvieron presentes los integrantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la LXIII legislatura del estado aprobó el matrimonio igualitario.

“Veintitrés votos a favor, cero en contra y 17 ‘desapariciones’. Es cuanto el día de hoy”, dijo entre risas la legisladora Francisca Abella Jordá al concluir la votación del dictamen, mientras sus compañeros de Morena aplaudían la reforma al Código Familiar con la que se reconocen las uniones entre personas del mismo sexo.

En La-Lista elegimos al matrimonio igualitario como el personaje del mes para conmemorar la aprobación de este derecho en Sinaloa primero y después en Baja California en los últimos 30 días, con lo que ya suman 21 entidades en el país, además de que junio es reconocido como el mes del orgullo LGBTTTIQ+.

Si bien no hay cifras actualizadas sobre este tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalla que entre el 2010 y 2019 más de 19,000 mujeres y hombres contrajeron matrimonio con una persona del mismo sexo. Al menos hasta hace dos años, la Ciudad de México era la entidad donde la comunidad LGBTTTIQ+ celebró más bodas.

Los datos de nupcialidad del Inegi indican que para ese último año, salvo en Durango, en todos los estados de la República se había llevado a cabo por lo menos una unión entre parejas del mismo sexo. Esto se logró porque en las entidades donde el matrimonio igualitario no ha sido reconocido legalmente, los interesados pueden interponer un juicio de amparo para que un juez ordene al registro civil celebrar el enlace.

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Alex Díaz, director de litigio en la organización México Igualitario, explica que los juicios de amparo han sido utilizados por parejas del mismo sexo desde el 2011. Los primeros dos recursos fueron tramitados en Oaxaca y después esta estrategia legal fue replicada en el resto del país.

“En 2021 todos los estados que han hecho una reforma, las sentencias de la Corte y los estados donde aún sin reforma las parejas se pueden casar con un juicio de amparo hacen que el balance de estos diez años sea positivo”, expresa Díaz.

“La población LGBT ha entendido que se trata de un derecho que no depende de quién gane las elecciones o de mayorías en los congresos, sino que es un tema de derechos humanos que se debe cumplir”.

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Un largo camino para el matrimonio igualitario

Hace 11 años la Ciudad de México fue la primera entidad en aprobar en la ley el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2009, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal definió el matrimonio como “la unión libre entre dos personas”, con lo que la capital del país se convirtió en la primera ciudad de América Latina en permitir la unión de personas homosexuales en materia civil. Pero la lucha no terminó ahí.

A principios de 2010, el entonces procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la  Nación (SCJN) para echar atrás esa reforma, pues consideró que con ello se abría la puerta a la adopción homoparental y eso violaba el interés superior de la niñez. Sin embargo, la Corte determinó lo contrario y estableció que la Constitución no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero la sentencia del máximo tribunal no se enfocó en la no discriminación y los ministros dejaron que los congresos locales decidieran sobre la legislación en esta materia. Así fue como 21 estados de la República Mexicana avanzaron, poco a poco y a lo largo de 11 años, en la aprobación del matrimonio igualitario.

Luego de la capital del país, Quintana Roo fue el segundo estado en aprobarlo. Dos parejas del mismo sexo encontraron un vacío en el Código Civil estatal, donde no especificaba que el matrimonio debía constituirse por un hombre y una mujer, y realizaron sus bodas sin mayor problema. Tiempo después se emitió un recurso de revisión que dejó sin efectos las uniones, pero las parejas solicitaron la revocación de esa sentencia y un oficial de Asuntos Jurídicos del estado anuló la primera resolución en 2012, con lo que los matrimonios recuperaron su validez. 

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El siguiente en reformar su Código Civil fue Coahuila, en 2014, seguido de Nayarit y Chihuahua un año más tarde. En tanto que para 2016, cinco entidades sumaron a sus leyes esta figura, incluido Jalisco, que fue obligado a permitir el matrimonio igualitario por una resolución de la SCJN.

Para ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso la acción de inconstitucionalidad que la Corte resolvió respecto de esa entidad, donde se planteó que prohibir las bodas igualitarias era un acto violatorio de derechos.

El 2015 fue un año determinante para este derecho en entidades que no lo habían aprobado. A partir de un amparo en revisión, la SCJN decidió que no existía razón constitucional para negar un enlace matrimonial a una pareja del mismo sexo. Y si así fuera, la pareja podría recurrir a un amparo, por lo que se facultó a jueces federales a obligar a las autoridades correspondientes a respetar dicha jurisprudencia.

A raíz de ello, habitantes de Baja California, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Tamaulipas aprovecharon la resolución para casarse aun sin la aprobación legal en sus entidades del matrimonio igualitario.

Retos por delante

Aunque la década pasada fue de avances para el matrimonio igualitario, aún hay 11 estados donde los legisladores locales han rechazado varias iniciativas para garantizar este derecho o simplemente no han discutido el tema.

La página de internet ¿Me puedo casar?, administrada por la organización México Igualitario, señala que en Durango y Yucatán los legisladores han rechazado por lo menos dos iniciativas sobre uniones nupciales entre personas del mismo sexo. En el Estado de México, hay una propuesta congelada en el Congreso desde 2020 y en Tabasco hay tres en la misma situación desde 2016.

Asimismo, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto intentó legalizar el matrimonio igualitario en 2016, por lo que envió una propuesta a la Cámara de Diputados, la cual se basaba en los principios que la Suprema Corte había establecido en sus sentencias; sin embargo, fue rechazada bajo el argumento de que esto resultaba violatorio de la autonomía de las entidades federativas.

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Díaz, el abogado de México Igualitario, considera que el rechazo a las bodas entre parejas del mismo sexo tiene dos raíces: el machismo y la desinformación de quienes aprueban leyes en los estados. El matrimonio igualitario “representa una ruptura con esta cultura de discriminación y los grupos que históricamente se han opuesto, como la iglesia, que mantienen una influencia en los tomadores de decisiones en los congresos”.

La prohibición de las nupcias es una barrera para la comunidad LGBTTTIQ+, que ha encontrado formas de cumplir con su cometido a pesar de la ley. Un ejemplo de esto son los resultados de una encuesta de la página Bodas.com.mx que la agencia EFE difundió el pasado 4 de junio. El cuestionario aplicado a 2,400 parejas mostró que una de cada seis uniones homosexuales se celebran en un lugar distinto al de residencia de quienes contraen nupcias porque donde viven no está permitido. Los resultados también muestran que los matrimonios igualitarios ocurren tres años después de que la pareja comenzó a salir y en el 93% de los casos se da luego de que los participantes ya han vivido juntos.

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La discriminación es otro problema. La Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018, elaborada por el Inegi y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), reveló que el 76% de 9,328 personas encuestadas omitió mostrar afecto a su pareja en público por temor.

La ENDOSIG será actualizada este año, pero mientras eso ocurre, el Inegi publicó la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, donde informó que el 72% de la población mayor a 15 años considera que la orientación sexual es el tercer motivo de discriminación más común en México.

“La discriminación tiene que ver con negar derechos, con obstaculizar el ejercicio de los derechos”, asevera Alex Díaz. “En la medida en que el propio Estado no reconoce en la legislación la protección de las familias homoparentales en el acceso al matrimonio, manda un mensaje a la sociedad donde hay una desigualdad y se legitima el trato desigualitario”.

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