Los límites entre Colima y Jalisco, una frontera de desapariciones

Rosario Sánchez, Lucía Trillo y Liliana Martínez salieron juntas del municipio de Tonila, Jalisco, rumbo a Quesería, una pequeña colonia ubicada en la entrada de la localidad de Cuauhtémoc en el estado de Colima. Fue el pasado 23 de abril. Ambos lugares están conectados por dos vías: una carretera de doble sentido que se extiende entre decenas de árboles y casas a medio construir y un camino oculto entre la vegetación, más estrecho e ideal para quienes quieren realizar su trayecto a pie.

El rastro de Rosario, Lucía y Liliana, jóvenes de entre 21 y 35 años, se perdió en esa ruta. Se desconoce el punto exacto. Sus familiares las reportaron como desaparecidas en redes sociales y, hasta el momento, las autoridades no han dado alguna pista de su paradero.

Su desaparición no es un hecho inusitado. Familiares de víctimas de Colima han alertado desde hace dos años sobre una tendencia al alza en las desapariciones y han encontrado una coincidencia: en muchos casos, la última señal se encuentra en Tonila, el municipio que está en los límites entre Jalisco y Colima.

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María del Carmen Sepúlveda Gómez, directora de la Red Desaparecidos en Colima, explica que el último rastro de personas desaparecidas de los municipios de Villa de Álvarez, Colima, Comala, Cuauhtémoc y la colonia Quesería los lleva a Tonila. Lo saben por las sábanas de llamadas conseguidas y los testimonios de delincuentes.

Ella sufrió la desaparición de su hijo, Carlos Donaldo Campos Sepúlveda. El 20 de agosto del 2018, salió de su casa para ir a recoger unos lentes y jamás volvió. La investigación por la desaparición de Carlos empezó casi al instante y unos meses después la Fiscalía de Colima encontró a una mujer presuntamente implicada en el crimen, quien detalló que el joven, de 23 años, fue secuestrado en el municipio de Villa de Álvarez, lo trasladaron a Copala para torturarlo y después sus captores lo llevaron a Tonila.

A partir de ahí no hubo más rastros de Carlos. Gracias a la declaración de la mujer, que ahora es testigo protegido de la fiscalía estatal, se logró la captura y sentencia de uno de los victimarios del joven, aunque él no ha aparecido.

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María del Carmen ha conocido más casos como el de su hijo por la Red Desaparecidos en Colima, un colectivo de 30 familias de víctimas que a través de redes sociales recibe por lo menos un reporte de desaparición al día. Los familiares han identificado que son cinco los municipios que concentran las desapariciones, tres de ellos forman parte de las 228 localidades donde la Comisión Nacional de Búsqueda ha intensificado sus labores: Tonila, Cuauhtémoc y Colima capital.

Anna Karolina Chimiack, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), sabe que lo límites de suelo jalisciense y colimense son un riesgo. “Ha sido una zona de altos índices de violencia y, a su vez, ha sido un territorio señalado por parte de familiares de personas desaparecidas tanto de los lugares de posibles de desapariciones de personas o donde pudieran presentarse fosas clandestinas”. David Saucedo, analista y consultor en temas de seguridad pública, suma un elemento a la ecuación: en la región opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Impunidad y desconocimiento del problema

Para especialistas en temas de seguridad, no es extraño que la frontera de Colima y Jalisco tenga un alto nivel de riesgo. En el caso de la primera entidad, actualmente tiene una tasa de 19.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, la tercera más alta en el país durante el primer trimestre de este año. Mientras que el segundo estado ha sido señalado por el gobierno federal por ser uno de los primeros cinco con más fosas clandestinas.

“Lo que nosotros podemos comprender un poco de esto es que muchas de las atrocidades, de los asesinatos, se realizan en Colima y simplemente se llevan los cadáveres a Jalisco, además de que la cantidad de investigaciones la verdad es muy baja”, dice Pilar Déziga Velázquez, investigadora de Causa en Común.

La experta opina que la impunidad es clave en el aumento en las desapariciones. También Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, ha puesto el dedo sobre la llaga: a pesar de que en México hay casi 80,000 personas desaparecidas, solamente se tienen 35 sentencias condenatorias por este delito.

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La-Lista buscó a la fiscalía del estado para tener una explicación sobre las desapariciones registradas en su territorio y en el estado vecino, sin embargo, hasta ahora no se obtuvo una respuesta. Esa es la misma fiscalía a la que muchos familiares de personas desaparecidas señalan por su inacción.

El hermano de Eva Verduzco, David, desapareció en 2017, relató que al menos en tres ocasiones el colectivo Red Desaparecidos en Colima ha buscado a Blanca Jacqueline Trujillo, fiscal especial en Personas Desaparecidas en Jalisco, para que intervenga en la frontera entre los estados. Hasta ahora no tienen respuesta. Además acusaron que los ministerios públicos de Jalisco rechazan abrir carpetas de investigación cuando las víctimas son de otra entidad federativa.

Para los especialistas, el diagnóstico de la región es grave. Consideran necesario lograr una mayor cooperación entre las fiscalías de Colima y Jalisco, porque las desapariciones en su frontera son un tema que les compete a ambos estados. “Todo se trata de tener la voluntad porque existen mecanismos formales para hacer investigaciones conjuntas, sobre todo en estados fronterizos”, menciona Déziga.