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Derechos Humanos

La CIDH revisa el caso de Digna Ochoa; buscan reabrirlo a 20 años de su muerte

Este lunes iniciaron las audiencias sobre una demanda contra el Estado mexicano sobre la muerte de la abogada Digna Ochoa.

Fotografía sin fecha de la activista mexicana Digna Ochoa, quien dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos de los indígenas, muerta el 19 de octubre del 2001. EFE/CDHDF/Archivo

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Este lunes comenzaron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una demanda contra el Estado mexicano por presuntas irregularidades en la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001.

Ochoa fue una abogada defensora de los derechos humanos en México, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien “trabajó en casos en los que funcionarios públicos, entre ellos miembros de la Procuraduría General y de las fuerzas armadas, estaban involucrados en graves violaciones de derechos humanos“, de acuerdo con la CNDH.

Desde 2001, su familia rechazó la determinación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Bernardo Bátiz, hoy miembro del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la causa del fallecimiento.

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Cerrado hace 10 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó su reapertura.

Esmeralda Arosemena, representante de la CIDH, dijo en la audiencia que “a casi 10 años de la investigación y después de diversos recursos interpuestos, la investigación fiscal concluyó en el no ejercicio de la acción penal, considerando que no existían elementos para investigar lo ocurrido como un homicidio“.

La representante de la CIDH manifestó que el Estado mexicano “incurrió en responsabilidad al no haber cumplido debida diligencia ni investigar los hechos en un plazo razonable” y que además hubo “falencias graves al sostener la versión de un suicidio y no de un homicidio”.

Arosemena detalló que en este caso también hubo “falta de resguardo de elementos en la escena” y una “incompleta descripción de los hechos“.

La representante de la CIDH agregó que Ochoa recibió múltiples amenazas y que incluso fue secuestrada en dos ocasiones, por lo que existen suficientes indicios para investigar el caso como un homicidio como represalia a su labor como defensora de derechos humanos.

En la audiencia también participó Jesús Ochoa, hermano de Digna Ochoa, quien relató que ella recibía amenazas desde 1995, que fue secuestrada dos veces y no hubo investigaciones profundas sobre esos hechos.

Acerca de la muerte de su hermana, Jesús Ochoa se mostró convencido de que se trató de un homicidio y que el hecho de que las autoridades lo calificaran como un suicidio causó “enojo” pero a la vez motivación para continuar luchando por esclarecer la situación.

“Para nosotros ella no se suicidó, la mataron de manera ruin y cobarde”, expresó.

Jesús Ochoa agregó que otra situación que dañó a la familia fueron filtraciones de la investigación que “enlodaron la imagen y el profesionalismo” de Digna Ochoa, que tenían que ver con asuntos como la vida privada de la mujer, su sexualidad, el entorno familiar y el ejercicio de su profesión de abogada.

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“Queremos que se reabra el caso, que se castiguen a los responsables intelectuales y materiales, y que se castigue a quienes inventaron la hipótesis de un suicidio“, declaró el hermano de la activista.

En la audiencia también participó José Antonio Pérez, agente del Ministerio Público del caso entre agosto 2002 marzo 2004.

Pérez comentó que debido a la relevancia del caso se creó una fiscalía especial que trabajó en varias líneas de investigación que se relacionaba con militares, el entorno laboral y personal de Ochoa, que finalmente fueron descartadas.

Según la investigación, el caso se trató de un suicidio, en el que, según explicó Pérez, Ochoa primero disparó al sillón a manera de prueba, luego en la pierna y finalmente en la cabeza.

Pérez también comentó que las manos de Ochoa estaban cubiertas con guantes de látex que imposibilitaron la detección de rastros de la detonación del arma.

Por su parte, la perita Erika Guevara, hizo un análisis sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México y afirmó que este país sufre “un grave deterioro de los derechos humanos” desde mediados de la década de 1990.

México es uno de los países más letales para los defensoras de derechos humanos, es el cuarto lugar a nivel mundial en 2020“, dijo Guevara, quien detalló que en los dos últimos años fueron asesinados 45 defensores.

La audiencia por este caso, que se lleva a cabo de manera virtual, concluirá el martes con los alegatos finales de las partes.

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Con información de Efe.

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