Los cárteles en México buscan afianzar su poder ante la mayor elección en la historia del país

Los enfrentamientos violentos entre grupos criminales mexicanos rivales, y sus presuntos aliados en las fuerzas de seguridad, se intensifica antes de las elecciones intermedias de junio, detonando una serie de asesinatos políticos y el desplazamiento forzado de miles de personas.

Las fuerzas de seguridad estatales y federales se han coludido activamente con las facciones beligerantes e incluso han luchado junto a ellas, de acuerdo con civiles locales, activistas de la sociedad civil y sicarios de varias facciones.

Y además de participar en tiroteos campales, las facciones criminales también se enfrentan entre sí en el campo electoral.

“Todos los grupos [criminales] buscan avances en este momento”, dijo un consultor político de Michoacán con conocimiento de primera mano de cómo se negocian los acuerdos entre el crimen organizado y los candidatos políticos.

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Con más de 21,000 puestos en el gobierno local, estatal y nacional para las elecciones, incluidas 15 gubernaturas estatales, las elecciones del 6 de junio son las más grandes en la historia de México, y los grupos criminales ven la jornada electoral como una oportunidad para promover sus intereses.

Gran parte de los enfrentamientos recientes se han centrado en el estado occidental de Michoacán, donde el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha intensificado su conflicto con una alianza de grupos locales que se autodenominan Cárteles Unidos.

La violencia ha obligado a más de mil personas a huir del área, alimentando el flujo de migrantes que se dirigen a EU en busca de asilo, engrosando las cifras de llegadas a la frontera que la administración Biden lucha por gestionar.

Según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, los ciudadanos mexicanos representaron el 42% de todas las detenciones en la frontera sur de EU en marzo, frente al 13% durante el pico de llegadas de mayo pasado.

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“Se van porque quedan atrapados en el fuego cruzado, porque sus casas han sido destruidas, [y] porque las principales vías de acceso [al área] han sido bloqueadas para detener el avance de los Jaliscos”, dijo Gregorio López, un sacerdote católico que ha dado albergue a los refugiados en la cercana ciudad de Apatzingán.

En medio del tumulto, dijo, los medios de subsistencia locales se han vuelto insostenibles: “Los bienes básicos ya no llegan, no hay más alimentos frescos y todo se ha vuelto muy caro, la gasolina ahora cuesta tres veces más que antes”.

Los lugareños dicen que algunas personas se vieron obligadas a participar en una campaña de “limpieza” contra quienes sospechaban que tenían vínculos con Cárteles Unidos. Otros simplemente han huido.

El cartel de Jalisco, la red criminal de más rápido crecimiento en México, considera a Michoacán, rica en rutas de tráfico internacional y mercados de extorsión, un pilar clave en su apuesta por la hegemonía criminal nacional. Una fuente del cartel dijo que ganar el control de Michoacán era una “obsesión” del líder del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, quien nació en el estado.

Pero su intento de una década de apoderarse de la región se ha visto frustrado hasta ahora por las profundas raíces políticas y sociales de los oponentes locales. Sin que ninguno de los dos lados pueda imponer su voluntad al otro, o esté dispuesto a dar marcha atrás, se han registrado aquí más de 15,500 homicidios entre enero de 2011 y febrero de este año.

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La guerra va de la mano de la lucha por el poder político. Desde que la temporada de campaña comenzó el 7 de septiembre del año pasado, 69 políticos, incluidos 22 candidatos, han sido asesinados en todo el país.

Un mayor control territorial permite a los grupos criminales mover bloques de votos, dándoles una ventaja para negociar acuerdos con los funcionarios actuales y futuros.

“Si hay una regla que todos conocen, es que solo pueden crecer quienes tienen la protección del Estado”, dijo el consultor político. Esto se puede lograr mediante el financiamiento de campañas ilícitas, que luego pueden brindar beneficios como poder acceder a las finanzas estatales e influir en las acciones de las instituciones de seguridad del estado.

Un operador de alto rango de una facción local que actualmente no está alineada en el conflicto dijo que los intentos de su grupo de enfrentarse a los Cárteles Unidos habían fracasado debido a las poderosas conexiones políticas del grupo.

“Tienen al gobierno estatal de su lado”, dijo. “Y cuando intentamos atacar, envían helicópteros y lanzan operativos”.

Él esperaba que su propio grupo pudiera equilibrar las cosas canalizando votos desde su área de control hacia un candidato de alto nivel. “La idea es que el próximo gobierno nos permita hacer nuestro trabajo … que habrá una alineación [con las fuerzas federales y estatales]”, afirmó

Gran parte de los recientes enfrentamientos se han desatado alrededor del estratégico municipio rural de Aguililla, no lejos de la frontera con Jalisco, el estado de origen del cartel de Jalisco. La violencia ha producido una crisis humanitaria: en los últimos días más de un centenar de familias han huido de Aguililla.

Se desconoce el número total de personas desplazadas por los enfrentamientos: no existe un registro oficial, y las personas que han sido desplazadas recientemente no se reflejan en el recuento nacional de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de al menos 346,945 personas desplazadas, un cifra que la ONG aún debe actualizar para 2020 y 2021.

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Mientras tanto, las autoridades estatales y federales han hecho poco para proteger a la población civil.

Salvador Maldonado, antropólogo especializado en la situación de seguridad en Michoacán, dijo que esto refleja un cálculo político de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en 2018 ofreciendo “abrazos no balas”.

“Quiere evitar los altos costos políticos que han sufrido los gobiernos pasados ​​luego de declarar la guerra al crimen organizado, para poder lograr otras prioridades como reformas estructurales”, sobre todo en el sector energético, dijo Maldonado.

“La visión del presidente del crimen organizado se centra en [ayudar] a los jóvenes sin trabajo, pero ignora por completo la enorme corrupción institucional y la captura del Estado a nivel local”.

Operadores criminales de varias facciones rivales, civiles locales y activistas coinciden en que el problema de la complicidad estatal va más allá de la simple inercia.

Los soldados y la policía, dicen, han establecido alianzas con aquellos a quienes se supone que deben combatir.

“La verdad es”, dijo una fuente local, “que el ejército y la guardia nacional están aliados con [Cárteles Unidos]… están trabajando juntos, hacen operativos juntos, algunos líderes criminales incluso están [integrados] con el ejército, monta en sus helicópteros y portan sus uniformes”.

Los grupos criminales opuestos colaboran con diferentes facciones del estado en diferentes áreas geográficas, nivelando ventajas y perpetuando la violencia mortal.

“Hay muchos pactos [entre el estado y el crimen]”, dijo un ejecutivo financiero que brinda servicios al cartel de Jalisco, “pero solo a nivel local y regional. No hay un gran pacto”. Esto, agregó, también ayuda a explicar los frecuentes ataques a las fuerzas de seguridad por parte de grupos armados que buscan interrumpir los arreglos de otras facciones.

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Los comandantes de las fuerzas armadas de México han negado repetidamente todas las acusaciones de corrupción, diciendo que “no se toleran desviaciones de ningún tipo”. López Obrador ha calificado a las fuerzas de seguridad de “incorruptibles”.

El CJNG tiene un largo historial de ataques a las fuerzas estatales. Una emboscada en octubre de 2019 en El Aguaje, otro pueblo de Aguililla, dejó 13 policías estatales muertos. Este mes de abril movilizó a civiles para enfrentar a los soldados en Aguililla, lo que provocó la retirada temporal de las fuerzas federales de la zona, dijeron las fuentes.

Posteriormente, López Obrador dijo a los periodistas que el ejército había “actuado muy bien [en Aguililla]… porque no se prestó a un enfrentamiento”, reiterando su postura de que “el fuego no se apaga con fuego”.

Los lugareños dicen que las fuerzas del cartel de Jalisco llegaron a la capital municipal, también llamada Aguililla, el 31 de marzo. Desde entonces, sus hombres han estado “yendo de puerta en puerta”.

“Están haciendo que la gente elija bando… para que la gente los proteja, les avise cuando [los agentes enemigos] entren” al área, ofreciendo pequeños beneficios materiales como paquetes de comida a cambio.

Aquellos que no cumplen son expulsados ​​de la ciudad o asesinados.

“No queremos apoyar a ninguno de esos grupos”, dijo una mujer de la localidad, “pero es posible que no tengamos otra opción”.