Las fiscalías están rebasadas: cada funcionario debe atender hasta 232 casos de desaparición

En la Ciudad de México, Zacatecas, Jalisco, Guerrero y Veracruz. En fosas clandestinas, servicios forenses, cárceles, psiquiátricos y hospitales. Noemí Martínez Martagón ha recorrido todos los lugares posibles para encontrar a su hijo, Luis Alberto Calleja Martínez, desaparecido el 18 de septiembre del 2010 en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

En unos días se cumplirán 11 años del momento en el que Luis Alberto salió de una discoteca y fue detenido junto con otras dos personas por elementos de la Policía Intermunicipal y de la extinta Policía Federal; sin embargo, de su captura no obra ningún registro, su familia no fue notificada y nunca más se supo de él.

Noemí reconstruye lo que le sucedió a su hijo según los resultados de su propia investigación: “Luis Alberto salió con su esposa y familiares de ella a divertirse a una discoteca. Esa noche lo abordaron policías intermunicipales que estaban coludidos con el crimen organizado, primero una patrulla les cerró el paso, lo esposaron y lo subieron a una camioneta que pertenecía a policías federales activos”.

La madre de la víctima tuvo miedo de denunciar los hechos en la antigua Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Su lógica le decía que si los policías locales habían secuestrado a su hijo, esa dependencia también podría estar infiltrada por grupos criminales o, en el menor de los casos, no le prestarían atención a su denuncia.

Por ese motivo, fue a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, aunque acudir a la capital del país no ha sido garantía de justicia para ella. La investigación confirmó que cuatro policías federales participaron en el crimen, pero solo uno fue condenado por secuestro a 39 años de prisión y otro que también estaba sentenciado fue liberado en 2018 por orden de un magistrado.

“Realmente las autoridades no hacen su trabajo, con los secuestradores que se llevaron a mi hijo fuimos nosotros los padres los que dimos con ellos, nosotros se los pusimos a las autoridades para que los detuvieran”, critica Noemí.

Para atender el problema de las personas desaparecidas, las autoridades estatales han creado fiscalías especializadas en este delito. En su mayoría comenzaron a establecerse a partir del 2017, luego de la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. 

No obstante, según documentos obtenidos por La-Lista a través de solicitudes de información (que pueden ser consultados aquí), así como un cotejo en los directorios de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las fiscalías especializadas han sido rebasadas por el poco personal que tienen y los miles de casos que deben investigar.

En 24 entidades federativas hay 768 servidores públicos trabajando en las fiscalías especializadas en desaparición. En esos mismos estados, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay 59,918 hombres y mujeres en esa condición.

Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala no informaron en las solicitudes de información sobre el personal que tienen sus fiscalías especializadas con el argumento de que podrían poner en riesgo su operación. En sus directorios en la PNT tampoco tienen datos de este tema.

Hay entidades con una mayor carga de trabajo. Chihuahua es el estado que más se enfrenta a ese problema, pues su fiscalía especializada tiene 10 trabajadores y en esa entidad hay 2,325 víctimas de desaparición. Esto quiere decir que, en promedio, cada empleado debería investigar 232 casos para hacer justicia.

Sonora le sigue a Chihuahua con la sobrecarga de trabajo. En ese estado hay 18 profesionales en la fiscalía especializada y 4,161 personas desaparecidas, lo que equivale a que en promedio cada trabajador debe indagar 231 casos.

El Estado de México y la Ciudad de México son los estados que tienen más trabajadores en sus fiscalías especializadas —104 y 94, respectivamente—, pero su carga de trabajo sigue siendo intensa. En la primera entidad cada empleado debería investigar 76 casos y en la segunda 30 para garantizar el acceso a la justicia.

‘Instituciones nuevas en estructuras viejas’

Un indicador de la baja efectividad de las fiscalías especializadas son las sentencias condenatorias por el delito de desaparición. Algunas de las fiscalías estatales que respondieron a las solicitudes de información reportaron que han logrado 33 sentencias condenatorias contra los presuntos responsables de este crimen, una cifra que no representa ni el 1% de las 82,319 personas desaparecidas que la Comisión Nacional de Búsqueda tenía registradas hasta este 24 de agosto.

Las entidades donde se obtuvieron las sentencias son Coahuila con 11; Jalisco con ocho; Colima con cinco; Sonora, Estado de México, Chihuahua y Campeche con dos, y Michoacán con una.

La baja efectividad de las fiscalías especializadas en personas desaparecidas se debe a que son “instituciones nuevas en estructuras viejas”, considera Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, integrado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y las universidades de Oxford y Minnesota.

“Son instituciones que nacen para dar respuesta especializada a un problema que cada vez se hace más grave, pero se insertan en estructuras que ya llevan muchísimos años y con esos muchos años vienen un montón de vicios  e inercias”, dice el experto.

Las fiscalías especializadas están dentro de las estructuras de las fiscalías estatales. El año pasado el observatorio publicó un informe con el análisis de las dependencias de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. El documento refiere que en estos estados laboran funcionarios que niegan que las desapariciones sean comunes, hay servidores públicos que antes se dedicaban a investigar otros delitos, no hay una capacitación en materia de desaparición para los funcionarios, no hay autonomía en las fiscalías, no hay mecanismos de control externo y se revictimiza a las personas que llegan en busca de ayuda o a los mismos afectados, de quienes se piensa que se fueron “por su voluntad”.

Para Martos, la clave para que las fiscalías especializadas mejoren su operación no solo tiene que ver con que tengan más recursos humanos y económicos, sino que estos sean utilizados de manera inteligente: “No es sumar recursos por sumar recursos, sino que haya una gestión administrativa para priorizar casos y que se investiguen con una lógica de complejidad, con un análisis de contexto, que las carpetas de investigación no se trabajen como casos únicos porque muchas podrían estar relacionadas”. 

Familias, clave para la investigación de personas desaparecidas

En la creación de las fiscalías especializadas de personas desaparecidas fue crucial la participación de los familiares de víctimas. En un primer momento ellos impulsaron la ley general y después estuvieron vigilantes para que las autoridades estatales crearan estas dependencias.

De igual forma, ante la falta de capacidad de estas instituciones, los familiares de víctimas participan activamente en las labores de búsqueda de sus seres queridos, pero esto también ha traído como consecuencia lo que Martos llama la “inversión de las responsabilidades”, una dinámica en la que el ministerio público dispone de la sociedad civil para realizar sus investigaciones.

“Esta dinámica puede ser muy nociva porque toda la carga y responsabilidad de la investigación termina recayendo en las familias”, señala el coordinador del observatorio. “Es muy común que los fiscales o los ministerios públicos les exijan a las familias más información para que avance la carpeta, cuando lo que debería suceder es al revés”.

Noemí Martínez, madre de Luis Alberto, desaparecido en Poza Rica, ha visto de cerca las carencias de las fiscalías especializadas. Ella se unió al colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y ahí ha presenciado cómo padres y madres batallan con sus carpetas de investigación. Para ella la experiencia tampoco ha sido positiva, ya que si bien su caso lo inició en la SEIDO, que estaba adscrita a la extinta Procuraduría General de la República (PGR), le han cambiado el ministerio público cinco veces y eso ha retrasado la investigación.

“La investigación de la fiscalía de Veracruz en los casos de mis compañeros es muy lenta. La única que tiene personas detenidas en el colectivo soy yo y somos como 200 personas”, relata Noemí.

Ella, como muchas mujeres y hombres, sale a buscar a su hijo por lo menos una vez al mes en distintas partes del país. Otro problema derivado de la incapacidad de las fiscalías son los riesgos que los familiares de personas desaparecidas corren al realizar labores de investigación o trabajar en fosas clandestinas, muchas veces ubicadas en zonas controladas por el crimen organizado.

Noemí los conoce, pero aún así sigue en busca de Luis Alberto, quien ya tenía una hija y dos hijos al momento de su desaparición. Los pequeños quedaron huérfanos y al cuidado de su madre y sus abuelos, todos ellos de escasos recursos.

“Yo busco a mi hijo en todas partes, vivo o muerto, como sea, pero yo prometí regresárselo a mis nietos”, insiste Noemí.