Elecciones 2021 / El plan federal de protección a candidatos, sin novedad ni garantías

Ivonne Gallegos viajaba en su camioneta cuando un comando armado la interceptó en una carretera de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Era la candidata del PAN para contender por la presidencia municipal. Aquella mañana del sábado 20 de marzo fue asesinada a balazos. Le ocurrió lo mismo a su esposo, José Luis Méndez Lara, quien fue acribillado en 2015 en la misma cabecera municipal. 

Dos semanas antes del asesinato de Gallegos, el 4 de marzo, en el norte del país sucedió un evento similar. Yuriel Armando González Lara, candidato del PRI a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue baleado en pleno centro de la ciudad a unos pasos de la sede local de su partido. Los vecinos dijeron que solo se escucharon los estruendos de las armas.

Justo ese 4 de marzo, el gobierno de México anunció una estrategia federal para proteger a los aspirantes y candidatos a puestos políticos en el proceso electoral 2021. Según la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, el plan busca salvaguardar su seguridad a través de mesas de trabajo, medidas de protección a candidatos amenazados y reforzamiento de la estrategia de seguridad en estados y municipios de alto riesgo.

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Del 4 de marzo al 9 de abril, la secretaría atendió 103 casos de agresión y amenazas contra 117 candidatos, de los cuales 71 son hombres y 46 mujeres. Es el equivalente a recibir tres denuncias al día en poco más de un mes. De los 103 casos de ataques, 60 carpetas de investigación siguen abiertas. 

Hasta ahora, 41 candidatos reciben protección de los gobiernos estatales y federal. Veintidós cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades. 

De las 103 agresiones registradas, 10 casos son clasificadas como graves por tratarse de desaparición u homicidio. En 35 casos se les han dado botones de pánico, escoltas, teléfonos de contacto o policías hacen rondines afuera de sus casas. Mientras que en 58 casos se alerta sobre posible violencia.

Según la SSPC, la mayoría de los ataques han ocurrido contra candidatos a alcaldías, pero no son los únicos. De las 103 agresiones, 11 fueron a candidatos a gobernador y ocho a diputados federales. Las otras 45 ocurrieron a aspirantes a presidencias municipales, 11 a diputados locales y 28 a otros cargos. 

La estrategia debe ser regional, no nacional

La estrategia implementada por el gobierno de México no tiene nada novedoso, no se enfoca en la investigación, no hay castigo a los responsables ni ofrece atención por zonas, coinciden especialistas.

“A la estrategia federal me parece que todavía hace falta acompañarla de una mejor investigación de los casos por parte de las fiscalías, hace falta más coordinación de las fiscalías de los estados”, dice Rubén Salazar, director de la consultora de análisis de riesgos Etellekt.

Para Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político de la consultora de asuntos públicos Integralia, el área de oportunidad está en el entendimiento del problema. Considera que el gobierno federal debe realizar un estudio para entender qué causa la violencia política, ubicar las zonas de conflicto y diseñar estrategias de seguridad por regiones, porque existen distintas condiciones en cada región del país.

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“No son los mismos factores en Oaxaca, que en Veracruz, que en Chihuahua. No se puede hablar de una estrategia de seguridad nacional para ofrecer protección a todos los candidatos, debería ser una estrategia focalizada para cada localidad”, explica. 

El Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo son los estados donde más ha impactado la violencia contra los candidatos. Esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esos seis estados concentran casi la mitad de los ataques contra aspirantes a un cargo público.

En poco más de un mes, en el Estado de México hubo nueve agresiones contra candidatos, al igual que en Veracruz. Mientras que en Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí se registraron ocho ataques en cada uno. En la lista sigue Quintana Roo, donde ocurrieron siete.

En la protección a candidatos no solo es clave la atención por regiones, también el tiempo en que se implementa. Cuanto antes, mejor. Salazar recomienda brindar protección a los políticos desde que son precandidatos, actualmente se ofrece seguridad únicamente a candidatos con registro.

“Cuando más matan a políticos es cuando todavía no tienen registro como candidatos, lo hacen porque en primera saben que no pueden pedir seguridad, en segunda porque la reacción de la autoridad es mucho más tibia cuando es un aspirante a cuando es un candidato registrado. Cuando es un candidato registrado, las fiscalías se preocupan un poco más y anuncian que van a investigar y hasta detenidos hay. Los aspirantes terminan siendo como cualquier homicidio común y corriente”, explica. 

Otra acción que influiría en disminuir las agresiones cae en cancha del presidente Andrés Manuel López Obrador: no debe atacar a los candidatos, dice el director de Etellekt. “Eso debería estar prohibido, porque la ley electoral lo que dispone es que no se puede hacer propaganda electoral sobre logros, pero sí se hace propaganda sobre los procesos que se han judicializado en contra de políticos y candidatos opositores. Eso no abona a un clima de confianza”. 

Bajan homicidios, aumentan ataques

Las agresiones comenzaron en septiembre, cuando arrancó el proceso electoral. Desde ese mes hasta abril, la firma Etellekt registró 317 agresiones contra políticos, de esos 68 fueron asesinados: 21 eran aspirantes o candidatos a un cargo público. Incluso hubo 12 candidatos que abandonaron la contienda tras recibir amenazas.

Comparado con las cifras del periodo electoral de 2018, Etellekt ha registrado una baja en los homicidios, pero un aumento en las agresiones y amenazas. “Hay un descenso en el número de homicidios, 68 políticos asesinados en este proceso electoral. Hace tres años en el mismo periodo ya habían asesinado a 84 políticos, hay un descenso del 20%. Lo mismo con aspirantes, hace tres años eran 28 los aspirantes que ya habían matado contra los 21 que tenemos ahora, pero en donde sí aumentó es en las amenazas. Hay un aumento del 35%”, detalla Salazar.

Considera que este aumento corresponde a que los agresores buscan generar terror psicológico en las víctimas, en sus familiares y colaboradores, además de que es un delito difícil de perseguir. “No deja rastro, no deja huella, es un delito muy difícil de perseguir, sobre todo porque los mensajes los envían la mayor parte por redes sociales”.

Existe un alto grado de impunidad en los delitos contra candidatos, sobre todo porque las fiscalías no se enfocan en investigar. Desde la mirada de los expertos, las fiscalías deben ser realmente autónomas y preocuparse por investigar quiénes son los culpables, además de castigar a los agresores. De no hacer esto, se manda un mensaje de impunidad a los criminales, con el cual creen que no cuesta nada matar o amenazar a un candidato.

¿Quiénes están detrás de los ataques?

El 7 de abril, la fiscalía de Guanajuato detuvo al director de tránsito del municipio de Juventino Rosas, Juan Carlos Jiménez Badillo. Esto por estar presuntamente relacionado con el homicidio del diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta. El panista estaba a punto de pedir licencia para pasar a ser candidato al ayuntamiento de Juventino Rosas, el cual es gobernado por el perredista Serafín Prieto Álvarez.

Desde el inicio del proceso electoral en septiembre, al menos 18 políticos han sido secuestrados. Solo uno sigue sin aparecer: el precandidato del PRI a la presidencia de Mezquitic, Jalisco, Álvaro Madera, quien desapareció el 4 de febrero. Por este hecho, la fiscalía del estado detuvo a cinco policías municipales de Mezquitic, entre ellos, el director. Según las investigaciones, el precandidato fue asesinado, pero ninguno de los involucrados ha querido decir dónde abandonaron el cuerpo. El jefe de la corporación es el panista César Rolando de la Torre.

“Sería importante aclarar estos crímenes, porque la mayoría son opositores al gobierno en turno”, considera el director de Etellekt.

Otro factor que influye es la inconformidad que se genera dentro de un partido por la designación de candidatos. Eso también es un disparador de violencia. “Muchos militantes quedaron inconformes por las alianzas. Algunos partidos que pensaban que les tocaba tener esas candidaturas, quedaron inconformes, porque se las tuvieron que dar a los partidos aliados, como parte de esos acuerdos. En muchos de estos atentados y amenazas hubo como antecedentes estos procesos de inconformidad en la designación de candidaturas”. 

Aunque para Etellekt el factor político está detrás de los ataques a los candidatos, Integralia considera que en su mayoría es un tema relacionado con el crimen organizado.

“En la mayoría de los casos sí parece haber una intención directa del crimen organizado por colocar a funcionarios afines a sus intereses y sobretodo en los gobiernos municipales”, dice Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político de Integralia. Explica que hay tres motivos principales por los que el crimen organizado busque imponer candidatos: contar con información privilegiada sobre operativos y estrategias de seguridad, tener la protección de la policía municipal y acceder a los recursos del municipio, ya sea a través de una malversación de fondos o de contratos de obras.

Otro pico de violencia

Hay estados en los que todavía no inician las campañas electorales para diputados locales y ayuntamientos, como es el caso de Sonora, Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, Nayarit, Puebla, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. Por lo que el número de víctimas podría aumentar. 

La consultora Etellekt tiene un estimado de que al concluir el proceso electoral habrá entre 20 a 40 aspirantes o candidatos asesinados. “Si rebasamos esta cifra, sí sería un fracaso esta estrategia para brindar seguridad a los candidatos”, adelanta Salazar. 

Aunque en el caso contrario, si se reportan menos ataques, se tendrá que analizar cuáles fueron los factores. “Si fue por la estrategia del gobierno, el calendario electoral más corto, la pandemia, pero yo esperaría que no rebasemos ese umbral de los 40”.

La consultora Integralia, por su parte, tiene un pronóstico negativo: prevé que este proceso electoral cumpla el récord de ser el más violento de la historia. Incluso el equipo identifica que los ataques contra los candidatos se registran principalmente entre febrero-marzo y mayo-junio. Esto según un comparativo con el periodo electoral de 2018.

“Hay dos picos de violencia política. El primero es en febrero y marzo, cuando se oficializaron las candidaturas –señala el gerente de Riesgo Político de Integralia–. El segundo, hacia mayo y junio, o sea ya los días próximos a la jornada electoral. Son los dos periodos en que el crimen organizado puede evaluar quiénes serán los candidatos que contendrán en el proceso electoral y qué posibilidades de triunfo tienen. Consideramos que ese mismo patrón se repetirá en este proceso electoral”.