‘Te vamos a matar si sigues buscando’: Amenazan a familiares de desaparecidos en Guanajuato

Escondida entre los pastizales de un terreno ubicado en el suroeste del estado de Guanajuato, Patricia Barrón, integrante del colectivo Una Luz en mi Camino, temía ser asesinada. Hombres armados que se transportaban en una camioneta la persiguieron desde el municipio de Romita, donde estaba buscando fosas clandestinas, hasta una zona de vegetación ubicada a las afueras de la localidad de Cuerámaro, cerca de la frontera del estado con Jalisco y Michoacán.

Patricia conducía una camioneta gris, antigua, la que utiliza su colectivo para trasladarse, cuando sus agresores la alcanzaron y le cerraron el paso. De inmediato ella y otra mujer que la acompañaba se bajaron del vehículo y corrieron hasta perderse en el pastizal. Solo escuchaban el estruendo de las armas y esperaban tener tiempo de pedir ayuda a las autoridades estatales y federales que ese día no las acompañaron en su búsqueda de campo.

“Ahí estuvimos entre los maizales alrededor de tres horas, hasta las 11 de la noche”, recuerda Patricia de lo ocurrido el pasado mes de julio. También critica que Yolanda Ramírez, fiscal especial en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada; Héctor Ezquerra, comisionado Estatal de Búsqueda, y el 911 no atendieron sus llamadas desde que intentó reportar que habían encontrado un cuerpo en una fosa clandestina de Romita y tampoco cuando se dio el ataque.

Otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas recibieron el mensaje de auxilio de Patricia y se pusieron en contacto con la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, institución que movilizó a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FESPE) para localizarla a ella y su compañera ya casi a la medianoche. “Ese día de verdad pensé que ahí íbamos a quedar, pensé que nos iban a matar”, expresa la buscadora en entrevista para La-Lista.

Amenazas y agresiones de este tipo se han vuelto cada vez más comunes para familiares de víctimas de desaparición de Guanajuato, quienes, solos o acompañados de autoridades, salen a buscar a sus seres queridos a zonas que muchas veces están controladas por grupos de la delincuencia organizada.

La violencia contra los colectivos ha crecido tanto que, el pasado 15 de julio, cuatro oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta conjunta al gobierno de Guanajuato, encabezado por el panista Diego Sinhue Rodríguez, para pedirle que tome las medidas necesarias para proteger a Patricia y su compañera Angélica Zamudio, del grupo Mariposas Destellando, además de garantizar acceso a la justicia por los casos de Javier Barajas Piña y Rosario Zavala Aguilar, ambos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas y asesinados este año.

Sin embargo, del 15 de julio a la fecha el hostigamiento y las amenazas contra los familiares de víctimas continúa y por el asesinato de Javier Barajas solo hay dos detenidos sin que se les haya dictado una sentencia.

Esto ha provocado que cada vez sean menos los familiares de víctimas que se atreven a buscar a sus seres queridos en fosas clandestinas, un hecho que puede retrasar aún más su acceso a la justicia porque, aunque Guanajuato cuenta con una Comisión Estatal de Búsqueda, esta no puede darse abasto para encontrar a las 2,573 personas que se encuentran desaparecidas, según datos del gobierno federal que también refiere que esta clase de casos ha aumentado 65% desde el 2018.

“Anteriormente, entre todos los colectivos, a una búsqueda íbamos más de 20 personas, ahorita ya vamos alrededor de cinco, seis o máximo 10”, comparte Patricia. “De todas las amenazas que hemos tenido ha disminuido el hecho de que las familias quieran salir por el temor de que nos puedan hacer algo”.

Patricia Barrón busca a su hijo, Kevin Damián, y a su pareja, Juan Rodríguez, secuestrados por un comando armado el 1 de junio del 2019 en el municipio de Irapuato. Desde que empezó sus actividades de búsqueda e investigación, ella ha sido amedrentada y alerta que esto ha empeorado: “Las amenazas se han incrementado bastante, Guanajuato es un estado fallido lleno de impunidad, no tenemos seguridad ni personal ni familiar”.

El temor de salir a buscar a un ser querido

Las amenazas a los buscadores y buscadoras pueden llegar en forma personal o presencial. “Nos mandan mensajes muy hirientes en el Facebook, me dicen que ya no busque a mi hijo porque voy a perder esta lucha y que me van a matar”, relata Patricia. “De manera presencial vemos camionetas armadas afuera de nuestros domicilios y nos salimos de la casa, también una persona en una motocicleta me dijo verbalmente: ‘te vamos a matar si sigues buscando'”.

Efigenia Mendoza, otra buscadora de Guanajuato, coincide en que la participación de familiares de víctimas en la búsqueda de sus seres queridos ha disminuido, aunque también añade que esto se podría estar dando porque la gente está buscando en nuevas maneras de realizar esta misma actividad sin poner en riesgo su vida.

“Yo creo que eso (la disminución de personas que salen a buscar a sus familiares) es una falla institucional porque no se han coordinado los tres niveles de gobierno para diseñar un mecanismo para proteger a las mamás buscadoras”, asevera Efigenia. “El día que las autoridades hagan eso, las madres se van a sentir más arropadas y se van a sentir más con la libertad de salir a buscar”.

En busca de protección, Patricia realizó su trámite para ser incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal. Pero, cuenta, aunque las autoridades le han dicho que ya está inscrita, aún no le han proporcionado algún documento que acredite esto ni tampoco le han dado alguna herramienta o instrucción que pueda utilizar para momentos en los que su vida corra riesgo, como el ataque de julio.

Efigenia busca a su hermano Manuel, secuestrado en su propia casa el 8 de enero de 2018 en Irapuato y también fue amenazada de muerte por hombres armados dos días después de la desaparición de su hermano. Las labores que realiza Efigenia las hace en conjunto con su colectivo Hasta Encontrarte, pero asegura que los grupos del crimen organizado que operan en Guanajuato han logrado infundir terror entre los integrantes de esta agrupación.

El temor se agudizó desde 2020, cuando la activista Rosario Zavala fue asesinada a balazos y este año un hecho similar ocurrió con la matanza de Javier Barajas. Aunado a esto, Efigenia asegura que existe otro caso menos mediático de un joven que recientemente fue asesinado, luego de encontrar a su hermana desaparecida en una fosa clandestina.

Pero no solo los ataques directos atemorizan a los colectivos, sino también el ambiente de violencia generalizada que se vive en el estado. Este se vio reflejado, por ejemplo, con el uso de una bomba para atacar el restaurante Barra 1604 en el municipio de Salamanca.

“Ha habido un incremento de las amenazas y también en la revictimización en Guanajuato”, lamenta Efigenia, quien cuestiona que las autoridades y la sociedad misma culpa a los familiares de víctimas de las amenazas que reciben al decirles que ellos se lo buscan por estar en fosas clandestinas.

Con todo y los riesgos que corren, Efigenia confía en que el movimiento de la búsqueda por los desaparecidos no concluirá. Si bien hay personas que han dejado de salir a investigar qué pasó con sus seres queridos, la entrevistada piensa que esto será temporal y las familias encontrarán nuevas formas de realizar este trabajo con menos riesgos.

“Yo ya decidí que la vida de mi hermano vale la pena, si a mí me un día me tocara ser víctima de homicidio, mi hermano lo vale”, sostiene.