Descoordinación de fiscalías, causa de la impunidad en desapariciones entre entidades

09:05 horas. “Duda, ¿vas a hacerle algo al niño el 30 (de abril)?”.

12:12 horas. “Siempre que veo estos chinos me acuerdo de ti jajaja”.

22:47 horas. “¿Estás bien? Estoy preocupada”.

La respuesta de José Rigoberto Mata Díaz nunca llegó. El pasado 23 de abril este joven de 28 años salió a la carretera Monterrey-Nuevo Laredo por su trabajo como conductor en la plataforma DiDi. Alrededor del mediodía ya no recibía los mensajes de WhatsApp que su esposa le enviaba y más de dos meses después sigue desaparecido.

Rigoberto, habitante de Monterrey, procuraba no estar cerca de Nuevo Laredo después de las 18:00 horas. La violencia en Tamaulipas lo tenía en alerta, aunque por la necesidad económica de su familia debía hacer dos o cuatro viajes por semana a ese estado.

Aquel 23 de abril Rigoberto salió de su casa muy temprano para recoger a sus clientes en Nuevo Laredo a las 07:00 horas. En un inicio Verónica pensó que su esposo no le respondía el WhatsApp porque estaba ocupado o porque había ido a visitar a su mamá, pero pasaban las horas y ni la familia de él ni sus amigos lo habían visto.

El 24 de abril Verónica cayó en cuenta de la desaparición de Rigoberto y desde ese entonces ha pedido la intervención de las fiscalías de Nuevo León y Tamaulipas, sin que alguna de esta institución le haya ayudado. “La atención ha sido pésima, no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni de ayuda, prácticamente se echan la bolita unos a otros”, critica Verónica.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entre febrero y julio de este año en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo han desaparecido 71 personas, la mayoría hombres dedicados al transporte de carga o al servicio de taxi. La titular de la CNB, Karla Quintana, aseveró hace tres semanas que las fiscalías de Nuevo León y Tamaulipas ya trabajan juntas para atender esta problemática, pero los familiares de las víctimas advierten que aún no hay avances en las investigaciones.

“En Monterrey nos dicen que debemos ir a Nuevo Laredo porque la desaparición se hizo allá, luego en Nuevo Laredo nos dicen que debe ser en Monterrey porque ahí es donde residimos”, cuestiona Verónica. “Le hemos dicho de muchas formas a las autoridades que no nos han dado respuesta y solo nos repiten que no hay novedad”.

La falta de coordinación entre autoridades neoleonesas y tamaulipecas ha derivado en un ambiente de impunidad, un fenómeno que se ha replicado en otras regiones del país donde, en estados que están uno al lado del otro, se concentra la mayor cantidad de desapariciones en determinado momento y las fiscalías estatales no se coordinan para investigar el hecho.

Por ejemplo, a finales de abril de este año integrantes de la Red Desaparecidos en Colima explicaron a La-Lista que, a través de sábanas de llamadas y testimonios de delincuentes detenidos, se ha detectado un patrón en el que personas desaparecen en la ciudad de Colima, Cuauhtémoc, Comala y Villa de Álvarez, y su último rastro lleva al municipio de Tonila, Jalisco.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la CNB, en esos cinco municipios se ha perdido el rastro de más de 470 personas. A pesar de eso, la Red Desaparecidos ha tenido complicaciones para que Jacqueline Trujillo, fiscal especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, organice búsquedas en esa región y coordine las investigaciones con la Fiscalía General del Estado de Colima.

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Otras regiones con desapariciones

Desde 2006, los casos de desaparición han ido en incremento en México. A partir de esa fecha, ese delito se ha concentrado por temporadas en distintas regiones del país. Guanajuato, Jalisco y Michoacán, estados colindantes que en estos momentos atraviesan una crisis de seguridad por el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, terminaron 2020 con la mayor parte de carpetas de investigación por este crimen en todo el país (2,981 en conjunto).

En una conferencia de prensa del 29 de enero del 2021, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que Guanajuato y Jalisco eran las entidades con más conflictos debido a la lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Una situación parecida se dio en la franja que comprende a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas entre el 2007 y 2011, periodo en el que se colaron a La-Lista de los 10 estados con más averiguaciones previas por desaparición de personas. En el 2011 esas tres entidades federativas llegaron a acumular en conjunto 2,426 reportes por este delito, equivalente al 51% de todas las denuncias en el país por ese delito.

Otros ejemplos son Tamaulipas y Veracruz, en 2014 esas dos entidades concentraron el 28% de las investigaciones en el país. Sinaloa y Sonora son otros estados que han compartido el problema de las desapariciones casi al mismo ritmo, entre 2015 y 2019, siendo el 2017 su peor año conjunto al sumar 1,228 investigaciones.

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Para especialistas en derechos humanos esta tendencia a que las denuncias por desaparición no sean aisladas, sino que se concentren en dos o más estados cercanos al mismo tiempo, tiene que ver con la forma de operar de los grupos del crimen organizado, mientras las fiscalías estatales no se unen para trabajar en conjunto.

“Este fenómeno de las desapariciones en corredores que atraviesan diversas entidades es muy común”, señala Humberto Guerrero, coordinador del área de Derechos Humanos de la organización Fundar. “Muchas desapariciones que ocurren en el país están asociadas a la actividades de redes del crimen organizado, y por lo general, este tipo de grupos no actúan en una sola entidad, trabajan en rutas y una desaparición trasciende a una entidad federativa“.

El experto de Fundar pone de ejemplo que en los inicios de la década pasada, cuando Los Zetas cobraron fuerza, el corredor de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila registró miles de desapariciones de personas. El especialista también ha detectado fenómenos similares en Guerrero y Michoacán, así como en la Ciudad y el Estado de México.

Humberto Guerrero critica que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que entró en vigor del año pasado, estableció las bases para la coordinación entre dependencias de dos estados cuando sea necesario, pero esto no se ha cumplido.

“En las fiscalías lo que ocurre es que se aducen una serie de argumentos para no detonar las búsquedas inmediatas, por ejemplo, le preguntan a la gente donde fue la última vez que vio a su familiar y los mandan a las fiscalías de otro estado”, lamenta. “Hay resistencia a coordinarse entre fiscalías, esta idea (de trabajar en conjunto) todavía es muy incipiente”.

En México la impunidad es generalizada para los casos de desaparición de personas. El subsecretario Alejandro Encinas y la titular de la CNB, Karla Quintana, han reconocido que en nuestro país solo hay 35 sentencias contra los responsables de este delito.

Necesaria, coordinación en desapariciones

El pasado mes de junio los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Durango se reunieron con autoridades federales para poner en marcha un Plan Regional de Búsqueda Noreste. Se trata de un proyecto que había sido planteado desde 2019 por los mandatarios y que busca garantizar el acceso a la justicia, así como prevenir este delito que tuvo sus peores años en esta región entre el 2007 y 2012.

Otro esfuerzo de colaboración de las autoridades federales y del norte del país ha sido la construcción del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, destinado a descubrir la identidad de personas que están en los servicios médicos forenses de esa entidad Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Este espacio fue inaugurado el año pasado.

Con todo y estos intentos, los expertos consultados para este trabajo consideran que las investigaciones conjuntas entre estados aún son muy incipientes, pero si se llegaran a fortalecer, ayudarían a reducir la cifra de más de 81,000 desaparecidos en México.

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Martín Villalobos, integrante del Consejo Consultivo de la CNB, considera que esto sería posible porque varias personas que fueron secuestradas en un estado terminan en otra entidad.

“En la Red de Eslabones por los Derechos Humanos tuvimos el caso de los hermanos de una compañera que desaparecieron en Guerrero y sus cuerpos fueron hallados en Tamaulipas. Desapariciones registradas en el Estado de México, hemos encontrado a las personas en Morelos. También víctimas de Zacatecas han terminado en Nuevo León”, dice Villalobos.

Las palabras del consejero de la CNB se han materializado en varios sucesos en días recientes. En Zacatecas, una familia proveniente de Aguascalientes fue asesinada hace un par de semanas. En ese mismo estado, que se ha convertido el más violento del país en cuanto a homicidios dolosos, dos policías de San Luis Potosí que estaban reportados como desaparecidos fueron colgados de un puente hace casi un mes.

Otro hecho relacionado es que los colectivos de familiares de víctimas se mueven en caravanas por varios estados, con la esperanza de encontrar a su ser querido en cualquier parte del país. Esto lo hacen buscando fosas clandestinas o, en el mejor de los casos, en hospitales, servicios médicos forenses y prisiones.

Ante este panorama, señala Villalobos, urge que las autoridades municipales, estatales y federales sumen esfuerzos para atender el crimen que ha dejado miles de familias destrozadas. “Si se lograra esa coordinación, si se hacen investigaciones con base en cómo se mueve la delincuencia organizada en ciertas regiones, se abatiría muchísimo el tema de los desaparecidos”, concluye el consejero.