La muerte envuelve el caso Ayotzinapa en su séptimo aniversario

Las exigencias de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014 en Iguala, Guerrero, se volverán a escuchar este domingo en la Ciudad de México, donde padres y madres de las víctimas se han reunido por séptimo año consecutivo para pedir a las autoridades que aceleren la investigación por este crimen.

El caso Ayotzinapa, ha asegurado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una de sus prioridades. El titular del Ejecutivo federal ordenó crear una comisión de la verdad para este caso; impulsó el surgimiento de una unidad especial de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), e invitó de nuevo al país al grupo de expertos internacionales que desmintió la versión oficial del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) respecto a cómo ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para dar con el paradero de los normalistas y tampoco para sancionar a los responsables del delito. Hasta ahora la actual administración federal solo ha encontrado un par de restos de los alumnos Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Por otra parte, no ha obtenido ninguna sentencia condenatoria contra integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, elementos policiales o militares que supuestamente participaron en el crimen.

Este 2021 ha sido un año distinto a otros. No solo ha persistido la impunidad, sino que la muerte ha alcanzado al caso Ayotzinapa. En las últimos meses se ha confirmado el asesinato de personas que presuntamente estuvieron implicados en la desaparición y también se registró el fallecimiento de dos papás de un par de normalistas.

El 25 de julio de este año Mario Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos, murió a causa del Covid-19 en un hospital de Toluca, Estado de México. El sospechoso, también conocido como “El Sapo Guapo”, estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” luego de ser detenido en 2014.

Luego, a principios de agosto, Moisés Brito Bautista, otro integrante de Guerreros Unidos, fue asesinado en Cuernavaca, Morelos. La noticia fue confirmada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien agregó en una conferencia de prensa que otra persona cercana a “El Bandam” también había sido víctima de homicidio, aunque no dijo el nombre de quién fue.

Por último, apenas esta semana fue asesinado Juan Salgado Guzmán, miembro del grupo Guerreros Unidos, en Metepec, Estado de México. “El Indio”, como lo conocían”, perdió la vida en un enfrentamiento con agentes de la FGR que intentaban recapturarlo, luego de un juez le concedió su libertad en 2016 por irregularidades en su proceso penal.

Este viernes 24 de septiembre el subsecretario Alejandro Encinas dijo en una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación (Segob) que hasta 21 implicados en la desaparición de los 43 normalistas han sido asesinados desde el 2014 a la fecha, un hecho que podría retrasar aún más las investigaciones si es que estas personas hubieran podido aportar datos clave de la desaparición de los estudiantes.

No obstante, los abogados de los papás y las mamás de los estudiantes piden guardar reservas frente a esta cifra de 21 personas muertas hasta que la FGR o el mismo subsecretario Encinas dé más detalles de estos decesos.

“Los padres y madres insisten en que hay que precisar en cuáles de esos asesinatos la hipótesis está vinculada con el caso”, señala Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una ONG que acompaña a los familiares de los normalistas desde la tragedia. “Si no se precisa, esta cifra se puede mal usar para pretextar la falta de avances”.

Por otra parte, el subsecretario Encinas opinó el pasado 19 de agosto sobre el asesinato de los supuestos integrantes del grupo Guerreros Unidos que estos decesos no solo pudieron ocurrir para evitar que los fallecidos declararan sobre lo ocurrido en Ayotzinapa, sino que las muertes también pudieron derivar de un enfrentamientos con guardias comunitarias y grupos de la delincuencia organizada.

Se fueron sin tener justicia en caso Ayotzinapa

El gobierno del presidente López Obrador se ha alejado de la “verdad histórica” de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), una dependencia que aseguró que los 43 normalistas habían sido calcinados en el basurero de Cocula en Guerrero y posteriormente sus restos fueron arrojados al Río San Juan.

Esta versión fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por expertos internacionales, y también por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR que tiene la hipótesis de que los estudiantes posiblemente fueron asesinados y sus restos pudieron ser distribuidos en distintos municipios de Guerrero.

Uno de los lugares investigados por la unidad especial es la Barranca de la Carnicería, una zona vegetativa de Iguala en la que ya se encontraron los restos de los estudiantes Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero.

Y aunque los familiares de los 43 normalistas aceptan que la unidad especial, a cargo del fiscal Omar Gómez Trejo, ha mostrado voluntad para resolver el caso, aseguran que dentro de la FGR hay funcionarios que trabajaron en el sexenio de Peña Nieto en la PGR y obstruyen las investigaciones, además de que el Ejército no ha brindado toda la información que se la requerido sobre la participación en el crimen de los militares del 27 Batallón de Iguala.

Otro abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales, dijo el viernes en una conferencia de prensa afuera de Palacio Nacional que hay elementos para pensar que por lo menos 25 estudiantes pudieron estar en el 27 Batallón entre el 26 y 27 de septiembre, fecha en la que murieron, pero la FGR no ha investigado las pistas que apuntan a ese hecho.

Esta maraña en el caso ha impedido que los padres y madres de los estudiantes conozcan el paradero de sus hijos y que vean tras las rejas a los implicados. Esto especialmente ya no lo lograrán los señores Bernardo Campos y Saúl Bruno Rosario, ambos papás de dos normalistas desaparecidos, quienes fallecieron en los últimos dos meses.

Bernardo Campos, papá del joven José Ángel Campos Cantor, era conocido como el “Tío Venado” y alternaba su trabajo en el campo con las actividades para exigir justicia por su hijo. Perdió la vida el 3 de septiembre a causa de Covid-19, según informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que también agregó que la salud del padre del normalista se fue degradando por la angustia y depresión de no saber qué le ocurrió a su hijo.

Antes de este suceso, el 22 de agosto, también falleció Saúl Bruno Rosario, papá del joven Saúl Bruno García. Su muerte fue comunicada por los padres y las madres de los normalistas en su página de Facebook, donde expresaron: “A siete años de la tragedia, la salud de nuestros familiares se desgasta al no haber avances en las investigaciones. Saúl se nos adelantó sin haber podido volver a abrazar a su hijo, pero los que estamos aquí seguiremos exigiendo verdad y justicia”.

Previo a estos dos fallecimientos, ya antes habían perdido la vida en 2018 Minerva Bello Guerrero, mamá de Everardo Rodríguez Bello, y Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez.

“Los padres y madres de los normalistas han hecho saber al presidente López Obrador que a tres años del actual gobierno no se ha llegado todavía al resultado que esperábamos”, señala Santiago Aguirre sobre el lento avance de las investigaciones, al mismo tiempo que lamenta los fallecimientos de todos estos papás y mamás.

El director del Centro Prodh añade que son cuatro retos los que tendrán las autoridades el año siguiente en torno al caso Ayotzinapa: ejecutar 40 órdenes de aprehensión que están pendientes; formalizar nuevas acusaciones por desaparición forzada contra policías municipales que aún no rinden cuentas; continuar con las búsquedas de los alumnos, y repatriar a México a Tomás Zerón, exfuncionario de la PGR acusado de fabricar la “verdad histórica” y torturar a presuntos sospechosos del delito.