Los actos de tortura de las Fuerzas Armadas son denunciados en la Corte Penal Internacional
Miembros del Ejército Mexicano resguardan carreteras debido a la violencia desatada en las comunidades de Pantelhó y Chenalhó, el pasado 9 de julio, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: EFE/ Carlos López

Organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar los actos de tortura y tortura sexual en los que incurrieron el Ejército, la Marina y la extinta Policía federal entre el 2006 y 2018.

Las asociaciones civiles enviaron un documento de 154 páginas al fiscal de la CPI, Karim Khan, donde detallan los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Detenciones arbitrarias, golpes, incomunicación, amenazas, ahogamientos y abuso sexual son algunos de los actos que las autoridades llevan a cabo desde la detención de una persona hasta que es encerrada en prisión, acusaron las organizaciones en su informe.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), llevaron este asunto a la CPI con el argumento de que la tortura y la tortura sexual cometida por autoridades federales puede ser considerada un delito de lesa humanidad.

“En el caso de México existe una base razonable para acreditar la comisión de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en el marco de la política del Estado conocida como la guerra contra las drogas que inició en 2006”, dijo Graciela Rodríguez, directora de la CMDPDH, al dar a conocer el documento que hicieron llegar a la CPI.

La especialista señaló que la tortura en México es generalizada en los prcesos penales, pero las autoridades que incurren en estas violaciones a derechos humanos no son sancionadas. Para elaborar su informe, las asociaciones retomaron múltiples cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Poder Judicial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con datos de la CNDH, entre el 2006 y 2018 se registraron mil 118 personas víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada a manos de las Fuerzas Armadas y de la extinta Policía Federal, institución que que este sexenio fue sustituida por la Guardia Nacional.

“La forma y los métodos con los que se sometió la tortura contra la población civil dan cuenta del patrón reiterado, que no incidental, de los actos, incurriendo de forma sistemática en torturas físicas, psicológicas y de índole sexual”, señaló Rodríguez Manzo.

La directora de la CMDPDH consideró que los actos de tortura y tortura sexual cometidos por las autoridades federales son competencia del CPI, dado que en México ha habido impunidad en estos casos, y confió en que el fiscal Karim Khan dé una respuesta al informe que le enviaron para que la corte pueda hacer un análisis sobre la situación de México.

“El Estado mexicano no tiene ni la voluntad ni la capacidad de investigar o enjuiciar a los responsables de cometer crímenes internacionales en su territorio, por lo que la actuación de la fiscalía de la CPI, en torno a la situación de México, es fundamental para que las víctimas puedan tener justicia”, mencionó Rodríguez Manzo.

Además de la directora de la CMDPDH, en la presentación del informe también participaron Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, y Emilio Álvarez Icaza, senador independiente