El Covid-19 afectó al sistema de justicia en la mitad del país

La pandemia de Covid-19 no solo ha dejado millones de contagios y miles de muertes en México, también provocó afectaciones al sistema de justicia penal en la mitad del país, limitó la libertad de expresión de periodistas y la libre manifestación de ideas. Así lo revela el Índice de Estado de Derecho 2020-2021, elaborado por el World Justice Project (WJP).

A raíz de la emergencia sanitaria de coronavirus, la justicia penal tuvo un retroceso importante en por lo menos 16 estados del país porque los juzgados suspendieron sus actividades presenciales y no ofrecieron una alternativa para atender a las víctimas del delito.

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Las entidades que se encontraron en esta situación son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

De estos estados, seis son gobernados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN); seis del Partido Revolucionario Institucional (PRI); dos de Morena; uno del Partido de la Revolución Democrática, y uno del Partido Encuentro Social (PES).

Durante el 2020, en las 16 entidades no se garantizaron investigaciones eficaces por parte del Ministerio Público y la policía, el proceso de justicia no fue expedito, no se protegieron los derechos de las víctimas y no se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia. Además no hubo un sistema de justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, y las cárceles no garantizaron la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad.

El WJP identificó estas problemáticas a través de más de 28,000 encuestas a la población en general y especialistas en distintas áreas, con el objetivo de evaluar el nivel de la impartición de justicia en los estados. Al concluir el análisis de todas estas respuestas, la organización infirió que el Covid-19 pudo ser un factor que detonó las fallas en el sistema de justicia penal de los estados.

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“Los datos sugieren que los sistemas de justicia penal se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias de Justicia Abierta y Digital que facilitaran el acceso a la ciudadanía por medios remotos y colaborativos”, señaló la organización. “De hecho, la mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un largo periodo de tiempo, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias”.

Además, la organización hizo énfasis en que el principal reto para las autoridades de los estados es la investigación criminal de los policías y los ministerios públicos. “El país sigue enfrentando retos en el área de investigación penal. Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue aquel que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del ministerio público”.

Libertad de expresión, en retroceso

El sistema de justicia no fue el único que sufrió los estragos de la pandemia, también los periodistas y las personas que participan en movilizaciones se vieron restringidos por la emergencia sanitaria del Covid-19 en 16 estados.

El Índice de Estado de Derecho reveló las afectaciones hacia la prensa y la sociedad civil para realizar su trabajo, sin embargo, esto no impidió que siguieran siendo los contrapesos más efectivos de los gobiernos estatales.

“A pesar de esta disminución, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal por tercer año consecutivo, por encima del poder legislativo, el poder judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos”, concluyó el WJP.

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Otras organizaciones sociales también han documentado los límites a los que se enfrentaron los medios de comunicación y los manifestantes en 2020. Amnistía Internacional, por ejemplo, analizó cinco protestas realizadas por mujeres el año pasado y en todos los eventos los policías se comportaron con un lenguaje violento y sexualizado, las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física y sexual.

Mientras otras organizaciones nacionales e internacionales, autoras del informe Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por covid-19, reportaron el asesinato de siete periodistas que no habrían podido acceder a mecanismos de defensa por el aislamiento social y el cierre de instituciones de gobierno.