Ejército, Marina y la Guardia reciben más de 130 acusaciones por no proteger a la población

El pasado jueves 2 de julio, con piedras y cohetones en mano, decenas de habitantes de Aguililla, Michoacán, irrumpieron en un cuartel militar y confrontaron a elementos del Ejército. A manera de protesta, los pobladores tumbaron la puerta principal de las instalaciones con un camión de basura y exigieron a los uniformados reforzar la seguridad ante la presencia de grupos del crimen organizado que tienen controlada la zona.

Según el gobierno michoacano, Aguililla es el escenario de una guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una alianza de bandas delictivas autodenominada Cárteles Unidos. En medio de este conflicto ha quedado la población civil, aislada e incluso sin tener acceso a servicios básicos como agua y luz.

La incapacidad del Ejército para garantizar la seguridad en Aguililla generó la inconformidad de los habitantes, pero esta no es la primera vez que las Fuerzas Armadas o las corporaciones de seguridad federal son acusadas de no realizar labores de seguridad a favor de la población. Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 2014 el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (desde 2020) han sido señaladas por lo menos en 132 ocasiones de omitir brindar protección a la población.

El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH muestra que estas quejas se han registrado principalmente en Tamaulipas, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Estado de México.

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“En sus reglamentos y leyes orgánicas, las Fuerzas Armadas están obligadas a auxiliar a la población en necesidades públicas, por ejemplo, garantizar su seguridad y la integridad física de las personas”, señala el analista Armando Rodríguez Luna. Entre estas regulaciones se encuentra también la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, aprobada en 2019 y que abarca tanto a la Guardia Nacional como a las Fuerzas Armadas.

“Las quejas ante la CNDH deben ser solo una pequeña muestra de este problema que da cuenta de cómo las Fuerzas Armadas no están diseñadas para realizar tareas de seguridad pública“.

Michoacán es un estado acostumbrado a las armas. Una muestra de esto es que, ante la falta de respuesta de las autoridades, recientemente los pobladores de cuatro municipios dedicados a la producción del aguacate (Tancítaro, Salvador Escalante, Nuevo Urecho y Ario de Rosales) formaron autodefensas para combatir las extorsiones y secuestros cometidos por grupos criminales.

En 2007, en los primeros días de su gobierno, el expresidente Felipe Calderón ordenó desplegar a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Michoacán para combatir el crimen organizado, pero casi 15 años después la presencia de los militares no es sinónimo de seguridad y las acusaciones contra las Fuerzas Armadas por no proteger a la población se mantienen.

Este tipo de señalamientos no han tenido una tendencia constante, a veces suben y a veces bajan, pero en 2020 la CNDH registró 25 acusaciones por parte de ciudadanos y en 2021 ya van tres.

Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) y analista en Strategic Affairs, considera que las quejas ante la CNDH podrían ser la consecuencia de que las Fuerzas Armadas no tienen protocolos de actuación.

“El marco legal lo tienen las Fuerzas Armadas y tienen la obligación de actuar, pero lo que no tienen son protocolos de actuación, estos son documentos muy específicos que les permiten establecer un A-B-C de qué hacer en qué situaciones. Esto podría ser una explicación de por qué las autoridades no están actuando”, dice Rodríguez Luna.

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Tamaulipas, el estado más problemático para el Ejército y autoridades

Dos semanas antes de que se registraran las protestas en Aguililla, los elementos del Ejército también fueron señalados por no brindar protección a la población de Reynosa, la ciudad más poblada de Tamaulipas.

El 19 de junio, criminales que las autoridades han ligado al Cártel del Golfo entraron a cuatro colonias de la periferia de Reynosa y asesinaron al azar a 15 personas sin que ninguna autoridad los frenara. Esto ocurrió a unos minutos de donde se encuentra la Octava Zona Militar y a pocos kilómetros del Complejo de Seguridad de la Policía Estatal.

Tamaulipas encabeza la lista de entidades federativas donde más quejas ha habido contra las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional por no proteger a la población. En total, desde el 2014, en el estado ha habido 22 señalamientos de esta clase.

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Luego de los hechos del 19 de junio, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización que por más de dos décadas ha revelado abusos cometidos por servidores públicos, alertó que el día del multihomicidio las líneas del 911 no fueron atendidas por las autoridades locales y tampoco las instituciones federales de seguridad acudieron a resguardar a los habitantes de Reynosa.

Geovanni Barrios, presidente de la asociación Justicia Tamaulipas, es otro activista que acusó al Ejército de no actuar para prevenir los 14 asesinatos. En entrevista para la La-Lista, el abogado asevera que la falta de coordinación entre autoridades puede ser otra explicación sobre por qué los grupos delincuenciales pueden operar libremente en el estado y las autoridades federales no pueden detenerlos.

“Al existir conflictos estatales con la Federación, las policías estatales están por un lado y la Marina y el Ejército por el otro, así no podemos avanzar en el tema de inseguridad en el que hemos estado sumidos por años”, señala Barrios.

Los expertos consultados ponen algunos ejemplos sobre momentos en que las instituciones de seguridad pública posiblemente omitieron realizar sus labores y el caso más grave, señalan, podría ser la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014.

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha apuntado a una posible participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido órdenes de aprehensión contra militares por este caso.

“En la desaparición de los normalistas, el Ejército no garantizó la seguridad de los estudiantes e incluso del equipo de futbol (Los Avispones) que se vio afectado”, indica el analista Rodríguez Luna. “Este caso es un reflejo de lo grave que es no tener protocolos de actuación”.