Un grupo de expertos enviado a Bolivia concluyó que existieron hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019.
Grupo de expertos enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron el informe durante una conferencia de prensa, hoy en La Paz (Bolivia). Foto: Martín Alipaz/ EFE
EFE.- El grupo de expertos enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en este país hubo “graves violaciones a los derechos humanos” durante la crisis social y política en el último trimestre de 2019, posterior a los fallidos comicios generales de ese año.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) difundió este martes el “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” en una rueda de prensa en La Paz a la que también asistieron algunas personas identificadas como “víctimas” de la crisis.
Previamente el informe fue entregado al presidente de Bolivia, Luis Arce, en un acto organizado por el gobierno.
El GIEI estuvo conformado por los argentinos Juan Méndez y Patricia Tappatá, el británico Julian Burger, la colombiana Magdalena Correa y el brasileño Marlon Weicher y su secretario ejecutivo fue el chileno Jaime Vidal.
“Hemos detectado y narrado graves violaciones a los derechos humanos para las cuales esperamos que se haga justicia y que no queden en la impunidad. También que hubo actos de violencia entre bolivianos que constituyen delitos”, sostuvo Méndez.
En estos casos, el grupo señaló “responsabilidades éticas y políticas de quienes debieron en su momento ejercer liderazgos responsables que podían haber limitado la espiral de violencia que azotó a Bolivia”, agregó.
El argentino reiteró que el mandato del grupo “no se extendió a la cuestión de si hubo fraude en la elección del 20 de octubre de 2019, ni tampoco a si los acontecimientos que culminaron en el cambio de gobierno entre el 10 y el 12 de noviembre de ese año constituyeron un golpe de Estado”.
Tampoco investigó las recientes denuncias del gobierno boliviano sobre las supuestas “exportaciones de material represivo” en el contexto de la crisis porque aquello se conoció cuando el informe del grupo ya estaba concluido y no se encuadra en su mandato, explicó.
EL GIEI ha “llamado a las cosas por su nombre, actos de violencia inaceptables en una sociedad democrática y violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales, violencia y abusos que tuvieron en muchos casos dimensiones raciales y de género”, denunció Méndez.
Aunque indicó que no se han señalado “responsabilidades penales de ningún individuo” porque eso corresponde a la justicia boliviana.
El análisis señala “el rumbo que Bolivia debe seguir” para resarcir los daños sufridos por las víctimas y la adopción “en amplios consensos democráticos de políticas públicas para la no repetición de estos crímenes”, afirmó.
Según Méndez, el derecho internacional exige que Bolivia “encare el juzgamiento” de los responsables de estas violaciones a los derechos humanos y aplique sanciones que correspondan respetando el debido proceso y el juicio justo y añadió que se espera que estas tareas se efectúen “sin revanchismos y exentas de consideraciones políticas”.
Entre las principales conclusiones, el documento del GIEI reconoce que dentro del conflicto político de 2019, al menos unas 37 personas fallecieron en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones físicas y psicológicas.
También considera que la Policía y las Fuerzas Armadas, “de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado” y que hubo “particulares que promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados”.
El reporte remarca la necesidad de que las víctimas “obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas”, así como la importancia de “reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político”.
“No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”, indica el documento.
El GIEI consideró “fundamental” avanzar en las investigaciones y procesos que se siguen en el país por esos sucesos, aunque también advirtió sobre “serias deficiencias” del Estado boliviano para garantizar la “independencia y autonomía” del órgano Judicial y el Ministerio Público.
El grupo abogó por construir un “campo de diálogo democrático” para superar las diferencias e hizo una serie de recomendaciones que el gobierno de Arce se comprometió a cumplir.
Bolivia se mantiene enfrascada en una polémica entre el oficialismo, que asegura que Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado, y sus detractores, que sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor del exmandatario en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.
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