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Derechos Humanos

‘Tenía nueve años’: niños saudíes siguen en el pabellón de la muerte a pesar de decreto real

Arabia Saudita anunció que pondría fin a la pena capital para menores que delinquieron, pero los activistas temen que al menos 10 prisioneros puedan ser ejecutados.

Escena callejera en Riyadh, capital de Arabia Saudita. Foto: G Mantchorov/Pixabay.com

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Ruth Michaelson/The Guardian

Las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita arrestaron a Mohammed Al Faraj afuera de una sala de boliche cuando tenía 15 años. Al adolescente de Qatif, una provincia de mayoría chiita en el este del país, lo separaron de sus compañeros y lo trasladaron a una prisión para adultos en la ciudad de Dammam, donde fue detenido y se le negó el contacto con el exterior.

Cuando su familia finalmente pudo visitarlo en octubre de 2017, Al Faraj afirmó que lo habían golpeado y pateado, lo habían obligado a permanecer en posiciones de estrés durante horas y lo habían dejado durante días en aislamiento. Los observadores dicen que a Al Faraj lo torturaron para que confesara tres delitos relacionados con las protestas en la ajetreada provincia de Qatif: albergar a un fugitivo, asistir al funeral de un familiar en 2012 y enviar mensajes de WhatsApp que podrían afectar la seguridad pública. Los cargos conllevan la pena de muerte.

“Tenía nueve años cuando cometió el primer presunto delito de ir a un funeral en 2012”, dice Catriona Harris de Reprieve, una organización de derechos humano sin fines de lucro. “Esa es la edad más joven que hemos visto por una acusación”.

A principios de este año, Arabia Saudita anunció que detendría la pena de muerte para los menores y terminaría con la flagelación como castigo, un saludo hacia una nueva Arabia.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del país, Awwad Al-Awwad, citó un real decreto que abolía la pena de muerte para los delitos en los que el acusado había cometido la infracción siendo menor de edad. “En cambio, el individuo recibirá una sentencia de prisión de no más de 10 años en un centro de detención de menores”, dijo. “El decreto nos ayuda a establecer un código penal más moderno”, agregó, y enfatizó que “este es un día importante para Arabia Saudita”.

El CDH insistió, a finales de octubre, que se habían abolido las ejecuciones de menores y que los fiscales saudíes ya no buscan la pena de muerte para los delitos de menores. “Confiamos en que los fiscales sauditas defenderán plenamente la ley saudí”, dijo. Pero cuando Arabia Saudita sea sede de una cumbre virtual del G20 este fin de semana, el pobre historial de derechos humanos del país volverá a ser el centro de atención.

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Los activistas dicen que varios jóvenes siguen en riesgo de ejecución, a pesar de las reformas prometidas. Cuatro han sido condenados a muerte, un quinto también recibió una sentencia de muerte, pero presentó una apelación y ocho más, incluido Al-Faraj, enfrentan cargos que acarrean la pena de muerte. En agosto, HRC anunció que la fiscalía revisaría las sentencias de tres detenidos de alto perfil, Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon y Abdullah al-Zaher. En total, trece jóvenes acusados ​​de delitos juveniles siguen en situación de riesgo.

Los grupos de derechos humanos temen que cuatro condenados a muerte puedan ser ejecutados en cualquier momento y que los ocho acusados ​​de delitos juveniles aún puedan recibir condenas a muerte. Los fiscales han eludido las opciones presentadas de cambiar el riesgo de ejecución de Al Faraj y sus coacusados: una audiencia de juicio a finales de octubre cambió el castigo solicitado por los abogados, y Al Faraj no compareció ante los tribunales. Sin una nueva fecha para el juicio, él sigue en riesgo.

Los activistas dicen que existe una disparidad entre el decreto real de abril y la realidad de Al Faraj y otros. “Hay una gran brecha entre lo que dicen y la situación en el terreno”, dice Harris. “Al mismo tiempo se llevaron a cabo reformas que abolieron la flagelación como castigo. Una semana después de la publicación del real decreto, el Ministerio de Justicia emitió un reglamento de implementación y una circular judicial para orientar las reformas”.

No se tomó ninguna medida de ese tipo con respecto a las leyes de pena de muerte para menores. “Hay una desconexión allí”, dice Harris. La embajada saudita en Londres no respondió a una solicitud de comentarios.

Parte del problema, dice Harris, se deriva de los términos de una ley de 2018 sobre delitos juveniles que estipula que los menores deben recibir una pena máxima de 10 años de prisión en todos los casos en los que, de otro modo, podrían ser condenados a muerte, además de cuando la pena de muerte es obligatoria por la ley de la sharia. El decreto de abril también eximió las condenas a muerte impuestas por la sharia.

HRC ha prometido revisar el caso de Ali al-Nimr, un menor sentenciado a muerte. Foto tomada de Facebook.

Los acusados ​​de la región de Qatif, de mayoría chiíta, incluidos los condenados por delitos juveniles como Al Faraj, han recibido con frecuencia condenas a muerte impuestas por la sharia. Qatif ha visto episodios periódicos de disturbios desde 2011, protestas contra lo que los lugareños dicen que es una discriminación profundamente arraigada contra la minoría chií de Arabia Saudita. El estado responde con redadas y detenciones policiales. Las tensiones aumentaron más con las ejecuciones de destacados activistas chiítas de Qatif, en particular el jeque Nimr al-Nimr, cuya decapitación en enero de 2016 fue ampliamente condenada.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman dijo que las ejecuciones se reducirían “en gran medida”, en una entrevista de 2018 con la revista Time. Al año siguiente, las ejecuciones alcanzaron un máximo de 184, incluidos seis niños y una ejecución masiva de 37 personas, la mayoría hombres chiitas condenados por terrorismo, en  base a confesiones obtenidas mediante tortura. Amnistía Internacional acusó al reino de utilizar la pena de muerte “como arma política contra los disidentes”.

El G20 y una nueva administración en los EU pueden ejercer más presión sobre cuestiones de derechos humanos, y la embajada de Arabia Saudita en Washington DC contrató recientemente a la firma cabildera Off Hill Strategies con un contrato mensual de 25,000 dólares que dura hasta enero.

Mientras tanto, Al Faraj y al menos otros nueve siguen en riesgo de muerte. “Existe una clara brecha entre lo que dicen estas supuestas reformas y la forma en que estos casos se ven sobre el terreno, y el caso de Mohammed Al Faraj simboliza esa brecha”, dice Harris. “Tenemos que aceptar a Arabia Saudita no por su palabra, sino por sus acciones”.

The Guardian
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