Denuncias por pornografía infantil, acoso y pederastia rompen récords en la pandemia
Los delitos cibernéticos contra menores de edad aumentaron en el 2020. Foto: Envato

Rezago educativo, afectaciones en su salud mental, violencia familiar, malnutrición, matrimonios forzados. La-Lista de posibles afectaciones que la pandemia del Covid-19 ha dejado en los niños, niñas y adolescentes es muy larga y no se limita a lo que este sector de la población ha vivido en su entorno físico, sino también en el digital.

Un informe de la Guardia Nacional obtenido por este medio a través de una solicitud de información muestra que las denuncias ciudadanas por el delito en internet de pederastia crecieron 1,933% en el 2020 respecto al 2019. En el mismo periodo de tiempo los reportes de pornografía infantil aumentaron 272% y los de acoso contra menores de edad en internet, 7%.

El documento elaborado por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional destaca que el año pasado, el primero de la pandemia, los delitos cibernéticos contra menores de edad alcanzaron máximos históricos que no se habían visto desde el 2013, cuando la extinta Policía Federal comenzó a registrar denuncias ciudadanas por crímenes cometidos en la web.

En el caso de la pederastia, las denuncias ciudadanas pasaron de 15 en 2019 a 305 en 2020. En cuanto a la pornografía infantil, hace dos años se registraron 121 casos y en 2020 fueron 451. El acoso contra menores de edad en internet es el crimen que menos creció en la pandemia, al pasar de 215 casos en 2019 a 232 el año pasado.

Eileen Matus Caballeros, doctora en Derecho y especialista en derechos humanos, atribuye el incremento de estos delitos a un mayor uso de la tecnología durante el confinamiento por la emergencia sanitaria. Las actividades educativas, laborales y recreativas pasaron al ámbito digital y los crímenes no fueron la excepción.

“Todos los delitos cibernéticos aumentaron, aunque estos son de los más preocupantes porque tienen que ver con menores de edad”, señala en entrevista la experta. “Si todos están en casa y todos están conectados, todos empezamos a hacer en línea lo que ya no podíamos hacer en persona, incluido la comisión de delitos“.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) ya había alertado sobre este problema en su Balance Anual 2020, donde señaló que hasta mediados del 2020 ya se registraba un aumento preocupante en las denuncias ciudadanas por pornografía infantil que la Guardia Nacional había recibido.

“La infancia y adolescencia se volvieron un blanco vulnerable ante la desprotección del Estado que les abandonó durante la pandemia”, criticó la Redim en su informe anual no solo por el crecimiento de la pornografía infantil, sino porque también hubo un aumento en las carpetas de investigación por homicidios, desapariciones y maltrato de niños, niñas y adolescentes.

Matus Caballeros, también directora de la Maestría en Derecho de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, añade que para el caso de la pornografía infantil hay dos maneras en que esta se produce: “Puede haber una célula dedicada a la pornografía que tenga acceso a los menores y los pueda filmar directamente o puede haber casos en que, por medio del engaño, los agresores le piden a los menores grabarse haciéndose algo”.

El Código Penal Federal establece una pena de siete a 12 años de prisión por la pornografía infantil. Este crimen es realizado por quien induzca a un menor de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal y que esto sea captado por una cámara para después distribuir los materiales. Las personas que almacenan y consumen este tipo de materiales también cometen este delito y la pena es la misma.

La pederastia también está tipificada en el Código Penal Federal. El castigo por este crimen es de nueve a 18 años de prisión y la pena se agrava si se comete con violencia. Este delito es cometido por quien aproveche una posición de superioridad frente a un menor de edad para convencerlo o ejecutar actos sexuales, con y sin su consentimiento.

En cuanto al acoso de menores, ese es un delito tipificado por cada estado de la República. El caso de la Ciudad de México, el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes se condena con dos a siete años de prisión y este ilícito lo comete quien trate de abusar de un menor amenazándolo con afectar la actividad que los vincula.

Acciones para combatirlos

Las denuncias ciudadanas recibidas por la Guardia Nacional respecto a pornografía infantil, pederastia y acoso contra menores se registraron prácticamente en todo el país. La Ciudad de México y el Estado de México encabezaron esa lista.

Los reportes ciudadanos que recaba la Guardia Nacional no son lo mismo que una denuncia interpuesta ante el ministerio público. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es la institución que cada mes informa sobre el número de carpetas de investigación en el país, aunque no incluye los tres crímenes que se abordan en este trabajo.

Matus Caballeros, la especialista del Tec de Monterrey, delinea varias acciones que las autoridades deben llevar a cabo para atender estos crímenes, empezando por la coordinación entre autoridades estatales y federales. El caso de la pornografía infantil es el más claro, ya que este es un delito del fuero federal.

“A mí siempre me ha quedado la duda, no solo en este tema, de la coordinación entre autoridades federales y estatales, sobre todo porque se pierde en qué momento acaba el trabajo de una autoridad para que entre la otra”, cuestiona la experta. “Como algo que les da pánico a las instituciones públicas es la invasión de competencias, muchas veces levantan las manos y prefieren no hacer nada para no exceder sus facultades”.

Más allá de la coordinación entre autoridades, en opinión de la experta no todo debe quedar en manos de las instituciones de gobierno, sino también de las empresas privadas que son propietarias de los equipos que las personas utilizan para cometer los delitos cibernéticos y de las mismas familias de los menores.

“En la cuestión de educación es bien importante que se le explique a los menores que existe ese riesgo (de que sean víctimas), aunque muchas veces existe el tabú de hablar de eso”, concluye la especialista. “La coordinación que debe haber entre el sector público, privado y social es altísima”.

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