No solo fue Victoria Salazar: en 2020, Quintana Roo acumuló 134 quejas por detenciones arbitrarias

El caso de abuso policial contra Victoria Salazar no es el primero en Quintana Roo. El asesinato por parte de elementos policiacos del municipio de Tulum contra la mujer de origen salvadoreño se suma a una serie de detenciones arbitrarias y abusivas registradas en la entidad.

De enero a septiembre de 2020, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo reportó 134 quejas por detención arbitraria. Casi una cada dos días.

Las visitadurías generales con mayor número de reportes son las ubicadas en los municipios de Solidaridad, con 45 quejas, y la de Benito Juárez, con 43. En este último fue donde policías municipales dispersaron con disparos la marcha feminista para exigir justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alexis.

La visitaduría general de Othón P. Blanco acumula 15 quejas; la adjunta de Bacalar, ocho, y la de Felipe Carrillo Puerto, una. Mientras que la correspondiente a José María Morelos y Pavón registra dos; la de Tulum, ocho; la de Cozumel, nueve; y las de Puerto Morelos, Lázaro e Isla Mujeres, una cada una.

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define una detención arbitraria cuando “una autoridad pública priva de la libertad a una persona sin cumplir con el debido proceso y las garantías judiciales de la persona que es detenida”. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que este acto se puede dar bajo las siguientes condiciones:

• Cuando no hay normas, reglamentos o leyes que indiquen la existencia de un delito.
• Se produce una detención por ejercer derechos y libertades.
• No se sigue el proceso de detención establecido en las leyes o no se tienen pruebas o evidencia de la comisión de un ilícito.
• Se genera un juicio que no cumple con el debido proceso establecido en las normas del marco jurídico mexicano e internacional para su realización.

La CNDH también señala que estos actos se ejercen comúnmente por autoridades de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo también se pueden cometer por policías federales, estatales o municipales.

Con cascos y escudos, policías municipales golpearon en el piso a Wendy Galarza y a su novio. La noche del 9 de noviembre de 2020, elementos de la fuerza pública dispersaron con balazos en el aire una manifestación en el Palacio Municipal de Cancún, Quintana Roo. Todo ello derivó en ocho detenciones arbitrarias: siete fueron mujeres y dos de ellas denunciaron ser víctimas de violación, según el informe realizado por Amnistía Internacional México.

En junio de 2020, policías de Quintana Roo detuvieron con violencia a cinco activistas que trataron de evitar la demolición del parque principal. Ante ello, el secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, aseguró que no mandó ejecutar ese tipo de órdenes.

“A las 19:22 horas del día de ayer ordené a todos los mandos policiales en el estado adheridos al mando único supervisaran personalmente el actuar del personal a su cargo, poniendo mayor atención de la acostumbrada para evitar excesos, errores o abusos contra la ciudadanía. Lamentablemente en el caso de Puerto Morelos no se acató esa instrucción y se actuó sin planear, evaluar y medir las consecuencias“, afirmó el funcionario local vía Twitter.

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Por su parte, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 reportó que el periodista Jorge Ugalde fue víctima de amenazas, golpes e intimidaciones por parte de policías municipales y de tránsito de Cancún. La última agresión se reportó el 16 de septiembre de 2020 a las 00:30 de la madrugada durante un retén. Los elementos detuvieron al comunicador por no contar con la tarjeta de circulación, aunque tenía los documentos que acreditaban una cita para su reposición.

Esto se suma a más siete agresiones que ha documentado Artículo 19 desde el 2019 en contra de periodistas, incluida la detención y tortura de Raúl Fernández, director de Descontento Ciudadano Qr. La organización ha exhortado a la policía estatal y del municipio a conducirse bajo los estándares de protección a derechos humanos y libertad de expresión.

“La culpa es el del policía, pero la responsabilidad es el Estado”

Los casos de Giovanni López, quien fue asesinado tras ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, así como el asesinato de Yair López por elementos policiacos en Tijuana, revelan fallas en la actuación policiaca. “¿Los policías de México están matando a personas en detención? ¿Qué es lo que les enseña el Estado mexicano respecto a sus obligaciones y la forma de cumplir la garantía de los derechos humanos de los detenidos?”, cuestiona Daniel Gómez-Tagle, especialista en fuerza pública y derechos humanos.

En entrevista para La-Lista sugiere impulsar una reforma integral a la policía, ya que el mayor problema que detectó fue que a los adscritos se les imparte un modelo de formación estadounidense con fundamentos bélicos.

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“En tanto México siga copiando el modelo americano vamos tener estos casos, lo que tenemos que hacer es una reforma policial que incluya una armonización del marco jurídico nacional de las leyes que abarcan la función y actuación policial”, agrega.

También, dice, habría que diseñar mecanismos de revisión externa para esta institución. Sobre todo para el mando único que se creó en Quintana Roo, un modelo que centraliza la ejecución y responsabilidades de la fuerza pública sobre la policía estatal.

“Evaluar si está funcionando (el mando único) o alguno de los eslabones más débiles que son los mandos locales o si es algo de gobierno. No hay mecanismos para hacer esa evaluación y tenemos que hacerlo desde la prensa o las redes”.

En mayo de 2019, nueve de los 11 municipios de ese estado firmaron el pacto que unifica la coordinación de las fuerzas públicas, sin embargo, las regiones de Solidaridad y Othón P. Blanco no participaron. Por ello, Gómez-Tagle llama a revisar la funcionalidad de este modelo por la abstención de dos municipios.

“La culpa es de la policía, pero la responsabilidad es el Estado”, enfatiza el especialista.