Estado mexicano reconoce parte de responsabilidad en el caso de Digna Ochoa

Durante la segunda audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la muerte de la activista Digna Ochoa, el Estado mexicano reconoció una responsabilidad parcial en el caso, pero rechazó que se le atribuya la violación al derecho a la vida de la abogada.

El día de ayer, los jueces de la CIDH cuestionaron en una primera audiencia la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), hace casi 20 años, que sostenía que la muerte de la activista correspondía a un suicidio.

En el cierre de la audiencia del caso, la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Michel Salas, dijo que la investigación de las autoridades mexicanas “no fue realizada de forma seria, imparcial y científica” y que los resultados fueron “determinados a partir de prejuicios y estereotipos de género”.

Lee: La CIDH revisa el caso de Digna Ochoa; buscan reabrirlo a 20 años de su muerte

Según la abogada, los resultados también respondieron a “decisiones políticas que llevaron a manipular los dictámenes periciales y arribar a la conclusión del no ejercicio de la acción penal“, por lo que “la investigación de la Fiscalía no goza de la menor credibilidad”.

Salas pidió a la CIDH que ordene a México la reapertura de la investigación, “ya que la larga espera por la justicia hace indispensable la superación de la impunidad existente“.

Por su parte, Marco Moreno, representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), manifestó que en los próximos días el Estado propondrá a la familia de Ochoa y sus representantes un “convenio de reparación integral” para la reapertura de la investigación.

“El convenio establece como primera acción del Estado un acto público de reconocimiento y otras medidas de satisfacción y rehabilitación y que tiene como componente prioritario la reapertura de la investigación con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos con aportaciones de la familia a través de un plan de investigación eficaz y diligente“, expresó Moreno.

El agente estatal Alejandro Celorio reconoció que en este caso existe una “ausencia de verdad y justicia” y que se generó una imagen negativa de Ochoa tras su muerte”.

Sin embargo, defendió que el Estado sí brindó medidas de protección a Ochoa antes de su muerte y que el proceso se llevó a cabo con seriedad al crearse una fiscalía especial, aunque aceptó que hubo “falencias” en la investigación, principalmente en la primera etapa.

Por su lado, Marisol Blanchard, representante de la CIDH, destacó la posición estatal, pero pidió al tribunal que emita una sentencia integral.

Te recomendamos: Secuestran a dos defensores de derechos humanos en Chiapas

Con el final de esta audiencia de dos días, que se llevó a cabo de manera virtual, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.

Con información de Efe.